Comunicación Ética 33
Entre el 15 y el 21 de octubre, 5 integrantes de la Comisión Ética Internacional, Mirta Acuña de Baravalle, Madre de la Plaza de Mayo – Línea Fundadora y Maria Florencia Albornoz de H.I.J.O.S. de Argentina; Nelson Agustin Aramburu Soto de la Comisión Ética contra la Tortura de Chile; Bernardino Camilo da Silva del Movimiento Sin Tierras de Brasil y Vicenta Font Gregori del Instituto Catalán Internacional para la Paz y Espai Catalunya-Comissió Ètica (España), participaron en la visita a las familias campesinas desplazadas del municipio de Argelia, Cauca, que vienen desarrollando una estrategia de reconstrucción de su memoria colectiva y de afirmación del derecho a la verdad en medio de su condición de desarraigo, de amenazas de muerte, de asesinatos, de persecución.
Las 27 familias desplazadas de Argelia son un pequeño grupo, de más de 25 familias desplazadas, las que reflejan las afecciones y secuelas profundas de la comisión de crímenes de lesa humanidad, pues sus familias antes del desplazamiento y con el desplazamiento han sido víctimas de desapariciones forzadas, asesinatos, operaciones militares y paramilitares, violencia sexual, fumigación aérea, instalaciones policiales en medio de la población civil, la ineficacia de la atención humanitaria y la necesidad de un diálogo político con las guerrillas para que sea posible su retorno, derecho que ha sido su opción y decisión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió la adopción de medidas cautelares para estas 27 familias.
Para conocer la valoración de la situación y expresar las preocupaciones recogidas a lo largo de la visita a las autoridades estatales y gubernamentales, la Comisión Ética efectuó en Popayán una reunión con el Defensor Regional del Cauca, Víctor Javier Meléndez; con la Directora Regional de Acción Social, Olga Ximena Lehmann y otros altos funcionarios regionales. La reunión prevista en la Vicepresidencia de la República no fue atendida por el asesor Tomás Concha, lo que deja en duda la disposición política para el diálogo sobre casos e iniciativas del Movice.
Asimismo a través de una contextualización por parte de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos se analizó el nuevo gobierno del presidente Juan Manuel Santos y sus políticas frente a las víctimas, como son la ley de víctimas, la ley de restitución de tierras, entre otros.
A lo largo de esta segunda visita a Argelia la Comisión Ética recogió 3 testimonios privados (4 mujeres, 2 hombres) todos relacionados con desapariciones forzadas, 7 testimonios públicos y múltiples denuncias de infracción al DIH en el poblado de El Mango; igualmente participó en 4 actos de dignificación como la limpieza de una casa ocupada por los paramilitares; la siembra de plantas como símbolo de retorno a la tierra, expresiones realizadas en Cristales Alto. Por otra parte, observaron la obra de teatro “Argelia está enfermo” y la entrega de tejidos, símbolos de la vida campesina llenos de compromisos de las victimas de seguir insistiendo en memoria, verdad, justicia y reparación integral.
La Comisión Ética da cuenta de la continuidad de múltiples crímenes cometidos ante todo por paramilitares y militares contra la población de Argelia y del avance desde noviembre del 2009 del proceso organizativo de esas 29 familias y su decisión de retornar a su municipio.
En esta visita, los abajo firmantes constatamos:
1.- El Estado Colombiano, aún es incapaz de garantizar la seguridad, la vida y la supervivencia de las familias desplazadas en condiciones dignas. Un primer paso sería el reconocimiento de la continuidad del paramilitarismo en Argelia, en medio de una presencia evidente de la fuerza pública.
2.- Las presiones de funcionarios sobre las familias desplazadas que solicitan ayuda en orden a tergiversar la responsabilidad de los hechos para acceder a la ayuda estatal –sindicar a otros, porque los paramilitares “no existen”-, lo que se convierte de suyo en una negación de la verdad y se convierte en un mecanismo que construye la impunidad.
