Tras cinco meses que lleva la implementación de la ley de víctimas presentamos el siguiente informe de seguimiento de la misma, en calidad deOrganizaciones de Víctimas y particularmente Organizaciones de Población Desplazada, señalamos que una parte importante de las inquietudes presentadas durante la etapa de discusión en el congreso y aún en la etapa elaboración de los Decretos Reglamentarios, tienen que ser reiteradas en este primer informe de seguimiento, dado que persisten las situaciones de desconocimiento y negativa al cumplimiento de las normas establecidas, en materia de derechos de las victimas, contemplada por la jurisprudencia colombiana y los estándares internacionales.
Las inquietudes y observaciones se pueden sintetizar de la siguiente manera:
Una maraña de improvisaciones
Desde que fue sancionada la ley 1448 el 2011 el día 10 de junio, el gobierno tenía conocimiento del enorme desafío que tenía la implementación y operación de la ley, no obstante ello, lo que se puede constatar es que la puesta en marcha de la misma es un manojo de improvisación, desorden y en todo caso falta de apropiación de toda la experiencia acumulada por el propio gobierno y sus instituciones en el proceso de superación del Estado de Cosas Inconstitucionales y el diseño de la política pública atención integral a población desplazada.
Lo que sucede en la Unidad de Reparación, es una suerte de estado permanente de transición que no parece tener fin, todos los días el proceso está en etapa de desarrollo y a la espera de que se tomen definiciones desde el nivel central, igual situación se presenta en la Unidad administrativa Especial de Restituciones, la situación es un poco peor en municipios y departamentos donde hay un especie de “stand by” a la espera que en Bogotá se tomen las decisiones necesarias para empezar a operar.
Más allá de esta consideración General hay aspectos que ordena la propia ley que no tienen desarrollos o no se conocen por parte de las organizaciones de víctimas.
Sistema Nacional de Atención Integral a las Victimas (titulo VIII Decreto 4800)
A la fecha del presente informe no se conoce la propuesta de conformación, articulación y funcionamiento de este sistema, el gobierno no dejado conocer el modelo que se implementará para la atención a las víctimas y éste es como se indica el soporte básico de todo el proceso de reparación. De esto el problema más grave es la descoordinación entre las instituciones del Gobierno y el Ministerio Público. El mejor ejemplo de esta descoordinación es la propia ciudad de Bogotá, el distrito hace el esfuerzo en el centro DIGNIFICAR, pero la Personería no responde con los funcionarios que se requieren para atender adecuadamente a las víctimas que buscan orientación y atención, hoy solo hay un personero para recibir declaraciones.
Más aún en la propia capital de la república, no ha sido posible la adecuación tecnológica que permita hacer declaraciones “ON LINE” no hace falta pensar mucho para imaginar cómo será la implementación de este proceso en diferentes municipios y departamentos del país.
Proceso de registro
En hasta la fecha no se conoce si el gobierno ya integró las bases de datos de: Registraduría, ICBF, FONDELIBERTAD, desaparecidos, RUPTA-desplazados, víctimas de las minas antipersonas, menores reclutados, víctimas de atentados (ley 418/97) igualmente no se conoce si se considera la inclusión en la base de datos del programa de protección del Ministerio del Interior donde reposan, las victimas sobrevivientes del PCC-Up, concejales amenazados, sindicalistas, líderes sociales, periodistas, funcionarios públicos.
Este es un complejo proceso dadas las dificultades tecnológicas del país, en todo caso menor, frente al desafío institucional que supone la inscripción de nuevas víctimas en el registro, principalmente por el formulario, el cual cuenta con trece páginas, lo que niega el principio de “buena fe” consagrado en la ley, además hace inoperante el proceso de inscripción “llenar cada formulario puede tardar hasta una hora en el mejor de los casos”.
