Revista en Movida

Nueva amenaza y campaña mediática contra la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Bogotá, Diciembre 9 de 2009

Amenazas contra integrantes de la Comisión de Justicia y Paz obliga a salir del Putumayo, ausencia de garantías para la labor de derechos humanos en Bajo Atrato, Bajo Naya y Dabeiba.

 

FRANCISCO SANTOS

 

Vicepresidente de la República

 

FABIO VALENCIA COSSIO

 

Ministro de Interior

 

JAIME BERMÚDEZ

 

Ministro de Relaciones Exteriores.

 

FERNANDO PAREJA REINEMER

 

Vice Fiscal General de la Nación (e)

 

ALEJANDRO ORDOÑEZ

 

Procurador General de la Nación

 

VOLMAR PÉREZ

 

Defensor Nacional del Pueblo

 

“Toda esa gente del poder se sentía muy molesta porque la gente afirmaba su dignidad que provenía de la Vida, de la razón de su existencia” Relectura Hechos 4, 1-2

 

Ref: Amenazas contra integrantes de la Comisión de Justicia y Paz obliga a salir del Putumayo, ausencia de garantías para la labor de derechos humanos en Bajo Atrato, Bajo Naya y Dabeiba.

 

Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante las amenazas de la que han sido objeto NUBIA PATRICIA ACOSTA y JHON JAIRO BETANCOUR, defensora y defensor de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, que acompañan a comunidades mestizas e indígenas en el departamento de Putumayo; la campaña pública de desprestigio, de señalamientos y falsas acusaciones contra otras organizaciones de derechos humanos y en particular, contra nosotros por el acompañamiento a los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Bajo Atrato y la personalización de las mismas contra ABILIO PEÑA y DANILO RUEDA, así como, contra el Padre JAVIER GIRALDO S.J. director del banco de datos del CINEP , ante la intimidación contra LUZ MARINA ARROYABE, defensora de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, acompañante en la Comunidad de Vida y de Trabajo de La Balsita, Dabeiba, los hostigamientos en contra del los abogados de nuestra Comisión de Justicia y Paz GERMAN ROMERO y SARA MEJÍA y las advertencias del DAS en contra de nuestra organización de hacer pública respuestas a Derechos de Petición.

 

A raíz de las amenazas de muerte en Putumayo los defensores de derechos humanos se vieron obligados a salir de este departamento, y la ausencia de garantías para nuestra presencia en el acompañamiento en Dabeiba ha obligado a una decisión similar. A esta situación de ausencia de garantías se agrega la prohibición del uso del servicio público en Belén de Bajirá y Curvaradó debido a ordenes emitidas por estructuras paramilitares en medio de un ambientación creciente de animadversión y de hostigamientos contra nuestra Comisión de Justicia y Paz, por parte de sectores empresariales, cuando no ellos mismos paramilitares, en el bajo Atrato y la ausencia de una investigación eficaz sobre las operaciones arbitrarias e ilegales de agentes del DAS articuladas a la estrategia empresarial de Maderas del Darién Pizano S.A. beneficiaria de operaciones paramilitares.

 

Si el ejecutivo aceptara formal y realmente que existe una crisis en el modelo de la desmovilización, en la aplicación de la ley 975, en la ejecución de una política agraria que impone un modelo de desarrollo; si aceptará que los civiles pueden ejercer el derecho de disentir, de afirmar el derecho humanitario, el respeto a los derechos humanos, la libertad de pensamiento y de asociación, y existiera una real voluntad política para el derecho a saber, el derecho a la memoria, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, y dicha aceptación se tradujera en una política de derechos humanos, habría restauración del Estado democrático de derecho.

 

Desde hace 7 años, nuestra Comisión reinició el trabajo de promoción, de protección y de defensa en derechos humanos y derecho humanitario a comunidades campesinas e indígenas en el departamento del Putumayo. Desde el 2002 hasta hoy hemos constatado como, a finales de los 80, se ha dado la consumación de crímenes de lesa humanidad.

