(Español) La realidad de las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y otras modalidades de desaparición en Colombia, es una realidad transversalizada por la impunidad, la repetición del crimen y la negación del derecho fundamental a la búsqueda de las víctimas, que por años han reclamado familiares y organizaciones. Por ello, es un acto esperanzador que el actual gobierno se haya comprometido con una política de Estado que permita avanzar en políticas públicas para la prevención de este crimen atroz y garantizar rutas eficaces para la búsqueda, localización, identificación y entrega digna de los cuerpos a sus seres queridos.
Para que esto sea posible, el Sistema Nacional de Búsqueda deberá garantizar una amplia participación de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos que históricamente han participado en los procesos de búsqueda. En este sentido, para lograr una participación efectiva, es central crear espacios donde haya canales que posibiliten un diálogo entre las organizaciones y las instituciones. Esto, con el objetivo de que las experiencias, conocimientos y saberes de quienes han buscado toda su vida, sean elementos tenidos en cuenta de manera efectiva y vinculante en la elaboración y desarrollo de cada proceso. La coordinación y articulación en la construcción e implementación de las políticas, programas, proyectos, reglamentos, protocolos, recursos, planes, estrategias, instrumentos y mecanismos previstos en el decreto reglamentario no puede ser marginal, ni subsidiaria sino amplia, vinculante y con enfoque territorial, de acuerdo con los principios de centralidad de las víctimas.
El Sistema Nacional de Búsqueda también tiene el enorme desafío de enfrentar las causas estructurales que permitieron y siguen ocasionando las desapariciones forzadas y que no sólo se refieren al conflicto armado, sino la violencia socio política, la persistencia del paramilitarismo, el crimen organizado trasnacional y el narcotráfico, entre otros, que ocasiona desapariciones forzadas asociadas a la trata de personas, el reclutamiento forzado y las desapariciones en contextos migratorios en fronteras. En fundamental avanzar en las estrategias para las garantías de no repetición y la prevención de esta grave violación a los derechos humanos.
Confiamos en que el Sistema Nacional de Búsqueda también logre articular los avances que se tienen en cuanto a política pública y derechos de las víctimas, entre ellos: la administración e intervención de los cementerios, las garantías para las mujeres buscadoras, los santuarios de la memoria, los Planes de Búsqueda, entre otros, y logre dar respuesta a otros desafíos que siguen sin resolverse como son la búsqueda inversa de las familias, el avance en la toma de muestras sanguíneas y perfiles genéticos por parte del Banco de Perfiles Genéticos, los avances en la identificación y entrega de los cuerpos a las familias, la custodia de los cuerpos con enfoque de memoria, psicosocial y restaurativo, el desarrollo de rutas para la búsqueda en cuerpos de agua y otros escenarios complejos, la superación del subregistro de las víctimas y la participación.
Desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado confiamos en que la creación del Sistema Nacional de Búsqueda logre cumplir a cabalidad con sus objetivos y permita el fortalecimiento de los procesos, mecanismos y apuestas en las que se vienen trabajando alrededor de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. De esta misma manera, esperamos que el SNB contribuya al relacionamiento entre instituciones, organizaciones de víctimas y sociedad civil fomentando un enfoque integral y humanitario de la búsqueda que permita y garantice los derechos de verdad, memoria, reparación integral y garantías de no repetición.
Somos semilla, somos memoria, somos el sol que renace ante la impunidad.
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