Mujeres
Hasta el día de hoy no se ve con claridad, como las mujeres van acceder de manera preferente tanto para el derecho a la reparación, como para hacer efectivo su derecho a la restitución de tierras, esto sin duda alguna, es en contravía de los mimos compromisos gubernamentales, como también de la jurisprudencia que ha señalado con claridad que la normatividad tiene que diseñar mecanismos que garanticen de manera preferente el acceso de las mujeres a sus derecho a la restitución y la reparación. En igual sentido hay que señalar que no avanzan las investigaciones de la fiscalía General de la nación en cuanto a las amenazas que se han venido profiriendo en los últimos tiempos contra mujeres lideresas, también señalar, que el acceso de las mujeres a las medidas de protección no cuentan con mecanismos adecuados de enfoque diferencial.
La valoración
A esto se suma el tema de la valoración para lo cual el gobierno sólo hasta fines de mayo del 2012 definió los criterios de valoración, la cual está en cabeza los mismos funcionarios que realizaban labores la valoración de las declaraciones de población desplazada y la experiencia indica que en este proceso no primaba la buena fe, cabe preguntarse cómo cambiar la mentalidad los funcionaros que siempre actuaron partiendo de la desconfianza a lo que las víctimas denunciaban?
Plan de acción
Igualmente es necesario que el gobierno defina con claridad, para evitar demagogia y politiquería, el cronograma que establecerá el plan de reparaciones, es decir definir cuáles municipios van a ser priorizados? Qué clases de víctimas van a tener prioridad para acceder a la misma? Hemos conocido que hasta la fecha se han recibido aproximadamente 20.000 declaraciones, a lo que se suman 200.000 declaraciones pendientes de ser tramitadas del decreto 1290/2008, y aproximadamente 18.000 solicitudes de indemnización que están en la lista de espera de personas que fueron afectadas por los atentados y otros hechos generados por la violencia. Este es sin duda un verdadero cuello de botella que requiere un plan de contingencia que no se conoce hasta la fecha.
Es necesario conocer cuál es el plan anual de reparaciones, es decir, saber cuáles la proyección del gobierno de acuerdo a la disponibilidad y viabilidad presupuestal, cuántas víctimas van a ser reparadas cada anualidad, igualmente conocer en este plan el cronograma de municipios y regiones que serán priorizadas.
También conocer cuáles son los criterios de priorización en el acceso a la reparación, quienes serán reparados con prioridad: mujeres cabeza de hogar, niños huérfanos, adultos mayores, discapacitados?. Aquí mismo saber cómo se va sincronizar el criterio de reparación por oferta, con la reparación por demanda, en qué consiste esta reparación por oferta y cuáles serán las primeras ofertas de reparación.
Este reparación por oferta es la misma que se realiza en las zonas que el gobierno ha priorizado para realizar restitución de tierras o lasreparaciones “colectivas” son otro programa?
El gobierno habla de 800.000 reparaciones colectivas en diez años y una meta de 280.000 casos en el cuatrienio de Juan Manuel Santos que en realidad son dos años, sí hay un plan para evacuar estos casos? Se cuenta con el presupuesto requerido? Estas reparaciones colectivas son las mismas
impulsadas por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, acaso fracaso la reparación de la CNRR?, cuales son los 5 planes de reparación colectiva que se implementaran en el 2012?
En fin, hace falta conocer con urgencia cuáles son los criterios de gradualidad, priorización y accesibilidad que el gobierno aplicará para el proceso de reparaciones.
Conformación de los comités de justicia transicional (artículo 173 ley 1448/11)
Estos comités tienen la tarea de evaluar y ajustar el desarrollo de la implementación de la política pública en cada unidad territorial. Nuestra información indica que en muchos municipios y departamentos no se han constituido, en otro ya se integraron pero las víctimas no participaron y en algunos hay participación de algunas víctimas, pero su escogencia no fue democrática, fueron escogidos por el personero o el alcalde a su criterio personal.
La participación efectiva de las víctimas es el derecho más vulnerado en todo el proceso de discusión, diseño e implementación de esta ley, hasta la fecha el gobierno no ha definido los mecanismos que garanticen la participación efectiva de las víctimas en las distintas etapas de la elaboración de la política pública de atención integral a las víctimas, en abierta violación del artículo (262) del decreto 4800/11.