 

La comisión de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario que comprometen la responsabilidad del Estado por acción y omisión se ha hecho evidente en 10 crímenes a “sangre fría”, la militarización de espacios propios de la comunidad civil, los daños a bienes de supervivencia, el saqueo de los mismos, amenazas y señalamientos contra la población, retenciones ilegales, abusos de autoridad por parte de la brigadas 27, de la 6ta División del ejército y la brigada móvil 13.

 

Igualmente, en medio de la aplicación del llamado Plan Colombia, la configuración de una estrategia encubierta de tipo paramilitar que se ha traducido en el cobro de vacunas, la creación de redes de niñas que se vinculan al trabajo sexual – pre pago -, las amenazas y operaciones de eliminación de jóvenes y trabajadoras sexuales, las desapariciones forzadas y los descuartizamientos, la creación de nuevos campos para fosas comunes, la comisión de crímenes en el hospital de Puerto Asís, todas estas actuaciones en medio de un alta presencia militar y policial.

 

Hemos constatado, la coincidencia del desarrollo del uso de la violencia armada en espacios territoriales en donde se implementan o se proyectan agronegocios, algunos de ellos, vinculados a la palma de aceite, y operaciones extractivas de recursos energéticos, justo en lugares donde habitan poblaciones indígenas y colonos mestizos.

 

Igualmente, hemos observado graves infracciones al derecho humanitario por parte de la guerrilla de las FARC con el reclutamiento de jóvenes en respuesta al involucramiento de la población civil en las políticas militares y de seguridad del gobierno.

 

En medio de ese panorama de degradación del conflicto social político armado, las comunidades rurales de Valle de Guamez, Puerto Guzmán, Puerto Asís han construido iniciativas en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y los Desc para reconstruir el Estado de Derecho.

 

En este escenario de intereses contradictorios, en los que se acompaña a los más vulnerables, en sus iniciativas de vida digna, de calidad de su habitación, de protección de la biodiversidad por el bien de la humanidad, a través de mensajes de texto del número 313 685 87 10 se recibieron las siguientes amenazas:

 

* Viernes 27 de noviembre a las 1:53:49 p.m. “Trabajar en justicia y paz (sic) de sapo pueden ganar plata, pero la vida esta un pie en la casa y otro en el cementerio, no amenazamos solo advertimos gracias. 1:53 p.m. “y juisio (sic) mucho juicio (sic)”

 

* Domingo 29 de noviembre a las 8:40: a.m. “Como se están (sic) portando los niños? Y que están (sic) haciendo? OJO cerradito el pico se ven mejor. un abraso (sic) y un vesote (sic). ya saben…!”

 

Días antes, en Dabeiba Antioquia, debido a nuestras Constancias, las que seguimos escribiendo luego de 12 años de estar allí, pues las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario tampoco, ahora referidas a las operaciones de exterminio y persecución sobre la población a quien se concibe como deshecho por parte de estructuras paramilitares que operan con el consentimiento de la fuerza pública; así como, la serie de constataciones sobre los mecanismos perversos de operación de la brigada 20 en La Balsita y en el entorno de Dabeiba, que son una infracción clara al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, sectores del gobierno local y la fuerza pública ha desvirtuado nuestros fundamentos fácticos de tales violaciones con operaciones de ocultamiento, de presión y psicológicas sobre la población civil y los integrantes de la Comunidad de Vida y de Trabajo de La Balsita, así como la intimidación sobre una de nuestras defensoras de derechos humanos.

 

Jueves 26 de noviembre hacia las 2:00 p.m., LUZ MARINA ARROYABE, integrante de nuestra Comisión de Justicia y Paz, junto con MARCELA MONTOYA y RODRIGO MONTOYA miembros de la Comunidad de vida y de Trabajo fue abordada por tres militares adscritos a la Brigada 20 del Ejército cuando se dirigían en un vehículo de servicio público de la vereda la Balsita hacia el perímetro urbano de Dabeiba.