3. Las ayudas establecidas por ley, en la práctica no siempre están llegando a quiénes la necesitan, como los verificamos al menos 9 casos de Argelia. En los listados oficiales aparecen recibiendo elevadas sumas de dinero, una personas que no ha recibido ni siquiera una canasta de alimentos, y otra que ya había fallecido en la fecha que presuntamente recibió el auxilio. Es indispensable la investigación disciplinaria y si es del caso penal de dichas irregularidades.
4.- La connivencia, el silencio con autoridades locales, militares, policías, paramilitares y narcotraficantes como se da entre otros en Argelia – acreditada incluso judicialmente en procesos que llevan adelante tribunales colombianos-, deteriora gravemente la credibilidad pública nacional e internacional en las instituciones. Esta en una razón de fondo por la cual las familias desplazadas tienen desconfianza y están con cautela ante la “protección policial” ofrecida para el retorno.
5.- Situación similar ocurre con familias de víctimas de desaparición forzosa, que por meses fueron extorsionados y se les hizo creer que sus familiares iban ser liberados permitiendo hasta visitas a campamentos paramilitares que se encuentran en diferentes sitios del municipio y sitios aledaños en medio de una zona altamente militarizada, finalmente perdieron todo el contacto con sus seres queridos. Por falta de confianza en las autoridades por su convivencia con las estructuras paramilitares, las familias nunca denunciaron esos hechos, los que no pueden ser calificados de manera diferente que como tortura psicológica.
6. – El caso de Argelia revela los límites profundos de la ley. Al valorar la disposición gubernamental de una ley de restitución de tierras, y la posible satisfacción de este derecho para los desplazados, uno de los factores de límites de dicha disposición es la imposibilidad de disfrute de la eventual propiedad por la persistencia de la presencia de estructuras paramilitares. En esta condición serán pocos los retornos que puedan concretarse debido a la falta de garantías, de manera que las tierras “legalizadas” quedan de facto en manos de los benefactores o testaferros de los crímenes. Coincide que se trata de proyectos agroindustriales, empresas de exploración y explotación de recursos naturales y obras de infraestructura.
A esto se suma, la condición de que el reconocimiento de este derecho se encuentra en que solo contempla restituir una quinta parte de las tierras arrebatadas a la población rural mestiza, indígena o afrodescendiente, cuyos casos se hayan tramitado en la ley 975.
7. Si la medida de atención eficaz es la que realiza la agencia gubernamental Acción Social, la eventual aplicación de una ley de víctimas en materia de indemnización y de reparación, el caso de estas familias de Argelia, protegidas con medidas Cautelares, refleja la incapacidad de dar respuesta eficaz a las demandas de la víctimas. De aprobarse una ley de víctimas en que la estructura de Acción Social es la responsable la situación de las víctimas será mucho más grave, a lo que se suma, la propuesta como la regla de estabilidad fiscal como derecho fundamental que hará imposible una respuesta a la demanda de las víctimas.
La última versión de proyecto de ley de víctimas incluye una propuesta para la creación de una Comisión de la Verdad. Como integrantes de la Comisión Ética estamos apoyando la reflexión al interior del MOVICE sobre una propuesta de Comisión de la Verdad. Hemos valorado que actualmente no existe una transición en Colombia, ni las condiciones y garantías de seguridad para victimas, familiares, y testigos para que puedan aportar libremente y sin temor su testimonio a una Comisión de la Verdad. Para la creación y conformación de esta Comisión es necesaria una consulta amplia, incluyente, y se debe escuchar a las propuestas de las víctimas, entre otros del MOVICE.
En este contexto solicitamos que:
1.- El nuevo Gobierno reconozca las causas y los actores de un conflicto que cobra víctimas mayoritariamente en la población civil; depure las Fuerzas Armadas y la Policía de todo elemento vinculado al paramilitarismo, y sin eufemismos de ningún tipo desmantele de una vez todas las estructuras económicas, políticas y militares que sostienen el paramilitarismo en Colombia.