Hasta la fecha de esta evaluación, no hay protocolo de participación, y mucho menos se sabe cómo participan las víctimas en su elaboración discusión, las mesas municipales, departamentales y nacional, son un incierto, los personeros y defensores no tienen claridad del proceso de inscripción y convocatoria de las mesas. En algunos municipios estas mesas se han integrado sin ningún criterio al punto que participan inclusive desmovilizados.
Es necesario reconocer que la circular 003 de 4 de mayo/12, de la unidad de reparación, hace claridad sobre la integración de las mesas a partir de las mesas de fortalecimiento de organizaciones de población desplazada, también es necesario decir que el decreto Nº 1196 de junio/12, que amplía la fecha inscripción de las organizaciones hasta el día5 de octubre de 2012 , son elementos importantes, sin embargo, esto nos permite suponer que no habrá mesas de victimas durante el año 2012, año crucial en la etapa de diseño y desarrollo de la ley, lo que hace suponer que en el futuro la participación de las víctimas será más bien simbólica, porque para esas fechas la política ya estará diseñada.
Esperamos que la implementación d la Mesa Transitoria de Victimas, propuesta por la Mesa de Victimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales y acogida con modificaciones por la Unidad de Reparaciones sea la oportunidad para corregir los errores y ausencia de la participación de las victimas
También hace falta saber a ciencia cierta según informes del propio gobierno, cuántas mesas hay conformadas a la fecha, hemos escuchado de 622 mesas, pero también se ha dicho que son 200, es ésta una buena oportunidad para saber en definitiva cuantas mesa se han constituido y cuales el plan para que el gobierno haga la conformación de las mismas en lo que resta del proceso.
Proceso de restitución de tierras
El gobierno de Juan Manuel Santo, ha puesto en marcha un vigoroso, plan informativo que intenta demostrar el compromiso del Gobierno con la Restitución de Tierras, el plan incluye anuncios de restitución de varios predios en distintos lugares del país y con la convocatoria a la movilización de campesinos, como ha sucedido en Barranquilla y Necocli, intenta buscar respaldo popular a su política de restituciones.
Lo cierto es que la restitución anunciada en la Ley de Reparación y Restitución, no satisface la expectativa del país, sobre la devolución de las tierras a los campesinos, sus legítimos dueños, a los que les fue quitada por el uso de la fuerza o atreves de engaños y complicidad de algunas instituciones del estad.
Las garantías a las victimas
Lo que hoy se anuncia como restitución, no logra concretarse entre otras cosas porque el Gobierno no ha sido capaz de brindar garantías de seguridad a las victimas. Durante este gobierno han sido asesinados 28 líderes de procesos de restitución. (Ver listado anexo) Al mismo tiempo que han surgido ejércitos anti restitución en hechos denunciados en el departamento de Cesar y recientemente en el departamento de Sucre, donde han amenazado a Juan David Diaz, integrante del MOVICE, además de recordar que el grupo paramilitar denominado los Urabeños protagonizo un paro armado en 6 departamentos de la costa caribe justamente el mismo día, que entro en rigor la ley de restitución de tierras. Además de este panorama sobre la restitución hay amenazas de las que el propio presidente denomina la nao negra, que no es otra cosa que sectores económicos y grupos al margen de la ley que se benefician de toda la política económica que impulsan los últimos gobiernos.