 

El capitán MOTA, luego de precisar las organizaciones a las que pertenecían, afirmó sobre LUZ MARINA y sobre nuestra Comisión de Justicia y Paz: “doña Luz Marina usted es la que está en cabeza de esto. Yo ya había oído hablar de usted y quería conocerla personalmente, y es como el espíritu santo, se conoce pero no se ve y hoy 26 de noviembre por fin la conozco. Esa Comisión de Justicia y Paz hizo una denuncia, yo la tengo me la leí completica, son como 8 páginas y dicen algunas cosas que son verdad, otras son calumnias y otras se las inventan. Por ejemplo, lo de la vaca, que ustedes dijeron que la robamos y yo tengo el recibo firmado por el señor que comprueba que la compramos por seiscientos mil y que demuestra que lo que ustedes dicen es mentira. Ustedes denuncian todo lo que hace el ejército, pero lo que hace esos bandidos si no lo denuncian, hay tres civiles muertos por minas, tengo dos hombres heridos, aquí amenazan que no pueden andar de seis a seis y eso si no lo dicen, yo no lo he leído en ninguna parte”.

 

Hacia las 2:45 p.m. el militar ordenó al conductor encender el vehículo, y a los pasajeros, entre ellos LUZ MARINA a subirse. Al despedirse, en son de burla, manifestó: bendiciones.

 

Coincidencialmente, en la ciudad de Bogotá a través de medios radiales y de televisión, y en escenarios públicos como el Congreso de la República, nuestra Comisión de Justicia y Paz ha sido objeto de graves acusaciones por parte de sectores empresariales, beneficiarios del paramilitarismo, cuando no ellos, paramilitares, quiénes a través de afrocolombianos pretenden encubrir los métodos de terror, sus estrategias fraudulentas, ilegales y arbitrarias con los que continúan desarrollando los agronegocios de palma, de banano, forestales, así como los de extensión ganadera.

 

Algunos de los voceros que dicen representar los intereses de los afrocolombianos son los que han usurpado la representación legal del Consejo Comunitario de Curvaradó, han suscrito acuerdos ilegales con los empresarios, han cometido el delito de fraude procesal, han participado en la fachada de legalidad para la ilegalidad en el despojo de tierras, ofician como falsos testigos contra nuestra Comisión de Justicia y Paz, son parte de los montajes judiciales y mediáticos con los que se pretende defender al general ® RITO ALEJO DEL RIO ROJAS, participan dentro de las arbitrarias operaciones de desalojo de los legítimos dueños del territorio colectivo y de una cruzada racista contra las mismas comunidades negras y mestizas.

 

Miércoles 18 de noviembre en horas de la mañana el programa “La hora de la Verdad” en la emisora Radio Super, el ex Ministro FERNANDO LONDOÑO HOYOS, entrevistó a JAIME BEITAR, afrodescendiente del río Domingodó, de la que transcribimos algunos apartes:

 

Ex Ministro LONDOÑO: “, Habla de la situación de los negros de la comunidad del Bajo Atrato, afrodesendiente dicen ahora no se que en que haga la diferencias esto no tiene importancia lo importante es lo que se piensa lo que se, trabaje, lo que haga, unas comunidades de paz y unos curas y unas ONGs que atropellan a estos afrodesendiente sin compasión allá en el Bajo Atrato, y cada vez se inventan cosas peores y tienen mas artificios y nadie le pone orden al asunto…Cuéntenos como va la situación de ustedes allá?

 

JAIME BEITAR: “Mi doctor muy grave por que la comisión de Justicia y Paz se ha venido entrometiendo en nuestros asuntos de comunidades negras y el Estado colombiano no está haciendo nada. Nos amenazan y también a los líderes, inclusive que nosotros tenemos, estamos amenazados por la misma Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, hoy en día nos encontramos objetivo militar de las FARC. la señora Teresa de Huertas y la (sic) Roció Venegas que trabaja en le Ministerio del Interior tiene nexos directamente con la guerrilla por que andan amenazando a las comunidades negras para darle el territorio a los mestizos”.

