El 30 de agosto de 2018, día internacional de las víctimas de desaparición forzada, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) presentó una solicitud a la JEP para que se decretaran medidas de cuidado, preservación y protección de 16 lugares en cinco departamentos, entre ellos los sectores de La Arenera y La Escombrera en la Comuna 13 de Medellín. Dicha solicitud fue la última esperanza que nos quedó después de años de negligencia, impunidad, negacionismo y mucho dolor de las familias, especialmente de las mujeres buscadoras que desde el año 2002 han denunciado las desapariciones forzadas, y quienes desde el año 2003 exigen el cierre inmediato de La Escombrera y la Arenera para que se priorice la búsqueda.
La solicitud fue acogida por la JEP, delegando en la Sección de Primera Instancia para Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad la labor de atender el justo reclamo de las víctimas. Esta Sección ordenó la realización de una audiencia pública el 17 y 18 de julio de 2019, en la cual las víctimas y organizaciones volvimos a hacer un recuento de los hechos y reiteramos la solicitud de la búsqueda. Pero volvimos a ser testigos de cómo los intereses privados están por encima de los derechos de las víctimas cuando la entonces secretaria de gobierno de la Gobernación, Victoria Eugenia Ramírez Vélez, anunció que días antes se le había prorrogado el contrato de explotación minera a la empresa El Cóndor por 20 años más, la cual, dicho sea de paso, nunca ha informado si en la intervención del lugar han constatado la presencia de cuerpos o restos óseos.
Posterior a la audiencia, la SAR ordenó la realización de prospecciones en varios lugares de La Arenera, La Loma y sectores aledaños, sin ningún resultado en la localización de las víctimas. Pese a que la misma Jurisdicción ayudó a consolidar una base de datos con un registro de 463 víctimas de desaparición forzada, las mismas siguen sin ser encontradas. Lo que si se evidencia es la alteración de los sitios donde posiblemente estuvieron las víctimas; constatando no sólo el pacto de silencio sobre la Comuna 13, sino las estrategias que se mantienen por parte de los victimarios para garantizar que los hechos queden en total impunidad.
Otro hilo de esperanza se centra en los cuerpos que han sido recuperados y que están sin identificar, por ello es importante las medidas cautelares que permitieron la intervención del Laboratorio de osteología de la UdeA y el Cementerio Jardín Universal. Una esperanza que debe enfrentar las serias dificultades que hoy existen para avanzar en la identificación de los cientos de cuerpos que se encuentran en bodegas de los laboratorios.
En el año 2020, la SAR adoptó una medida cautelar de protección sobre dos polígonos ubicados en el sector de La Arenera, y ordenó la realización de labores de búsqueda y prospección, además, de la suspensión de cualquier tipo de explotación que sobre ese polígono cautelado fuera a llevarse a cabo por la empresa El Cóndor que por años ha hecho explotación en dicho lugar. Entre el 2020 y 2022 se realizaron prospecciones en el marco del Plan de Intervención Forense acordado entre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Unidad de Investigación y Acusación, y la Alcaldía de Medellín, quedando sólo por implementar la fase cinco.
En octubre de 2021, la JEP ordenó que se iniciara el proceso de intervención técnico forense en las dos pequeñas áreas del nuevo polígono; sin embargo, dicha actividad no se realizó y nunca se explicaron las razones del retraso, lo que llevó a que en marzo de 2022 las víctimas y organizaciones peticionarias solicitaran a la magistratura explicación de la tardanza y las razones de no avance en la búsqueda. Días después nos informaron que, en una mesa Técnica realizada por la JEP, la UBPD y la Alcaldía de Medellín, esta última comunicó que para poder adelantar la prospección primero debía realizarse un estudio de geotecnia para determinar el método de intervención y evitar un posible deslizamiento, lo que ocasionó una nueva tardanza y la frustración de los familiares que históricamente han denunciado los obstáculos para la búsqueda.
Sólo hasta junio de 2023 se inició dicho estudio, el cual fue entregado a la Alcaldía de Medellín el pasado 21 de septiembre, y es la razón por la cual hoy nos encontramos en esta audiencia. Sus hallazgos serán la base para que desde la UBPD se redefina la intervención técnico forense y se implemente la fase cinco de dicho proceso.
Pero lo paradójico es que mientras las entidades discuten los procedimientos técnicos para la intervención de La Arenera, la empresa El Cóndor sigue realizando la explotación minera sin ninguna complicación; incluso, al lado del polígono protegido. Por su parte, las madres, abuelas, esposas, mujeres… siguen muriendo sin recibir respuestas; en el olvido de un Estado negligente que las victimizó y que sigue sin reconocer sus derechos. Las víctimas singuen sin entender por qué la empresa puede intervenir el lugar, hacer grandes prospecciones; y en cambio, las entidades responsables de la búsqueda están enfrascadas en discusiones técnicas que no brindan certeza sobre cuándo va a comenzar la búsqueda.
Por ello, en esta Audiencia, acudimos para seguir exigiendo que se reconozcan los derechos de las víctimas. Queremos reafirmar ante las instituciones políticas, administrativas y judiciales, que las desapariciones forzadas en la Comuna 13 no son un mito, no son leyenda urbana. Los rostros sufridos de las mujeres son la certeza de esa grave violación a los derechos humanos. Por ello insistimos en que:
- Es necesario el inicio inmediato de la intervención técnico forense. No puede haber más dilaciones. No se puede seguir en discusiones técnicas cuando las mujeres están muriendo; cuando otros se siguen enriqueciendo a costa del dolor. Solicitamos a la magistratura que ordene la intervención con una fecha clara.
- Desde el año 2015, las organizaciones entregamos a la Fiscalía General de la Nación un documento denominado Plan de Búsqueda Integral, el mismo que entregamos a la UBPD en el 2018 con la solicitud de búsqueda. Este debe ser el insumo para avanzar en la búsqueda no sólo en La Escombrera y La Arenera, sino en otros lugares de la Comuna, la ciudad y el departamento. Por ello, solicitamos a la UBPD que se pueda definir la estrategia clara de búsqueda de los cientos de desaparecidos de la comuna.
- Es urgente avanzar en un plan de emergencia para la identificación de los cuerpos recuperados, la búsqueda de los familiares y la toma de muestras genéticas. Esto hace parte de órdenes dadas por la SAR que siguen sin cumplirse. Urge que el proceso de búsqueda se base en el deber de debida diligencia y el tiempo razonable, y no en la negligencia e impunidad.
- Insistimos en el cierre inmediato de La Arenera y La Escombrera, no sólo por las garantías de la búsqueda, también por la necesidad de avanzar en acciones reparadoras y restaurativas para las víctimas. Ese lugar representa la ignominia del Estado, es el recuerdo constante de las graves violaciones a los derechos humanos, la impunidad y el negacionismo de las desapariciones. Las mujeres que valientemente han denunciado y han exigido sanción para los responsables de los crímenes, merecen ser escuchadas y resarcidas en sus derechos.
- Por último, y aunque no es materia de esta audiencia, esperamos que en el macro caso 08 puedan ser llamados a comparecer los militares y otros agentes estatales responsables de las desapariciones forzadas y otros crímenes cometidos contra la población indefensa. La verdad se tiene que construir desde la voz de las mujeres víctimas que siguen padeciendo el dolor y los daños generados por los crímenes. Es necesario se responda a la pregunta de quién dio la orden.
A 21 años de las operaciones militares seguimos exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.