Los asesinatos de los líderes se han presentado en: Bolívar 1, Sucre 2, Córdoba 2, Antioquia 9, Chocó 3, Cauca 1, Arauca 1, meta 2, Santander 1, Tolima 3, putumayo 1, cesar 1, de estos casos cinco se presentaron contra mujeres. Lo preocupante esta situación son en particular dos hechos: primero, las investigaciones por estos asesinatos avanzan a ritmos muy lentos y se encuentran dispersas en diferentes unidades de la fiscalía por tanto queremos insistir en la solicitud de que las investigaciones por estos crímenes se han unificadas en unos unidad especial de la fiscalía creada para tal fin, de otro lado está el tema de la prevención y la protección, actualmente la unidad nacional de protección está respondiendo de manera muy lenta alza las distintas solicitudes de protección que presenta líderes y liderezas vinculados a procesos de atención a víctimas y particularmente restitución de tierras, además de ello están sujetos a la valoración de un riesgo que generalmente tiene como resultado una calificación de nivel bajo, lo que se traduce en la negativa del estado a brindar protección a los líderes o la obtención de un medio de comunicación el mejor de los casos
El problema de las cifras.
Después del debate del 29 de mayo convocado por los congresistas Jorge Robledo, Ivan Cepeda y Wilson Arias, queda poco por decir sobre las cifras de la restitución de tierras que impulsa el actual gobierno. Sin embargo quisiéramos insistir en lagunas preguntas alrededor de las metas del gobierno sobre este tema: finalmente cuántas son las hectáreas que el gobierno está comprometido a restituir, y cuáles son los programas para desarrollar este proceso?. O se debe entender que el compromiso del gobierno es atender todas las solicitudes que lleguen a la unidad? Cuales sólo mecanismos que va emplear el gobierno nacional para diferenciar los distintos programas de adjudicación de tierras en el país?Cuál es la compatibilidad entre el plan nacional de desarrollo que otorgará títulos de explotación MINEROENERGETICA a transnacionales, con los programas de restitución de tierras?
En general las organizaciones de población desplazada, compartimos la preocupación, de que más allá de los anuncios de restitución de tierras, se está creando un gran galimatías, con restituciones que se hacen todos los días por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, mientras no se brinden las garantías reales para que las víctimas de los despojos, pueden acceder de manera efectiva al uso y usufructodel bien restituido.
Ante todas estas inconsistencias y para exigir la verdadera restitución de tierras y territorios para las víctimas y comunidades afectadas por el conflicto armado, restitución que incluya en las tierras despojadas, así como, créditos, asistencia técnica, y planes de desarrollo- socioeconómico de las zonas donde se dan las restituciones se requiera una verdadera política de restitución la cual se lograra cuando las victimas se movilicen para exigir este derecho de manera digna e integral.
Anexo:
Asesinatos de líderes durante el periodo de gobierno de Juan Manuel Santos
Bolivar
1. Óscar Manuel Mausa Contreras, directivo de la Cooperativa Cootragloban, quién reclamaba tierras desde 1997 en el municipio de Turbo, corregimiento Blanquicet, vereda La Esperanza, desplazado a quien le habían restituido un predio de 100 hectáreas en el Urabá antioqueño, a donde no había podido regresar por falta de garantías de seguridad. El 24 de noviembre de 2010, fue asesinado a las seis de la tarde aproximadamente, en el área rural del municipio de San Juan de Nepomuceno, departamento de Bolívar; sitio donde se había desplazado para proteger su vida y la de su familia desde 2008. El homicidio de Óscar Mausa fue causado después de haber sido amarrado a un árbol, apedreado y torturado de la manera más brutal. El homicidio presenta las mismas modalidades de los asesinatos de Albeiro Martínez y Hernando Pérez, es decir, sin arma de fuego.
Sucre
2. Eder Verbel Rocha, fue asesinado El día 23 de marzo de 2011, aproximadamente las 6:15 PM de su finca llamada puerto Colombia a 20 minutos del casco urbano de San Onofre, fue interceptado por dos hombres armados tiene sin mediar palabra dispararon en su contra. En los hechos se encontraban Orlando Enrique Verbel Rocha hermano de la víctima , y un menor de edad hijo de Eder, este caso no es el primero que le sucede a la familia Verbel Rocha, en enero 2005 el Sr. Guillermo Verbel Rocha también fue asesinado por una estructura paramilitar que opera en la región, lo cierto, es que esta familia viene siendo objeto de persecución por grupos paramilitares por el inter esté representada la finca del 92 hectáreas que ellos tienen en la región del golfo de Morrosquillo.