 

Ex Ministro LONDOÑO: ¿Teresa de Huertas es negra o es blanca o es mestiza o que es?

 

JAIME BEITAR: Es blanca, ella es blanca,

 

Ex Ministro LONDOÑO: ¿Blanca y amiga del cura Giraldo, entonces?

 

JAIME BEITAR: Amiga del cura Giraldo y Danilo Rueda y Abilio Peña.

 

Al cierre de la entrevista el ex ministro LONDOÑO aseveró: “Bueno, estos son los negros de allá perseguidos, ultrajados arrinconados, por quiénes? Por la Comisión Intereclesial que tiene un negocio montado allá, que reciben dineros muy importantes de Europa, porque tiene un poco de europeos convencidos que ellos son los defensores de los afrodescendientes. Ahí los tienen contra la pared y les traen gente de otras regiones del país que son los amaestraos por el padre De Roux y del padre Javier Giraldo, para hacer contacto con las FARC para acabar con los negros y negros de verdad, que son las personas oriundas de esa zona, de la que están siendo otra vez desplazados y perseguidos, pero no hay quien los detenga.”

 

Esta campaña de señalamientos estuvo antecedida por hostigamientos y señalamientos contra integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz en el Curvaradó.

 

Miércoles 25 de noviembre durante varias horas un grupo de personas, en inmediaciones del Ministerio del Interior y Justicia realizó una manifestación con pancartas en las que se lee:“El territorio colectivo es de los negros no de la ONG Justicia y Paz”, “somos víctimas del terrorismo humanitario” y “Las Zonas Humanitarias son refugio de las FARC”.

 

Sábado 28 de noviembre en horas de la mañana, en la segunda emisión del Noticiero Nacional de Cable Noticias publicaron la nota titulada: “Nueva Protesta: continúa el drama de las 50 familias por la expropiación de sus tierras a través de la ONG Justicia y Paz”. En este mismo sentido se había publicado una anterior nota el pasado 21 de noviembre en la que titulaban: “Representante de 50 familias afectadas protestan ante el Ministerio del Interior, reclaman sus tierras arrebatadas por Ong y la guerrilla con complicidad del gobierno”. En las dos oportunidades intervino el afrodescendiente, HERNANDO OLIER, vinculado al grupo vocero de empresarios comprometidos con el despojo de tierras para palma aceitera, ganadería extensiva y plátano en el Curvaradó y Jiguamiandó.

 

Miércoles 2 de diciembre en el “1er Foro sobre la población desplazada en Colombia»auspiciado por el senador VICTOR VELÄSQUEZ, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y el Instituto de Altos Estudios Europeos (IAEE), intervinieron los afrodescendientes MANUEL MOYA LARA, GERMAN MARMOLEJO y JAIME BETAR.

 

GERMAN MARMOLEJO señaló: “(…) el problema más grave que tiene la comunidad de estas cuencas es las ONG de Justicia y Paz que ha querido usurpar los derechos de estas comunidades. Funcionarios del Estado han ido allá a nuestra zona y han visto como mantienen, en las condiciones que mantienen a las personas de que viven en esas zonas humanitarias, no tienen ningunas otras condiciones, no les permiten acceder a la educación, allá hay niños de más de 7 años que no van a la escuela, no les permiten recibir salud si van los funcionarios de gobiernos locales de Secretaria de Salud a llevar programas de vacunación son rechazados en las puertas con alambres, ¡!! con alambres, con los cuales encierran a los animales, por que es alambre de púa que chuza que ya no lo colocan en la ganadería, y hay un alambre. Sin embargo, estas personas de las comunidades bajo el pretexto de estas ONG y estas zonas humanitarias los mantiene cercado con alambre y hay prueba de ello, lo hemos denunciado nacional e internacionalmente ante los organismos del Estado y no hay ninguna respuesta positiva frente a ese tema”.

