Por: Prensa Corporación Jurídica Libertad.
Una noticia ha sorprendido a la opinión pública, particularmente al movimiento de víctimas de crímenes de Estado. El pasado 17 de julio la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), emitió un comunicado que ha centrado la atención en Mario Montoya Uribe, quien solicitó de manera formal su sometimiento a este Tribunal de Justicia Transicional.
La vinculación a la Jurisdicción Especial para la Paz del General retirado de las fuerzas militares Mario Montoya Uribe, no es por si solo una garantía de los derechos de las víctimas.
Su vida militar inició el 13 de enero de 1969. Desde esta fecha pasó por treinta y cinco unidades militares, dentro de las cuales ha desempeñado un total de treinta y siete cargos (conocidos legalmente), durante estos años obtuvo treinta y cinco condecoraciones, y ciento treinta y cuatro felicitaciones.
Su desempeño castrense ha estado permeado por señalamientos y escándalos que han obedecido a la comisión de crímenes que se han constituido como graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, catalogándose como conductas que se enmarcan en lo que el Estatuto de Roma ha denominado como Crímenes de Lesa Humanidad.
Actualmente, Montoya Uribe se encuentra investigado por los hechos sucedidos en la operación Orión una de las operaciones militares realizadas en la Comuna 13 de Medellín durante el año 2002. Desde la época de los hechos diferentes organizaciones de víctimas, derechos humanos y del territorio hemos denunciado reiteradamente que se entregó el control de la Comuna 13 a las estructuras paramilitares que operaban en ese sector de la ciudad y que hasta ahora mantienen el dominio sobre la misma. Orión dejó la trágica suma de 80 civiles heridos, 17 homicidios cometidos por la Fuerza Pública, 71 personas asesinadas por paramilitares, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas registradas y 370 detenciones arbitrarias.
En contra de Montoya cursa una investigación por su posible responsabilidad en casos de ejecuciones extrajudiciales. Según informe del año 2014 publicado por el Movimiento de Reconciliación (FOR) y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), entre los años 2002 y 2010, se documentaron cinco mil setecientas sesenta y tres (5.763) víctimas de ejecuciones extrajudiciales a nivel nacional. De acuerdo a este mismo informe en Antioquia se han presentado 1.440 casos de ejecuciones extrajudiciales entre el año 2002 y el año 2010, cifra que representa un 25% de las víctimas de este flagelo a nivel nacional, convirtiéndose en el territorio con mayor cifra de víctimas de ejecuciones extrajudiciales que se ha presentado. [1]
Human Rights Watch considera a Montoya como el principal promotor de la política de las ejecuciones extrajudiciales[2], y no es para menos, toda vez que durante el 1 de enero del año 2002 y el 15 de diciembre del año 2003, mientras éste se desempeñaba como comandante de la Cuarta Brigada, se ocasionó un número alarmante de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que representan el 15,04% de los 1440 casos que se produjeron en Antioquia.
Durante el 15 de diciembre del año 2003 y el 28 de abril de 2005, mientras éste ejercía el cargo de comandante de la primera división del Ejército, se causó por parte de las tropas a su mando, un índice de víctimas que se traducen en un 42,23% -es decir, casi la mitad- de todas las ejecuciones extrajudiciales cometidas en territorio Antioqueño.
Aunado a lo anterior, desde marzo del año 2006 a noviembre de 2008, su ejercicio de la comandancia del Ejército Nacional, coincidió con el aumento de las ejecuciones extrajudiciales en un ciento cuarenta y cuatro por ciento (144%) a nivel nacional.
En el referido informe publicado por FOR y la CCEEUU, se dio a conocer la versión de un oficial de alto rango entrevistado sobre diferentes órdenes emitidas por Mario Montoya Uribe:
“Mire, es que usted frenó, ya no tiene bajas, en cambio Hernán Mejía en Valledupar, me dice, ‘mi general hoy vamos a tener 10 bajas,’ resulta que a las 6 de la mañana me llama y no son 10 bajas, son 20. Así tiene que hacer usted. Usted lo que tiene que hacer es, una baja, y coge toda la patrulla y la saca con 15 días de licencia y les entrega un millón de pesos a cada soldado para que vaya franco. ¿De dónde saca la plata? Sáquenla de gastos reservados. Plata de inteligencia”
Edgar Emilio Ávila Doria[3], quien emite la orden de operaciones 073 del 5 de abril del año 2006 en la cual desdobla las orientaciones del entonces General Montoya Uribe a las tropas del Batallón Pedro Nel Ospina, ha señalado que las políticas de este último como comandante del Ejército Nacional se basaban en que “las bajas era la mejor acción integral, que éstas no eran lo más importante sino lo único que sirve como resultados y los comandantes se medían por bajas, pues estas permitían obtener beneficios”.
Montoya ha sido señalado por comandantes paramilitares de haber tenido una directa relación con ellos, llegando al punto de acordar operaciones conjuntas e incluso recibir dinero para hacerse parte dentro de los conflictos que estas estructuras tuvieron, ejemplo de ellos son los señalamientos que se han hecho en su contra por haber tomado partido en favor del Bloque Centauros en la guerra que tenía contra Martín Llanos en el Meta y Casanare[4].