3. Antonio Mendoza Morales, fue asesinado por desconocidos El día 30 de junio 2011, en el municipio de San Onofre, dirigente de Asociación de Desplazados de San Onofre y Los Montes de María, además de ser el único concejal del Polo Democrático en el departamento. ANTONIO lideraba procesos de retorno de desplazados en tierras que habían sido despojadas por grupos armados y venían apoyando un proceso de exigibilidad de restitución de tierras ante las autoridades departamentales y municipales.
Cordoba
4. Martha Gaibao, asesinada el 29 de abril de 2011 en la región de La Apratada en el municipio de Ayapel, Departamento de Córdoba, líder del proceso de restitución de tierras despojadas por paramilitares a los campesinos en el Departamento de Córdoba.
5. Leoncio Manuel Mendoza Mejía, de 76 años, fue el primer reclamante a la luz de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en ser asesinado en Montería, el 26 de noviembre de 2011.
Antioquia
6. Álvaro Montoya, presidente de la Junta de Acción Comunal de San José de Apartadó, asesinado en agosto de 2010 en Antioquia
7. German marmolejo. Asesinado septiembre de 2010 en la carretera entre turbo y aprtado
8. Hernando Pérez, dirigente de la Asociación de Restitución de Bienes y Tierras de Urabá, fue asesinado el 20 de septiembre de 2010, por desconocidos en esa zona bananera del departamento de Antioquia (noroeste. Pérez participó en la ceremonia oficial de entrega de 34 títulos de propiedad a víctimas despojadas de sus tierras por parte del antiguo grupo paramilitar ‘Bloque Bananero”.
9. Fernando Enamorado de la Asociación de Víctimas de Urabá para la restitución de tierras y Bienes de Urabá-Asovirestibi- asesinado el 25 de octubre de 2010 en Antioquia.
10. Bernardo Ríos Londoño, fue asesinado el martes, 22 de marzo de 2011., miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que fue tiroteado, en el sector de Tierra Amarilla. Cerca al lugar había un retén del Ejército, según testigos.
11. David De Jesús Góez, de 70 años, fue baleado en un centro comercial de Medellín, el miércoles 23 de marzo de 2011, al medio día, mientras que el hombre al parecer esperaba a alguien en el complejo comercial de La Mota, en el suroccidente de esta ciudad, sujetos en una moto le dispararon a la cabeza. Góez era una de las 120 personas que reclaman la restitución de 20 hectáreas de tierra en el sector de Tulapa, en Urabá, y que en su mayoría habían sido desplazadas por los paramilitares.
12. William Andrés Álvarez Orosco, Líder comunitario, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Porvenir asesinado el 7 de abril de 2011 en Antioquia.
13. Albeiro Valdés Martínez, líder de la Asociación de Víctimas por la Restitución y Bienes de Urabá (Asovirestibi), fue asesinado el 11 de mayo de 2011/// 10 en Turbo. ¿????
14. Fredy Jiménez, Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda las Acacias y líder de ASOCBAC, asesinado el 23 de noviembre de 2011 en Antioquia
Choco
15. Manuel Ruiz,de 56 años, y su hijo, tras ser primero retenidos por un grupo de hombres armados que exigieron a sus familiares un rescate de dos millones de pesos por dejarlos en libertad, monto que debía ser trasladado a un lugar de Mutatá, fueron asesinados por presuntos paramilitares, que abandonaron sus cuerpos en un paraje perdido.El 24 de marzo de 2012 un campesino que exigía la restitución de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó, en el Urabá chocoano,
16. Samir de Jesús Ruiz Gallo, de 15 años hijo de manuelruiz. Asesinado con su padre el dia 24de marzo de 2012.
17. Fanny JhoanaTruaquero, de 21 años, quien fue baleada por dos paramilitares en su propia casa ubicada en el casco urbano de Riosucio, el 1 de junio de 2012 en dicha región, el pasado miércoles. Perpetrado el crimen, sus autores se trasladaron al departamento de Antioquia y esa misma noche le informaron a Rafael Truaquero mediante una llamada telefónica de la muerte de su hija, denunció la Comisión Intereclesial.