 

Por su parte JAIME BEITAR manifestó: “En el Consejo Comunal en Quibdó, número 211, también le pedí al señor presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, sáquenos estos bandidos del Urabá antioqueño y del Darién chocoano, porque no queremos falsas ONG como Justicia y Paz, Brigada Internacional y PBI; por qué, porque están mandando a matar a los afrocolombianos Justicia y Paz, como Javier, el padre Javier Giraldo, como Abilio Peña y Danilo Rueda. Esa ONG hoy en día se ha venido enriqueciéndose a costillas del dolor ajeno. Van a Europa a pedir euros y diciendo que son representantes de la población desplazada afrocolombianas, eso es mentira porque en ningún momento nosotros les hemos dado documentos autenticados por la notaría”. (…) La ONG Justicia y Paz ha venido violando el derecho humano y el derecho internacional humanitario, en las zonas humanitarias ha venido protegiendo guerrilleros. Y por último señor de las naciones europeas no le den más recursos a estos bandidos de la ONG Justicia y Paz, al padre Javier Giraldo y a Danilo Rueda porque ellos están mandando a matar a los desplazados que no están con ellos”.

 

Evidentemente que la negativa gubernamental a comprender la labor legal y legitima de las y los defensores de derechos humanos como posibilidad de configuración de una democracia, cuestionada por ALVARO URIBE VÉLEZ, no hacen más que validar, dar piso de legitimidad a intereses espurios, a los intereses criminales que se ocultan bajo el discurso del “progreso”, del “desarrollo” y de una simulada expresión comunitaria que está permeada y es usada por esos factores de poder infestado de sangre, de corrupción. Todo es una cualificación del pasado a través de los montajes judiciales y de la estrategia mediática que desde el 2003 en la combinación DAS, empresas privadas, paramilitares han intentado minar la credibilidad de nuestras afirmaciones, condenarnos injustamente a la prisión o más allá de eso, silenciarnos.

 

Después de una dilación injustificada nuestra Comisión de Justicia y Paz fue aceptada como parte dentro de alguno de los procesos judiciales que se adelantan por las interceptaciones ilegales de las que ha sido objeto por agentes del DAS. Operaciones apoyadas y en coordinación con la abogada JOHANA CABEZAS, parte de la estrategia mediática e ilegal de la empresa Maderas de Darién Pizano S.A, para desvirtuar las acusaciones por sus operaciones ilegales en Cacarica apoyada por estructuras paramilitares y de la brigada 17.

 

En el marco del derecho a la verdad, el ejecutivo en cabeza de ALVARO URIBE VËLEZ, a través de su Secretario Jurídico, EDMUNDO DEL CASTILLO y en particular el DAS, al Derecho de Petición, instaurado respondió el lunes 3 de agosto de la siguiente manera:

 

“la información que posee el DAS es reservada de manera que no es procedente facilitar la consulta de los documentos que tiene en sus archivos o expedir copia de los mismo a cualquier persona”. Concluye con una advertencia de posibles consecuencias legales, en la mencionada respuesta: “me permito manifestarle que la anterior información, debe ser tratada con la reserva legal correspondiente, y su utilización es de absoluta responsabilidad de la persona solicitante, razón por la cual el manejo indebido de la misma, causará las sanciones previstas en la ley ” .

 

Martes 8 de diciembre a las 4:30 p.m., nuestra Comisión de Justicia y Paz fue informada de las presiones que sobre algunos conductores de transporte terrestre, que presta servicios en Chigorodó, Belén de Bajirá, se ha realizado por parte de paramilitares y empresarios, para que cesen de prestar sus servicios a observadores de derechos humanos, ambientalistas y religiosos que estén relacionados con los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodoiversidad en Curvaradó y Jiguamiandó. La advertencia fue dada a conocer de manera verbal a algunos conductores, quienes manifestaron temor de seguir prestando este servicio a nuestra Comisión de Justicia y Paz. En la llamada el hombre que se comunicó manifestó que por su parte, él no prestaría más su servicio.

