Las comunidades que habitamos el territorio del Bajo Putumayo, en el Municipio de Puerto Asís, en las veredas ubicadas en el corredor fronterizo que conduce de Puerto Vega a Teteyé, preocupadas con la situación que a diario viven en cada una de sus casas, ante la falta de agua potable, acueducto, alcantarillado y ante la violación de nuestros derechos fundamentales y humanos, los que gravemente son vulnerados, producto de la actividad petrolera, que en cabeza del Consorcio Colombia Energy ha priorizado incrementar su producción por encima de la preservación de la biodiversidad y de los intereses de las comunidades que luchan por la paz con justicia social y ambiental.
Hoy cuestionamos el marco legal que permite, autoriza y da licencia desde las autoridades ambientales nacionales y regionales al Consorcio Colombia Energy por la no aplicación del Plan de Manejo Ambiental; pues es evidente, como recién lo manifiesto el Tribunal Superior de Mocoa, que el agua que hoy es para nuestra subsistencia y consumo hoy está contaminada por los diferentes agentes tóxicos que emanan de la actividad petrolera en las veredas, y estos están presentes todo el tiempo en aire, suelos y agua.
Por eso, hemos decidido reclamar ante las instancias jurídicas por la protección y defensa de nuestra vidas, el agua y la salud; en nuestro territorio, hay familiares enfermos de gravedad, y nos encontramos con un sistema de salud colapsado, sin solvencia económica para recurrir a los centros de atención médica, además la E.S.E Hospital de Puerto Asís y los centros hospitalarios del Departamento, carecen de planta y personal humano que atienda y realicen los exámenes especializados, y no tiene la capacidad para atender las innumerables enfermedades graves y extrañas que presentamos los habitantes del corredor Puerto Vega-Teteyé.
Con indignación, la gran mayoría de los habitantes de las veredas del corredor puerto vega- Teteyé nos preguntamos: ¿por qué nos pasa esto?; ¿por qué tanta gente muriendo por enfermedades que nunca se habían visto y que desconocemos?. Y por eso no estamos de acuerdo con lo que hacen los Gobiernos que entregan la soberanía de Colombia, en especial con el territorio del Putumayo, a empresas petroleras. Pues es incalculable el daño que le hacen al Piedemonte Amazónico, desconociendo su trayectoria cultural y su biodiversidad, sus fuente hídricas, y es más el daño que se le hace a las comunidades que están conviviendo al lado de las áreas de influencia de la explotación petrolera, pero también es incalculable el daño que le hacen a muchas de las otras comunidades que viven en la riveras de los ríos, caños, quebradas y humedales de las que se utiliza el líquido vital agua para las actividades industriales en los pozos petroleros; pero estas verdades y hechos notorios no son reconocidos por las empresas petroleras.
En este territorio hemos visto de todo. Con la llegada de la extracción petrolera desde los inicios de los años 60´s al municipio de Orito y cuando se expandieron en el Bajo Putumayo a inicio de los años 90, las comunidades hemos tenido que ir obligadas a trabajar para Empresas Multinacionales operadores de la extracción de hidrocarburos; y decimos obligadas, porque quien va querer trabajar en condiciones inhumanas de poca seguridad industrial, con el riesgo de adquirir enfermedades de por vida; sin las prestaciones sociales suficientes; condiciones de trabajo indignas que obligan a dejar el conjunto de culturas y creencias, y nuevamente siendo esclavas de salarios que muchas veces se han demorado dos años y en ocasiones nunca han llegado.
A esto se le incrementa la militarización de la vida rural, como lo mencionábamos pareciéramos condenados a que diariamente existan violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de la fuerza pública, sentimos miedo y aunque no callamos, cada vez que exigimos garantías de nuestros derechos, nos envían por parte del Gobierno Nacional y las empresas petroleras, fuerzas militares, quienes nos hacen continuos señalamientos, empadronamientos, judicializaciones, asesinatos como sucedió en el marco de nuestra protesta justa en septiembre de 2014, tuvimos que presenciar la muerte del compañero ARNOLDO MUÑOZ que falleció mientras protestábamos y reclamábamos los derechos de las comunidades, por tener que convivir con la desdicha del petróleo.
La Militarización del corredor Puerto Vega Teteye, a cargo de la sexta división del ejército a través de la Brigada #27 de Selva y la Brigada móvil #13, quienes protegen las estaciones y pozos petroleros, como las bases ubicadas en Quinde, Cohembí y Quillasinga solo han dejado a su paso, desplazamiento y despojo, se han instalado en tierras nuestras con la excusa y señalamiento que aquí vivimos narcotraficantes; intimidan a las comunidades con actos de pillajes, hurto de nuestras remesas y gallinas, con la llegada de los soldados, iniciaron La presencia de vicios a nuestras comunidades, contagiando en especial a nuestros adolescentes. Con la llegada del Consorcio Colombia Energy no sólo se vio la triste realidad del falso desarrollo, también se vio la partida de muchos de nuestros vecinos por la incrementación las ejecuciones extrajudiciales los mal llamados falso positivos, y los señalamientos constantes y desmedido por la fuerza pública conjunta con la bempresa petrolera, Finalmente, para este año 2016, siguen agudizándose aún más las causas del abandono estatal, la militarización, la aparición de grupos paramilitares, la aparición de panfletos, amenazas desapariciones y desplazamientos forzados, la violación de derechos humanos, la descomposición social, la desaparición de culturas y saberes de los pueblos ancestrales, la contaminación ambiental. Para la caída del precio del hidrocarburo, la empresa petrolera siguió incrementando su extracción, a nuestras comunidades le robaron y le implantaron unas nuevas formas de un falso desarrollo, desarrollo que permite que se mate la vida, que se mueran los sueños.
No queremos que se sigan utilizando los recursos naturales como ventaja militar, utilizados para la guerra que ya bastante sufrimiento ha causado, dejando viudas, niñas y niños sin padres y territorios contaminados y desolados, más cuando sabemos que existen empresas en el Putumayo que no son del país, vienen a nuestros territorios a contaminar y dañar lo que en sus propios países no les dejan.
Nosotros exigimos que se cambien las políticas y modelo de desarrollo miserable que vivimos, queremos unas políticas donde podamos decidir en lo ambiental, social, económico y cultural, que nuestra voz e ideas sean escuchadas y tenidas en cuenta para que juntos desde nuestros territorios podamos construir territorios de paz, un mejor país, ser constructores de la paz tan anhelada, la paz con justicia social y ambiental, por la que luchamos todos los días.
No queremos que se siga privatizando los territorios que históricamente le han pertenecido a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y que hoy por las malas decisiones del Gobierno Nacional y su Ministerio de Ambiente, con políticas, leyes y licencias impuestas a nuestros derechos, bajo los interés tributarios de otros países, tengamos que sufrir la extranjerización y apropiación por desposesión, en otras palabras el desplazamiento silencioso de nuestras tierras.
Fuente: RED DE DERECHOS HUMANOS PUTUMAYO MARCHA PATRIÓTICA.