El General retirado ha sido señalado de haber colaborado con bloques paramilitares como el Bloque Héroes de Tolová, Bloque Cacique Nutibara, Bloque Centauros, Bloque Metro[5], fue señalado de hacer parte de la nómina paralela de la estructura criminal conocida como “La Oficina de Envigado”[6], y estuvo involucrado en la falsa desmovilización del “Bloque Cacica Gaitana” de las FARC en el año 2006, en Alvarado Tolima[7].
Con los múltiples hechos revelados, se ha evidenciado que existen elementos de conocimiento que permiten hablar de la responsabilidad de Mario Montoya Uribe en estos Crímenes de Lesa Humanidad, contrario a lo dicho por éste y por su abogado, quienes asegurarobn que se someterá a la JEP desvirtuando su participación en estos flagelos.
Resulta preocupante que Montoya se sometiera a la Jurisdicción creada en el marco de los acuerdos de paz con las FARC-EP, solo cuando estos sufrieron graves modificaciones respecto a lo que fue pactado con la insurgencia. Estas modificaciones que han tenido lugar tanto en el Congreso de la República como en la Corte Constitucional, tuvieron el pico que genera mayor preocupación respecto a la posibilidad de impunidad para crímenes de Estado en este organismo, cuando el pasado 28 de junio el Congreso aprobara el código de procedimiento de la JEP, y en este se incluyeran alarmantes modificaciones que fueron propuestas por la senadora Paloma Valencia del partido Centro Democrático.
Las modificaciones del Centro Democrático suspenden la actuación de la JEP respecto a integrantes de la Fuerza Pública, hasta tanto no se cree una sala especial encargada de juzgar los hechos cometidos por policías y militares, mediante una reforma constitucional. Estas alteraciones junto con la forma en que está plasmada la responsabilidad de mando en el acto legislativo 01 de 2017, han generado toda suerte de dudas respecto de si mediante la aplicación de la normatividad de la JEP se estaría cumpliendo con los estándares internacionales respecto a investigación y sanción de responsables de estas graves violaciones a los Derechos Humanos y con ello se dejara abierta la puerta a la intervención de la Corte Penal Internacional – CPI.
El debate por la iniciación de la actuación formal de la CPI en Colombia es un tema que viene desde junio de 2004 cuando la Corte inicio el examen preliminar para Colombia. Colombia actualmente es investigada por la ausencia de juzgamiento de crímenes como las ejecuciones extrajudiciales, así como de otros sucedidos en el marco del conflicto armado.
La Corporación Jurídica Libertad, organización defensora de derechos humanos, manifiesta su preocupación frente a la forma en que integrantes del Ejército Nacional se han acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz, indicando que acudirán a esta a demostrar su inocencia, lo cual deja en vilo el cumplimiento del deber de aportar a la verdad para garantizar así los derechos de las víctimas y de la sociedad colombiana. Instamos a los integrantes de la fuerza pública a que en la JEP acepten las responsabilidades que corresponda y contribuyan con el esclarecimiento del conflicto que por más de 50 años ha padecido nuestra sociedad.
Resulta imposible pensar que un tribunal como la JEP, que tiene como centro los derechos de las víctimas, termine relegado a ser uno más de los mecanismos de impunidad mediante los cuales se han desconocido históricamente los derechos de las víctimas, más aún cuando se trata de víctimas de crímenes de Estado.
Cabe entonces preguntar ¿Cuál será la pretensión de Mario Montoya en la JEP, sino será la de esclarecer estos hechos victimizantes? Al parecer busca cerrar las puertas a la Corte Penal Internacional, sesgando la verdad de lo realmente ocurrido. Hoy sus víctimas le exigen que tenga un verdadero compromiso con la Paz y esclarezca lo sucedido bajo su mando, incluyendo su participación como comandante, de lo contrario no existirán garantías de no repetición y mucho menos justicia, que en mecanismos de justicia transicional no se encuentra basada en castigo sino en el aporte a la verdad.
[1] Movimiento de Reconciliación, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. “Falsos positivos” en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos, 2000-2010. 2014. Bogotá, Colombia.
[2] Human Rights Watch. El rol de los altos mandos en falsos positivos. Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles. 2015.
[3] Ávila Doria fue comandante del Batallón Pedro Nel Ospina durante el año 2006 y se le impuso media de aseguramiento por su participación en casos de ejecuciones extrajudiciales. Ver: http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/por-falsos-positivos-en-antioquia-a-juicio-de-tres-coroneles-y-un-mayor-LH3584159
[4] https://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso188135-don-mario-salpica-general-montoya
[5] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10943452
[6] https://www.semana.com/nacion/articulo/general-montoya-llamado-version-libre-operacion-orion/250813-3
[7] https://www.semana.com/nacion/articulo/fiscalia-tiene-fecha-para-escuchar-general-r-mario-montoya/245398-3
Foto: Tomada de la web.