 

A estos hechos de amenazas, señalamientos e impedimentos para acceder a la información que reposa en los archivos del DAS, en desarrollo de su trabajo de “inteligencia ofensiva” en contra de nuestra organización, se suman hostigamientos en contra de GERMAN ROMERO, abogado de nuestra Comisión, quien representa, entre otras, a las comunidades del bajo Atrato en el proceso penal que se adelanta por el delito de desplazamiento forzado, usurpación de tierras y crímenes ambientales en contra de varios empresarios de la Palma.

 

El sábado 18 de abril a las 11:00 a.m. en Belén de Bajirá, cuando GERMAN ROMERO y SARA MEJIA abogados de nuestra Comisión de Justicia y Paz , se dirigían de Belén de Bajirá a Chigorodó, varios civiles en motocicletas vigilaron a los defensores de derechos humanos.

 

Minutos después policiales les señalaron, y en el reten ubicado en el cementerio de Belén de Bajirá a GERMÁN y SARA les fueron solicitados sus documentos de identificación. A GERMAN le requisaron su maleta, y le preguntaron en reiteradas ocasiones, si él era el abogado del caso de La Tukeka, luego de 10 minutos le permitieron seguir la marcha.

 

20 minutos después, a la altura de la hacienda “No te canses”, ubicada en Nuevo Oriente, los defensores de derechos humanos observaron que estaban siendo objeto de seguimiento por dos paramilitares que se movilizaban en una moto DT 175 sin placa, sin cascos, sin chalecos de identificación, uno de ellos armado.

 

El domingo 21 junio hacia las 11:00 a.m., en la comunidad de Caño Manso en Curvaradó un militar de la Brigada 15 manifestó señalando al defensor GERMAN ROMERO, “ese es el abogado del Palacio de justicia”. Ese día los militares hicieron registros fotográficos de los miembros de la comunidad y de las y los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión.

 

La realización de la labor de defensa de derechos humanos en Bogotá ha estado sometida a acciones operacionales arbitrarias por parte de organismos de seguridad.

 

Viernes 16 de octubre el abogado GERMAN ROMERO, mientras en la sede de la Policía de Teusaquillo, preguntaba por la suerte de los estudiantes detenidos por una manifestación en la Universidad Nacional de Colombia, fue filmado junto a otros defensores de Derechos Humanos, por varias personas desconocidas una de ellas haciéndose pasar por estudiante de la Universidad Nacional. Otra persona, que se encontraba de civil, al lado del funcionario de la policía de apellido GUZMÁN, que se identificó como miembro de inteligencia realizó varias tomas de video, fotos y reseñas verbales sobre GERMAN ROMERO.

 

Nuestra constancia histórica ante la ausencia de garantías para defender, promover la defensa de los derechos humanos, el derecho humanitario y los DESC, por la ausencia de operaciones de extirpación de las lógicas de “enemigos internos” al interior de las fuerzas públicas y su consentimiento con operaciones criminales encubiertas de tipo paramilitar.

 

Nuestra Constancia histórica y Censura ética ante la inacción del aparato judicial en el esclarecimiento, en la sanción de quienes desde la institucionalidad están fomentando la comisión de crímenes de lesa humanidad y la tolerancia, la aquiescencia, la complicidad con operaciones paramilitares. Nuestra Censura ética ante las operaciones empresariales que en medio de la zozobra de las poblaciones indígenas y mestizas, de la militarización de su territorio, desconocen el derecho a la consulta, el derecho a decidir sobre su existencia y su ocupación en el presente y el futuro e implementan operaciones extractivas y agronegocios.

