Declaración de ICAED en el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Las luchas de los pueblos por garantizar los derechos humanos continúan después de setenta años de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La incoherencia entre las promesas de los Estados de adherirse a las normas internacionales de derechos humanos y su implementación a nivel nacional es marcadamente visible en todo el mundo. A pesar de los incuestionables desarrollos institucionales en varios estados occidentales, las violaciones graves de los derechos humanos son un fenómeno cotidiano en la vida de los ciudadanos nacidos en nuestro planeta.
El mundo celebra el “desarrollo” en la construcción de infraestructuras, de la economía, así como grandes innovaciones en la ciencia, la medicina y la tecnología para la comodidad de la gente. De hecho, la mayoría de la población del planeta tierra no tiene acceso a los desarrollos e innovaciones, por no hablar de que no hacen su vida más segura ni digna. La dignidad de todo ser humano más allá de su raza, género, etnia, fe o afiliación política e ideológica aún está muy lejos.
El panorama global de las desapariciones forzadas expone el hecho de que muchos Estados carecen de compromiso para proteger a sus propios ciudadanos de este “crimen de lesa humanidad”. El último informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (WGEID) muestra un grave retrato.
Solo el WGEID, desde su inicio, ha manejado 57,149 casos de desapariciones forzadas en todo el mundo, con 45,499 casos de 92 Estados aún sin resolver, a partir del 2 de mayo de 2018. De hecho, el número real de desapariciones forzadas es mucho mayor a esta cifra. Entre los casos manejados por el WGEID: 5,590 son de los Estados de África; 26, 840 de los Estados de Asia Pacífico; 819 de los Estados de Europa oriental; 108 son de los Estados de Europa occidental y otros grupos; 12.138 desapariciones son del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC); y 4 casos son de los observadores.
La enorme cantidad de casos de los 92 Estados merecen una respuesta sincera con compromisos para abordar las problemáticas relacionadas con las desapariciones. Desde la entrada en vigor de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (ICPPED) hace 12 años, 59 Estados han ratificado o se han adherido al tratado. Entre los Estados Partes, 17 son de África, 4 de Asia Pacífico, 9 de Europa del Este, 15 de GRULAC y 11 de Europa Occidental.
Estos Estados Partes han hecho una reserva al artículo 31 de la Convención, lo que prohíbe a las víctimas solicitar la intervención del Comité de Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU. En otras palabras, al no reconocer la competencia de la CED, los Estados Partes no permiten que sus ciudadanos se beneficien de la experiencia de los expertos independientes de la ONU. Como resultado, la ratificación o adhesión no contribuye a lograr nada distinto que mantener los nombres de los Estados que se muestran en la lista de la Convención. Una vez más, esta situación evidencia que la ratificación universal es necesaria ahora más que nunca.
La continuidad de las desapariciones forzadas, o la ausencia de justicia para las familias de los desaparecidos, demuestra que las instituciones de justicia penal son disfuncionales en dichos Estados. Esta verdad merece ser reconocida, en principio, para avanzar en el tratamiento de los profundos problemas del delito de la desaparición forzada. Todos los Estados donde se cometen desapariciones forzadas, ya sea en el pasado o en el presente, deben darse cuenta de que están destruyendo su propio tejido social por cometer este delito y privar de la justicia a las familias. Todos los Estados deben iniciar inmediatamente una investigación creíble sobre las denuncias de desapariciones forzadas. La verdadera prosperidad y el desarrollo solo pueden lograrse a través de la garantía de la justicia y la dignidad de los ciudadanos como seres humanos.
En el Día Mundial de los Derechos Humanos, cada Estado puede comenzar a mejorar la competencia de su mecanismo de justicia penal nacional para que la vida de los ciudadanos sea segura, pacífica y próspera en sus propias jurisdicciones. La historia detrás del reconocimiento del Día de los Derechos Humanos debe inspirar a los Estados, a sus líderes políticos y a los servidores públicos para evitar el populismo, el autoritarismo y el sistema coercitivo de gobierno.
En nombre de ICAED,
Firmado:
Mary alise D. BACALSO
Focal Person