Cauca
18. Beto Ufo Pineda líder colombiano de la Organización Nueva Florida, fue hallado a asesinado el día 19 de agosto de 2010 en la zona rural de Popayán, capital del departamento, Beto se encontraba desparecido desde el día17 de agosto. Su actividad giraba a l rededor de trabajar en un terreno que había sido asignado por el gobierno desde el año 2007.
Nariño
19. Ramiro Inampuez, líder indígena por la restitución de tierras de su cabildo, asesinado el 28 de agosto de 2010 en Nariño
Arauca
20. Edgar Bohórquez Palma. Presidente de la Asociación de Desplazados Unidos del Sarare – ASODUS- esta organización presidida por el compañero era filial a la coordinación Nacional desplazados C.N.D. fue asesinado el día 24 de septiembre de 2010 a la 1:30 de la tarde en el barrio San Luis de Saravena. Sicarios lo acribillaron al frente a su hijo menor que se encuentra gravemente herido, La víctima, quien era beneficiaria de un programa de tierras del INCODER, deja una viuda y cuatro hijos en la orfandad. Su primera esposa había sido asesinada en el departamento del Meta.
Meta
21. Nelson Murillo Taborda, asesinado el día 9 de septiembre a la 01:00 p.m. de 2010 en la Vereda Lucitania, límites con la vereda de Caño Lino del municipio el Castillo, departamento del Meta.
22. José Pompilio Barragán Bernal, agricultor asesinado en San Martin de los Llanos, Meta En la vereda Gualas, el día 19 de mayo de 2011 personal de la unidad básica de investigación criminal UBIC, practicó la inspección técnica al cadáver De los móviles y autores de este hecho no se recibió información. Las autoridades iniciaron los actos urgentes en coordinación con la Fiscalía para determinar algunas hipótesis y establecer responsables de esta muerte violenta.
Santander
23. Elizabeth Silva Aguilar miembro de la CND asesinada el 28 de octubre de 2010 en el asentamiento villas de Girardot en Bucaramanga, Elizabeth promovió procesos de recuperación de tierra urbana para asentamiento de población desplazada
Tolima
24. Yonel Delgado Villamil, integrante de la fundación nuevo amanecer y miembro de la mesa municipal de tierras en el municipio de Líbano fue asesinado el 10 de enero 2011.
25. José Alfonso Delgado Villamil. , integrante de la fundación nuevo amanecer y miembro de la mesa municipal de tierras en el municipio de Líbano fue asesinado el 10 de enero 2011.
26. Andrés Alfonso Arenas. , integrante de la fundación nuevo amanecer y miembro de la mesa municipal de tierras en el municipio de Líbano fue asesinado el 10 de enero 2011.
Putumayo
27. Alexa Gómez Polania, de aproximadamente 35 años, Estando en su casa de habitación ubicada en la vereda, las planadas del municipio de Mocoa, fue vilmente asesinada la señora madre cabeza de hogar y miembro de la Asociación de desplazados “El Progreso” de la mencionada vereda. Hasta ese sitio llegaron el domingo 18 de diciembre 2011, a las 5:45 de la tarde dos sujetos quienes se movilizaban en una motocicleta y en presencia de su hijo de aproximadamente un año le causaron la muerte de cinco impactos de arma de fuego.La herramienta paramilitar del gran latifundio sigue asesinado a reclamantes de tierras con plena complicidad
Cesar
28. Nayibis María Centeno de la Cruz, Representante Legal de la Asociación de Desplazados del Corregimiento de la Mesa y miembro de la Mesa Departamental de Fortalecimiento de Población Desplazada del Cesar, asesinada el 11 de abril de 2011 en el Cesar
Actualizado 26 de junio de 2012