 

En el último año y medio a través de NUBIA y JHON JAIRO, nuestra Comisión de Justicia y Paz ha acompañado los aspectos psicosociales, agroecológicos, pedagógicos y espirituales de las iniciativas de la población, su papel humanitario, solidario ha ido acarreando riesgos y graves señalamientos. De su idoneidad, de su labor transparente dan testimonio las mismas comunidades, las misiones religiosas, las delegaciones de los Estados Unidos, los integrantes de la Comisión Ética del Movice.

 

Nuestra Censura ética ante el hecho de negar la posibilidad de defender de los derechos humanos, de promoverlos, y a través de estas amenazas, vulnerar las iniciativas que los habitantes de Puerto Guzmán, de Puerto Asís, vienen desarrollando en medio de la persistencia del conflicto armado, de intereses empresariales y privados que colocan en riesgo la biodiversidad y los ecosistemas existentes y que han negado el derecho a la consulta y el derecho a decidir sobre su presente y su futuro a los sectores rurales.

 

En menos de dos años, nuestra Comisión de Justicia y Paz ha sido objeto de amenazas por este medio, obligando a salir de la región del bajo Atrato a un grupo de 6 defensores y defensoras de derechos humanos y del bajo Naya a un grupo de 3 defensores, sin que haya existido una investigación pronta y eficaz de la Fiscalía General de la Nación, tendiente a identificar los responsables de las llamadas; de la misma manera, el gobierno nacional no ha adoptado medidas diligentes para generar garantías a las y los defensores de derechos humanos.

 

En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional solicitamos se nos informe y se actúe en conformidad con sus responsabilidades institucionales con:

 

1. ¿Qué se conoce del propietario de los números 3103958587- 3206694866 del que se amenazó a 6 integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz en el bajo Atrato? Este propietario está vinculado a alguna acción penal?

 

2. ¿A quién corresponde el número 313 685 87 10 desde el que se amenazó a los defensores de derechos humanos que acompañan en Putumayo?

 

3. ¿Quién es el propietario del número 3148940872 desde el que se amenazó a los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz en el Naya?

 

4. ¿Qué medidas eficaces de tipo político, físico y material se van a adoptar para posibilitar que nuestra Comisión de Justicia y Paz continúe su labor legítima de protección y defensa integral de los derechos humanos en Putumayo, el bajo Naya y el bajo Atrato?

 

5. ¿Qué investigaciones se han abierto a raíz de la comunicación telefónica conocida entre el General ® RITO ALEJO DEL RIO y el ex ministro FERNANDO LONDOÑO, tendiente a desprestigiar a nuestra Comisión de Justicia y Paz http://www.noticiasuno.com/noticias…? ¿Quién realizó la grabación? ¿Con qué fines?

 

6. ¿Cuál investigación se ha abierto contra los llamados “negritos” por parte del General RITO ALEJO DEL RIO, entre ellos, MANUEL MOYA LARA, ADAN QUINTO MOSQUERA, GRACIANO BLANDON y JAIME BEITAR, por su participación en estrategias para obstruir la acción judicial, con falsa denuncia, encubrimiento de crímenes y de beneficiarios de operaciones criminales?

 

7. Es en contra la ley dar a conocer los contenidos de respuestas del DAS a derechos de petición? En razón de qué fundamento legal?

 

Es evidente que la impunidad ha propiciado la instauración de este desordén o constitución de un estado que va siendo él mismo en contra derecho.

 

En virtud de las Medidas Cautelares resueltas a favor de las y los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, requerimos con urgente se nos brinde de manera escrita y en una reunión antes de terminar este año a las preguntas formuladas y se convoque de manera urgente una reunión con el ViceFiscal General de la Nación FERNANDO PAREJA REINEMER.

 

A las omisiones y actuaciones del ejecutivo, la impunidad en la toma de decisiones judiciales en derecho está propiciando la consolidación de un Estado al amaño de estructuras criminales en lo político, lo económico y lo socio cultural.

 

Con profunda preocupación,

 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

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