2.- La nueva administración dote de atribuciones, recursos humanos y materiales a los organismos estatales de protección y ayudas a las víctimas, y que estos mas allá de cualquier consideración política, acojan todas las denuncias, las investiguen con objetividad, judicialicen a los responsables (sean estos paramilitares, policías, militares o insurgentes).
3.- Junto con la exigencia de justicia, debe atenderse la necesaria reparación integral. Quiénes han perdido a seres queridos en manos de criminales armados o fuerzas beligerantes, y deben abandonar hogares y pertenencias para salvar la vida, deben ser atendidos, apoyados materialmente y acompañados afectivamente. Es una obligación del Estado atender efectiva y adecuadamente a todas las víctimas, incluyendo las víctimas del estado, sin consideraciones subalternas.
4.- Los organismos de derechos humanos – tanto colombianos como internacionales- deben en la medida de sus posibilidades continuar acompañando a las víctimas y en el caso específico de las 29 familias con medidas cautelares, exigir al Estado de Colombia crear las condiciones para que se generen las condiciones de retorno al municipio de Argelia, con sus mecanismos de protección.
5.- Es indispensable el esclarecimiento de los responsables, beneficiarios y los intereses económicos y de otro índole detrás de los desplazamientos forzados y otros crímenes, una protección efectiva, acordada e inmediata de las personas que quieren retornar así como medidas de apoyo para retomar y/o fortalecer las propuestas de soberanía alimentaria y de la economía campesina de esas personas. En especial el Gobierno nacional debe hacer todo lo posible para garantizar el retorno de las 27 familias de Argelia en el marco de su propuesta.
6.- Teniendo hoy en día información sobre los sitios en que eventualmente estarían sepultados sus seres queridos desaparecidos, los familiares piden que las exhumaciones estén a cargo de autoridades civiles, acompañados de nivel nacional y organizaciones de derechos humanos mientras que la policía y/o el ejército deben limitarse a asegurar el entorno.
Es necesario un trabajo responsable, eficaz de reconstrucción de confianza en las autoridades para que se pueda desarrollar una política sistemática de búsqueda de personas desaparecidas y de ubicación de posibles sitios de enterramiento en el municipio de Argelia.
La situación en el municipio: “Argelia está enfermo”
7. La obra expresa el drama del desplazamiento, lo que implica dejar sus casas, sus enseres, sus plantas y sus animalitos, para escapar de la muerte, las violaciones, los secuestros extorsivos, los abusos, el desamparo. Son enfáticos en señalar que la causa de su salida, es la acción y las amenazas paramilitares –específicamente del grupo conocido como “Los Rastrojos”- que comenzaron a operar en la región (el 2008 después de que el Ejército se desplegara en la zona, en el marco de la política de Seguridad Democrática, impulsada por el Gobierno de Álvaro Uribe.
8. Una de las quejas más repetidas es la sensación de indefensión, de no tener a nivel institucional a quien recurrir, ya que denuncian la estrecha convivencia de los paramilitares, con efectivos del Ejército y la Policía Nacional, con quienes comparten tragos, alojamientos y partidos de fútbol.
Una denuncia más grave aún, -que figura en numerosas constancias entregados oportunamente a las autoridades nacionales por -, es que en algunos momentos militares del Ejército después de cumplir tareas “legales” de control de la población, luego participan con brazales paramilitares en acciones de hostigamiento a la población civil.
9. Según los testimonios hay tanto intereses geoestratégicos como económicos sobre le municipio; entre ellos la riqueza hídrica, minera (especialmente oro), forestal así como proyectos de infraestructura que pasan por el municipio como por ejemplo una carretera en caso de la realización del puerto cuarta salida al mar, un puerto planeado para Guapi, municipio vecino de Argelia.
