Con la asistencia de más de 600 personas provenientes de distintas regiones del país, organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, se llevó a cabo el acto de reconocimineto de responsabilidad del Estado colombiano por 76 víctimas de los hechos conocidos como masacre de Trujillo.
Como parte del acuerdo de solución amistosa suscrito entre el Estado colombiano y la representación legal de las víctimas de Trujillo, el pasado sábado 23 de abril, el Estado colombiano realizó el acto público de reconocimiento de responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas de 76 personas, ocurridas en el contexto de los hechos conocidos como Masacre de Trujillo.
Este episodio de la violencia en Colombia denominado “La masacre de Trujillo”, está conformado por múltiples acontecimientos a lo largo de un periodo determinado, (1988-1994) en el que fueron asesinadas entre 245 y 342 personas a manos de una estructura criminal que actuaba conjuntamente y que estaba compuesta por miembros del ejército, la policía, políticos de la región y fuerzas paramilitares pertenecientes al cartel del Norte del Valle. 10 personas más fallecieron de penal moral, como consecuencia de estos hechos atroces.
En el acto de reconocimiento, sin embargo, sólo se incluyó a las víctimas sobre las cuáles existen fallos judiciales y el acuerdo deja abierta la posibilidad de reconocer nuevas víctimas como resultado de avances en los procesos penales relacionados con el caso. Las 42 nuevas víctimas reconocidas se suman a las 34 que ya lo habían sido en 1995, cuando la Comisión de Investigación sobre los Sucesos Violentos de Trujillo presentó su informe que fue recogido en su integridad por la Comisión Interamericana.
El acto se inició con el recorrido del Ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, por la Galería de la Memoria del Parque Monumento de Trujillo, guiado por la hermana Maritze Trigos, religiosa dominica acompañante de la comunidad desde hace 19 años, quien ha trabajado de manera ardua para que el caso Trujillo no quede en la impunidad ni en el olvido, liderando un proceso de memoria histórica desde las víctimas que es referente para todo el país.
Posteriormente, en el Parque Monumento, el acto central comenzó con las palabras de las víctimas organizadas en la Asociación de Víctimas de Trujillo, Afavit. En medio de su dolor que no cesa con el paso del tiempo recordaron los trágicos hechos de Trujillo y señalaron los repetidos incumplimientos de las promesas gubernamentales de reparación integral que cobije no sólo a las familias directamente afectadas sino a la comunidad y al municipio.
Las víctimas valoraron la importancia de este acto público de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón, pero no dejaron de señalar las deudas en materia de justicia, reparación y no repetición que el Estado tiene con Trujillo.
También intervinieron en el acto Gonzalo Sánchez, Director del Centro Nacional de Memoria Histórica, que publicó el primer informe oficial sobre verdad histórica de estos hechos, titulado Trujillo: Una tragedia que no cesa.
Posteriormente, el alcalde del municipio Gustavo González, quien pidió respaldo del gobierno nacional para implementar las políticas derivadas de los acuerdos con las víctimas. Una de las tareas del alcalde es la escrituración de las viviendas otorgadas a algunas de las familias víctimaspendiente desde la primera decisión de la Comisión Interamericana en 1995.
El Acuerdo de Solución Amistosa, que reconoce 42 nuevas víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, asume la obligación de profundizar la investigación penal por los hechos. Esto debido a los casi nulos avances en la justicia en el caso.
La única condena en firme es la de 30 años que cumple el narcotraficante y paramilitar Henry de Jesús Loaiza, alias “El Alacrán”, próxima a cumplirse. Hoy se encuentran en etapa de juicio los paramilitares Diego Montoya, Alias Don Diego, Rigoberto Tabares y Diego Rodríguez Vásquez, proceso en el que han obrado todo tipo de estrategias dilatorias.
El abogado de las víctimas Eduardo Carreño, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que junto con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz acompaña este caso desde sus orígenes, destacó que a pesar de estar en manos de la justicia desde 2007, no ha sido posible realizar la diligencia de indagatoria al paramilitar Diego Montoya.
En cuanto a integrantes de la fuerza pública involucrados en estos hechos, recordó que han sido condenados en primera instancia los militares Alirio Urueña Jaramillo, Mayor del Ejército perteneciente al Batallón Palacé de Buga, adscrito a la III Brigada, y el Teniente José Fernando Berrío Velásquez, comandante de la Policía de Trujillo para la época de los hechos, ambos hoy prófugos de la justicia.
Por otra parte, después de dos años de ser llamados a rendir indagatoria, sigue sin resolverse la situación jurídica de los Tenientes de la Policía Roberto Pabón Castillo y Fabio Guillermo Guzmán.
El representante de las víctimas también exigió que se acelere el proceso de exhumación en el Cementerio de Marsella, Risaralda, donde según los testimonios de los paramilitares, estarían muchas de las víctimas de desaparición forzada durante la Masacre de Trujillo. Este proceso se ha visto obstaculizado porque este cementerio entró a estar bajo jurisdicción de Justicia y Paz, donde están en lista de espera más de 6.000 exhumaciones.
A su turno, el Ministro de Justicia Yesid Reyes Alvarado, reconoció la responsabilidad y pidió perdón en nombre del Estado colombiano en los siguientes términos: “Como Estado recordamos estos hechos, no los olvidamos, los rechazamos enfáticamente y nos avergonzamos de que hayan ocurrido contra una población inocente, por lo cual les pedimos perdón a ustedes, a sus padres, a sus madres, a sus hijos e hijas, hermanos y hermanas, esposas y compañeros. Lamentamos haberlos hecho transitar el largo camino para alcanzar justicia. Sabemos que nada puede reemplazar a sus familiares o reparar el dolor que ustedes han sentido. Sin embargo, esperamos que esta declaración los resarza de alguna manera”.
Es la segunda vez que el Estado reconoce su actuación ante los crímenes cometidos por el paramilitarismo y el narcotráfico, en connivencia con agentes estatales en este municipio del Valle del Cauca. El primer acto de perdón derivado de una decisión del sistema interamericano fue en 1995, en cabeza del ex Presidente Ernesto Samper, que en esa ocasión dirigió su perdón por televisión, sin contacto alguno con la comunidad ni las víctimas de este municipio vallecaucano.
El acto culminó con el homenaje al sacerdote Tibero Fernández Mafla, a cargo del Arzobispo de Cali Darío de Jesús Monsalve. El padre Tiberio fue desaparecido y asesinado por los paramilitares entre el 16 y el 23 de abril de 1990, con lo cual este evento también fue una conmemoración de los 26 años de estos hechos. El padre Tiberio fue un lider social y espiritual de la comunidad que orientó un proceso de organización comunitaria en Trujillo roto por la ola de crímenes de estos años.
Después del acto oficial, víctimas y organizaciones asistentes se reunieron en torno a la música, la palabra y la poesía para rendir un homenaje a las víctimas de Trujillo y fortalecer lazos con las víctimas de crímenes de Estado a nivel nacional que acompañaron este importante evento.
La representación legal y las víctimas de Trujillo esperan que la Solución Amistosa acelere la actuación de la justicia, y que el Estado cumpla con los compromisos más trascendentales de este acuerdo: la reparación integral a las víctimas, que inlcuye viabilizar sus proyectos productivos a través de la Unidad de Víctimas, y la implementación de un modelo de desmonte de las estructuras paramilitares que siguen ejerciendo el control social y sembrando el terror bajo nuevas modealidades en este municipio, para que cesen definitivamente la violencia en Trujillo, y no se repita.
Fuente: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar)