Después de 24 años de búsqueda incansable de la justicia de la familia del campesino Omar Zúñiga Vásquez, el Estado colombiano reconocerá públicamente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial del campesino y tortura de su madre Amira Vásquez de Zúñiga, cometidas en junio de 1992, por integrantes de la I Brigada de Infantería de Marina en el municipio de San Jacinto, departamento de Bolívar.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, representante legal de la familia de Omar Zúñiga Vásquez, y el Estado Colombiano, suscribieron un acuerdo de Solución Amistosa en este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el pasado 6 de abril.
El acuerdo suscrito contempla medidas como la entrega digna de los restos de la víctima, la revisión del fallo que declaró la prescripción del caso contra los militares involucrados, la vinculación de la familia a programas de reparación integral y la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad, se realizará el día 11 de junio en la Plaza de La Memoria, de la ciudad de Barranquilla.
El lunes 1 de Junio de 1992 un grupo de treinta hombres pertenecientes al Batallón de Fusileros de la Infantería de Marina No. 3, 14 y 15, de la I Brigada, penetraron violentamente en la casa de la señora Amira Vásquez de Zúñiga, golpearon a su hijo Omar Zúñiga, de 24 años, con el objetivo de obtener información sobre el paradero de guerrilleros. Al no tener respuesta, los militares optaron por llevarse a Omar amordazado e indefenso. También se llevaron a su progenitora, quien sufrió la tortura psicológica y moral de ver a su hijo en estado de indefensión y la suya al verse detenida, golpeada e interrogada.
Cuatro días después de su detención, Amira fue abandonada en una carretera por los militares, quienes le manifestaron que su hijo Omar se había escapado y que no sabían de su paradero. Nueve días después, cerca al corregimiento de “El Paraíso”, el cuerpo de Omar fue encontrado con un impacto de arma de fuego en el cráneo y con la mandíbula fracturada.
A lo largo del procedimiento penal y ante diferentes autoridades del Estado colombiano, la familia Zúñiga Vásquez recibió amenazas, hostigamientos e intimidaciones por investigar la muerte de Omar Zúñiga y la responsabilidad de los miembros de la Infantería de Marina.
Durante varios años, se realizaron actuaciones penales, administrativas y disciplinarias en el ordenamiento jurídico colombiano. El 19 de abril de 1999, del Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Primera Brigada de Infantería de Marina por los perjuicios causados con ocasión a la muerte de Omar Zúñiga Vásquez.
El 10 de mayo de 2004, el Cajar, actuando en calidad de representante de las víctimas y familiares, presentó una petición contra la República de Colombia por detención, la tortura y ejecución extrajudicial de Omar Zúñiga Vásquez y la detención y torturas cometidas contra su madre, Amira Isabel Vásquez de Zúñiga, en el corregimiento de San Jacinto, departamento de Bolívar. El 2 de Marzo del 2006 la Comisión IDH profirió informe de admisibilidad.
En cuanto a la justicia penal, después de muchos años de litigio, se dio por probada la ejecución extrajudicial de Omar Zúñiga, por parte de los infantes de la marina investigados, y en 2011 se ordenó la captura del Coronel de la Infantería de Marina, Henry Mauricio Rodríguez Botero, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura y homicidio agravado, también por los mismos delitos al dragoneante Pedro José Yepes Guzmán, a los sargentos viceprimero Carlos Adolfo Bermúdez Carmona y Misael Villabona López, y a los infantes de Marina profesional Oslavi Enrique de la Cruz Torres, Guillermo Próspero Castillo Valencia y Alfonso Coronel Ortiz.
Pero el 25 de junio de 2012, de manera sorpresiva el fiscal que llevaba el caso realizó una aplicación de la prescripción de la acción penal en relación con los delitos calificados y decidió beneficiar a los infantes de marina ordenando su libertad.
En el Acuerdo de solución amistosa, el Estado colombiano también se comprometió a emprender una acción de repetición contra las responsables de estos hechos, es decir que sean los directos autores materiales e intelectuales que establezca la justicia quienes respondan patrimonialmente por el daño causado. La familia de Omar Zúñiga espera que, después de 24 años, haya justicia, verdad y reparación integral en este caso, para que crímenes como estos no se repitan.