10. Estas familias, a pesar de los fundados temores de ser víctimas de la venganza de estos criminales, manifiestan a la Comisión Ética su firme voluntad de regresar a sus hogares y solicitan apoyo a este fin. Las familias creen que instalar una “Zona Humanitaria” en el Municipio de Argelia, con apoyo de los organismos de DD.HH. nacionales e internacionales, puede darles mayores posibilidades de sobrevivencia. Para ello solicitan un terreno comunal a 10 minutos del casco urbano de Argelia con el fin de instalar un espacio comunitario libre de cualquier presencia armado con propuestas de educación propia y de producción agro-ecológica para asegurar su alimentación.
Infracciones graves al DIH en el Mango
11. En este poblado del municipio de Argelia se presenta una situación inusual. Muchos vecinos se acercan espontáneamente para solicitar a los Comisionados que les ayuden con su petición, de sacar el destacamento policial que se ha instalado en la Plaza Principal al lado de la casa comunal; lo que pone en grave riesgo a la población, y en especial a los niños acostumbrados a jugar en ese lugar. Los vecinos insisten en que la policía “no tiene nada que cuidar”, ya que no hay ningún edificio público, ningún Banco o empresa.
12. Alegan que ante la presencia de la guerrilla en la zona, los policías han optado por refugiarse en medio de la población civil y la usan como escudo. En el intercambio son recurrentes las balaceras policiales, contra vecinos, casas o vehículos. El último enfrentamiento se había dado a penas dos días antes, el sábado 17 de octubre cuyos impactos en forma de disparos pudieron ser constatados por la Comisión Ética. Un joven motorista del lugar fue herido hace pocos días, y para justificar el hecho, se pretende enjuiciarlo como “insurgente”, lo que recuerda la metodología de los “falsos positivos” pero esta vez en el ámbito judicial.
La Comisión se compromete a hacer llegar al Ministro de Defensa, la petición formal que le envía la Junta de Acción Comunal –con un anexo de firmas- pidiendo que se sitúe al destacamento en las afueras del pueblo, donde no pongan en riesgo a la población indefensa. En el caso de que eso no se dé, anuncian un posible desplazamiento masivo de unas 1500 personas a Popayán.
Pasos hacia un retorno.
13. En el caserío Cristales Altos, en la casa de una de las familias desplazadas, una de las personas que nos acompañaron puede por unas cuantas horas, recuperar su entorno, sus seres queridos, sus raíces. Para recoger antecedentes y testimonios, se realiza un conversatorio con vecinos del sector, que confirmaron lo dicho por las familias desplazadas en Popayán y completan con relatos de lo ocurrido en el lapsus que ellos estaban fuera de la zona.
14. Se siente el miedo de hablar, de hacer memoria de lo ocurrido aun en medio de un círculo cerrado de personas de confianza, como reflejo de las consecuencias de esa guerra: la destrucción del tejido social, el silencio impuesto por el terror vivido. La casa que ha sido lugar de encuentro para la pequeña comunidad, tiene fama en el vecindario de que ahí habitan fantasmas, ya que en el período en que el “Comandante Daniel” de los Rastrojos la convirtió en su cuartel, habrían ocurrido en su interior violaciones, torturas y muertes. Testigos hablan de tres secuestrados, que luego habrían engrosado la lista de “desaparecidos”.
A pesar de que este comandante paramilitar como otros hoy en día está en la cárcel y otros han sido asesinados, el control de los paramilitares sigue en la zona. El líder campesino que nos acompañó nos comenta que había vuelto en diciembre pasado por un día a esa casa pero ya en el segundo día aparecieron los paramilitares preguntando por él y tuvo que salir corriendo.
15. Para retomar el espacio propio como primer paso hacia un retorno futuro se realiza una ceremonia de limpieza, se siembran plantas y frutales para dar vida y esperanza, las semillas para una futura casa de encuentros.
