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“Si a veces con cualquier crimen en este país es difícil encontrar justicia, más en un crimen en el que está involucrada una figura como el Estado y que no está personificado en nadie; es como pelear contra un monstruo gigante que envuelve una cantidad de cosas, y que controla y administra la justicia que tú estás buscando”
En el marco del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, conmemoración anual en la que el Estado colombiano tiene la obligación de enaltecer y dignificar la memoria de las víctimas, desde el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE- y la Coordinación Colombia Europa – Estados Unidos -CCEEU- insistimos en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de garantía, respeto y protección de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional humanitario y prácticas genocidas, lo cual incluye el esclarecimiento de la verdad, la superación de la impunidad, la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables materiales, intelectuales, terceros y agentes del Estado por su actuación directa, tolerancia, complicidad o aquiescencia en la comisión de estos crímenes, la reparación integral y las garantías de no repetición.
El reconocimiento público de responsabilidad del Estado, y la erradicación de la doctrina del “enemigo interno” que calificó las acciones del movimiento social, la exigibilidad de derechos y transformaciones sociales como una amenaza a la seguridad del Estado y originó la puesta en marcha de planes sistemáticos de eliminación y exterminio contra liderazgos, organizaciones sociales y partidos políticos de oposición cuyo único delito fue soñar con una Colombia distinta, es una deuda que se tiene con las víctimas del Estado.
El Acuerdo Final de Paz del 2016 y la creación del SIVJRNR abrió una esperanza para el esclarecimiento de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado y la violencia socio-política. Sin embargo, después de 6 años de firmado existen grandes rezagos en su implementación, las víctimas evidenciamos que persiste una política de negación de los crímenes de Estado que se refleja en una discusión nacional ausente sobre su origen, desarrollo e implicaciones, continuando en deuda el derecho que tiene la sociedad a conocer la verdad sobre el entramado institucional que ha sido activado para la reproducción de una violencia y persecución sistemática en contra de movimientos sociales y sectores populares, y del entramado corporativo que se ha visto involucrado en esta como beneficiario, instigador y financiador.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado en varias oportunidades la responsabilidad agravada del Estado Colombiano. Lo hizo recientemente con el reconocimiento del exterminio contra la Unión Patriótica, por el aniquilamiento de más de seis mil integrantes de un partido político que, según la Corte, generó afectaciones colectivas a la democracia y al derecho a saber de la sociedad; y para estas y previas afirmaciones ha considerado el hecho de que el Estado había propiciado la creación de grupos paramilitares a través de la legislación interna, además de hallar probada una estrecha relación y colaboración de dichos grupos con la Fuerza Pública.
Este ha sido el contexto al que nos hemos enfrentado las víctimas de crímenes de Estado, afrontando la doble desidia que nos ha traído no sólo ser víctimas del conflicto, con la indolencia e ineficacia que caracteriza la respuesta institucional para el gran universo de víctimas; sino, además, teniendo como victimario al Estado, siendo sometidas a una doble exclusión por ser denunciantes de los crímenes y las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado y su estructura militar y paramilitar, y una doble estigmatización por ser la criminalidad estatal una parte de la historia de Colombia omitida deliberadamente.
Con ocasión de este día de conmemoración, ratificamos nuestro compromiso con la construcción de paz con transformaciones sociales, económicas y políticas. Saludamos la política de paz total promovida por el Gobierno del Presidente Gustavo Petro, que incluye la solución política negociada al conflicto armado con el Ejército de Liberación Nacional, y manifestamos nuestro respaldo y disposición de participar con propuestas que permitan abordar las causas del conflicto y avanzar en transformaciones democratizadoras. Es fundamental que en el tercer ciclo se avance en acuerdos y alivios humanitarios para la protección de las comunidades. Llamamos a las partes para que mantengan el espacio de diálogo y comprometan sus esfuerzos y voluntades en superar las tensiones que enfrenta la mesa y escuchando los anhelos de paz de las víctimas y de las comunidades que viven en las zonas más afectadas por el conflicto.
Saludamos los esfuerzos emprendidos y avances alcanzados en el segundo ciclo de negociaciones. Esperamos que el tercer ciclo próximo a iniciar provea mayor claridad sobre la ruta de acción para incorporar las expresiones de la sociedad civil organizada en la negociación. En lo particular, como organizaciones de víctimas y derechos humanos conservamos amplias expectativas sobre los componentes que orientan la agenda, en especial aquellos que atraviesan la Participación de la sociedad en la construcción de paz y el eje de Víctimas.
Exhortamos al conjunto de los integrantes de la Mesa de Diálogo a no olvidar el papel determinante que ha tenido el Estado colombiano en la prolongación del conflicto, y a que, como consecuencia de ello, garanticen condiciones efectivas de participacion a las víctimas de la criminalidad estatal y el genocidio político en las discusiones que busquen ponerle fin a décadas de violencia. Nuestra participación en cualquier proceso de paz es esencial para garantizar que se aborden adecuadamente nuestras necesidades y preocupaciones, y que se diseñen estrategias para develar patrones de macrocriminalidad, persecución e inteligencia ilegal que han permanecido ocultos, asimismo, para lograr establecer garantías que propendan por la no repetición.
Finalmente, es necesario que en los procesos de acercamiento con organizaciones criminales, que incluyen las sucesoras del paramilitarismo se acuerde el cese inmediato de la violencia y las afectaciones a la población civil. Asi mismo, urge que se avance en el diseño e implementación de la política publica y el plan de acción para el desmantelamiento de estructuras criminales responsables del asesinato de líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y firmantes de paz, labor asignada a la Comision Nacional de Garantías de Seguridad en virtud de Acuerdo Final de Paz.
La participación de las víctimas de crímenes de Estado en las discusiones que persigan la desactivación de la violencia política es esencial para alcanzar una paz total y duradera.