Reuniones con las autoridades colombianas
19. En la tarde del 19 de octubre se efectuó la reunión con el Defensor Regional del Cauca, Víctor Javier Meléndez, con la Directora Regional de Acción Social, Olga Ximena Lehmann y otros altos funcionarios regionales. Se les solicitó entregar su visión de lo que acontece en el Cauca, y nos sorprendió el alto grado de conocimiento y sistematización que tienen de la situación, como lo contiene el último informe de riesgo de mayo pasado, sin que esto, se traduzca en protección y prevención efectiva. Siempre se excusan en limitaciones institucionales y falta de recursos no lo permiten.
20. Al consultar sobre las medidas concretas que han tomado para asegurar el retorno de las familias con medidas cautelares, nos informaron que el proceso demora por que se incluye el análisis de las condiciones de viabilidad, en cuanto a seguridad, voluntariedad y sostenibilidad.
Sin embargo, la voluntad de retorno ha sido explicitada por 27 de las 29 familias; la sostenibilidad debe ser una responsabilidad compartida –el Estado debe apoyar material y técnicamente el esfuerzo de subsistencia-, pero la seguridad de los ciudadanos es una responsabilidad irrenunciable del Estado que tiene que ser acordada con las familias.
21. Al inquirir por la inoperancia del Sistema de Alerta Temprana (SAT), personal de la Defensoría señala que ellos emiten los Informes de Riesgo, pero que la facultad de emitir una Alerta Temprana, radica actualmente en el Comité Interinstitucional integrado por la Cancillería, los ministerios de Defensa, Interior y Justicia, DAS, Ejército y Policía. Esto se traduce en que muchas veces, tanto el Ejercito como la Policía, en razón de prioridades internas, informan que todo está bajo control en determinadas zonas y no pueden aprobar una alerta que los contradice. Si a esto le sumamos, que a las autoridades locales se les dice que si se mantienen las alertas no llegara inversión estatal a sus departamentos y municipios, tenemos una explicación de la inoperancia de este sistema, que es presentado a la comunidad internacional como un mecanismo importante preventivo para el cual se solicitan recursos de la cooperación internacional.
22. Se dejó en conocimiento de ambas entidades, el posible desplazamiento masivo de 1500 personas del mango, y las denuncias respecto a las dificultades que encontraban las familias desplazadas para acceder a las prometidas ayudas gubernamentales. Personas de distintas familias nos habían señalado que al responder a los funcionarios que toman la denuncia que la razón concreta para salir huyendo de sus hogares, era la acción de paramilitares; estos planteaban que si querían ayuda, “tenían que cambiar la declaración, culpando a las FARC, porque ya no existían los paramilitares”.
23. Preocupa a la Comisión Ética la respuesta de la Directora Regional de Acción Social, señora Lehmann, porque si bien niega terminantemente que esto pudiera ocurrir, y pide contrastar versiones antes de emitir juicios, que “debíamos ser cuidadosos porque entre las familias desplazadas se encuentran activistas de la FARC, que incitan a los vecinos a desplazarse”.
Si bien no menciona una persona concreta dado el antecedente de un señalamiento directo de ser de las FARC por parte de la anterior directora regional de Acción Social a uno de los líderes campesinos desplazados de Argelia en los mismos términos se puede comprometer la seguridad de esta persona su familia y grupo que esta con medidas cautelares.
24. Se dejó en conocimiento de la Defensoría del Pueblo, la solicitud de familiares de víctimas de desaparición forzosa, de que autoridades civiles –no policiales o de la fuerza pública- acompañen a las familias a verificar la existencia de tumbas clandestinas, donde esperan encontrar a sus deudos.
25. Al colocar el tema del joven motorista baleado por la policía en El Mango, a quien se amenaza con judicializarlo, el Defensor Regional informa que la Directora Nacional realiza gestiones frente al Brigadier Jefe de la Policía Nacional, para evitar esto. El Defensor Regional compromete apoyo directo al joven.
26. El jueves 21 de octubre al llegar puntualmente a las oficinas de la Vicepresidencia, la Comisión Ética se encuentra con la sorpresa que el señor Tomás Concha, asesor de la Vicepresidente de la República, – con quien se había fijado la hora- no había agendado la reunión en su oficina, por lo que nadie sabía de la misma y el estaba en otra reunión. Preocupa si eso sea la realidad de atención a las victimas contrario a un discurso oficial de respeto a la defensa de los derechos humanos, el respeto a las víctimas y la disponibilidad de buscar soluciones reales a su situación.
27. Una vez terminada la visita nos enteramos de la retención por 2 horas de ORLANDO BOLAÑOS el 5 de noviembre del 2010 por cuatro paramilitares que lo amenazaron con armas de fuego, lo humillaron y lo amarraron. Un día después, el 6 de noviembre de ingresaron, entre 70 y 100 paramilitares al municipio de Argelia, entre otros lugares a la cabecera municipal, moviéndose visiblemente armados por horas y durante los días 6,7 y 9 de diciembre enfrente de la presencia de la policía y de una fuerte militarización del municipio, la que pudimos observar durante nuestro viaje.
28. Igualmente recibimos información de la continuación de la persecución judicial contra líderes de las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó organizadas en Zonas Humanitarias, las que están realizando una lucha incesante por recuperar sus tierras ancestrales de la ocupación de mala fe de empresas palmicultoras y de ganadería con el concurso de la institucionalidad y con el apoyo de paramilitares y altos mando s militares como el General ® Rito Alejo del Río.
29. La Comisión Ética ha realizado varias visitas a esas comunidades y ha conocido de cerca la problemática, las amenazas y casi la totalidad de las personas que hoy están acusados por el asesinato cometido por la guerrilla de las FARC de dos lideres afrodesciendentes Manuel Moya y Graciano Blandón y su hijo. Ambos crímenes fueron rechazados y no justifican el uso de la fuerza, pues es deber de la justicia, el haber sentenciado o absuelto a ambos líderes por estar o no, involucrados en estrategias de desprestigio, señalamientos y en el caso de Manuel Moya de fraude procesal para entregar el territorio colectivo a las empresas.
30. Como Comisión Ética nos consta la valentía, el compromiso ético asumido en pro de la defensa de la vida y del territorio de las personas hoy acusadas por lo tanto no podemos pensar sino en que se trata de un montaje judicial para finalmente llegar al objetivo de controlar esas tierras lo que no se había logrado a través de asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y desplazamientos forzados. Nuestro rechazo total a la criminalización de la defensa de los derechos humanos y derechos de las víctimas, al pago de testigos falsos que intentan también implicar a acompañantes de la iglesia, de organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales.
31. Esos ejemplos junto con asesinatos de líderes de desplazados como Rogelio Martínez de la Finca La Alemania en San Onofre en mayo pasado, otra persona conocida personalmente por la Comisión Ética demuestran el camino largo y tortuosa que recorren las víctimas de crímenes de estado, sus líderes y acompañantes todavía en Colombia. Mientras que esa sea la realidad, ninguna ley será efectiva sino servirá simplemente para mostrar una imagen limpia, mientras que la guerra sucia sigue.
Mirtha Baravalle de Acuña Madres Plaza de Mayo- Línea Fundadora
Vicenta Font Gregori Espai Catalunya – Comissió Ética de Colombia.
Directora del Instituto Catalán Internacional para la Paz y presidenta de la federación de ONGs de Paz.
Bernardino Camilo da Silva Encargado de DD.HH del “Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra” MST – BRASIL
Florencia Albornoz H.I.J.O.S. Regional Paranà, Argentina
Nelson Agustín Aramburu Comisión Ética Contra la Tortura- Chile
Presidente Agrupación Ex Presos Políticos – Valparaíso
Colombia, diciembre 2010.