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OPINIÓN: Las víctimas nunca fueron el epicentro de la paz

Alfonso Castillo

Defensor de los Derechos Humanos, vocero nacional del Movice.

 

Se están conmemorando 5 años de la firma del acuerdo final de paz (AFP), un acontecimiento sin duda extraordinario e histórico, qué le brindó a la sociedad colombiana la inmensa posibilidad de poner fin a un largo y doloroso conflicto armado interno, que afectó en múltiples dimensiones a Colombia. Y aunque la consolidación de la Paz, pareciera esquiva, es importante considerar que a través de la firma del acuerdo final de paz se abre un escenario muy importante para construir una nueva realidad social, política y económica para el país, lo cual por supuesto pasa por desatar toda la imaginación, la creatividad y la audacia tanto del gobierno y las instituciones, como  también de manera particular, de distintos sectores sociales sí de lo que se trata es de construir la anhelada paz.

Una vez firmado este importante acuerdo, ninguna autoridad en el país debiera poner excusas para no comprometerse al diseño de las acciones que permitan la transformación de la sociedad colombiana, porque el acuerdo final de paz tiene la fuerza constitucional qué permite a todas las autoridades del país actuar para superar todas las causas que generaron el conflicto armado en Colombia, es decir impulsar una vigorosa agenda social, prevalida procesos de participación ciudadana, para lo cual el acuerdo mismo traza los lineamientos generales sobre los cuales se puede emprender este nuevo rumbo especialmente en aspectos como la reforma rural integral, las transformaciones democráticas, los derechos de las víctimas, entre otros aspectos mencionados en esta herramienta de transformación.

Adicionalmente es importante señalar entre los logros de la firma del acuerdo final de paz, se ha constituido en un liberador de nuevos escenarios para que el movimiento social y popular coloque en su agenda inmediata la lucha por derechos por tantos años no cumplidos.

Igualmente y cómo lo hemos observado en los últimos años el acuerdo final de paz ha permitido el incremento de la movilización social, lo cual se ha demostrado en las gigantescas movilizaciones que el país ha visto después del paro nacional del 21 de noviembre del 2019 y que ha tenido entre otros momentos el más reciente capítulo de indignación y rebeldía en las potentes movilizaciones en todo el país a partir del 28 de abril del 2021, y que se prolongaron cerca de 90 días, con las que se mostró qué la sociedad perdió el miedo, al menos se sintió en la obligación de salir a las calles a exigir las transformaciones y cambios que el país requiere para consolidar la democracia y la superación del conflicto armado.

Desde la perspectiva de las víctimas el acuerdo de final de paz, permitió que la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, se reconocieran como derechos y se convirtieran en una agenda más allá de las víctimas y fuesen apropiadas por el conjunto de la sociedad colombiana, asimismo el país entendió qué la memoria cómo derecho de la sociedad es también parte de un escenario de disputa política e ideológica, qué tiene que enfrentar entre otros aspectos un discurso y una práctica gubernamental que intenta negar la existencia del conflicto y Por ende desconocer la existencia de las víctimas y particularmente la negación a reconocer sus derechos.

No obstante, estos importantes logros y avances qué significa el acuerdo final de paz también es bueno señalar que en la perspectiva de la construcción de un nuevo país hay algunas dificultades qué será necesario tener en cuenta a la hora de construir un horizonte de paz duradera y estable.

En primer lugar decir que Es evidente que un sector de la élite gobernante se opuso y se siguió poniendo desde El poder del estado y el gobierno a la implementación del acuerdo de paz, desde antes de ser firmado declararon su abierta y radical oposición a cualquier intento de poner fin al conflicto, esa oposición, expresa el gran temor a perder los privilegios sociales políticos y económicos obtenidos en el marco de una guerra de la cual se beneficiaron Y que ahora ven en La Paz una amenaza y por ello la atacan con múltiples argumentos, ellos temen que, el país conozca su participación, tanto en el diseño de la estrategia de guerra de despojo, como en la financiación de la misma y la obtención de poder económico, apropiándose de tierras y territorios de comunidades, entraña múltiple riquezas. Tienen temor a la verdad y por ello descalifican el papel que juegan instituciones creadas en el marco del acuerdo final de paz.

También se constituye en una dificultad para construir La Paz, el avance de un modelo económico sustentado en la desigualdad, en el despojo y en la profundización de la pobreza, exclusión y la violencia, En todo caso no hace cosa distinta que reproducir las causas que originaron el conflicto armado en Colombia.

Y a pesar qué cómo se ha visto en las más recientes movilizaciones en las que la ciudadanía y especialmente los jóvenes desafiaron el miedo impuesto desde las élites que quieren prolongar la guerra, la sociedad colombiana sigue enfrascada en la trampa del miedo que impide ver las oportunidades qué significa apostar por la construcción de la paz, para lo cual los medios masivos de desinformación, propiedad de esas élites corruptas y violentas, papel intimidante y en todo caso contrario a la construcción de democracia y libertades.

Un aspecto importante para referir desde la perspectiva de las víctimas y qué hace parte de esos incumplimientos al acuerdo de paz es el poco o casi nulo avance de la implementación del punto 1 del acuerdo final de paz referido a la reforma rural integral, que no ha permitido una transformación de la estructura de la propiedad de la Tierra, la negativa también a reconocer al campesinado como sea visto recientemente como un importante actor social necesario para el desarrollo del país, no ha sido posible que se reconozca y se le dé, estatus a las zonas de reserva campesina y los planes de desarrollo con enfoque territorial que pudieran ser una opción de desarrollo y superación del conflicto en amplias regiones del país donde esté afecto e impidió el desarrollo de las potencialidades productivas del campo no han sido posibles más allá de los enunciados y los anuncios de prensa.

A la hora de hablar de los 5 años de la implementación del acuerdo de paz hay que decir que tanto el gobierno de Juan Manuel Santos y particularmente el gobierno de Iván Duque es un gobierno perdido para la paz, este último ha actuado con mezquindad, siempre en tono es sabotaje a la implementación y cumplimiento de lo pactado, desarrollando una política paralela para negarle la oportunidad al acuerdo y aparecer ante la comunidad nacional e internacional como comprometido con la paz, pero que en últimas no hace cosa distinta que ir en contravía de su construcción.

Para las víctimas del conflicto armado el acuerdo final de paz a significado una batalla permanente entre la esperanza y el anhelo de paz qué se anuncia y se insinúa en el acuerdo, y el desencanto de una política pública que va en contravía tanto de los derechos de las víctimas del conflicto, cómo están manoseada expresión “las víctimas en el centro de la construcción de la paz”.

La esperanza por supuesto estás entrada en una institucionalidad establecida con enfoque de derechos y reconocimiento a la participación de las víctimas a través del sistema integral de verdad justicia reparación integral y garantías de no repetición a través del cual, se conforma un escenario qué es de la jurisdicción especial para la paz, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y especialmente de la comisión para el esclarecimiento de la verdad, se constituyen en una voz de aliento y satisfacción, por cuánto ellas han permitido la participación de las víctimas, en los procesos judiciales y en los casos que se investigan y documentan, y también por los logros significativos en la identificación y protección de lugares donde presuntamente se encuentran personas dadas por desaparecidas. Ahora las expectativas se colocan en la publicación del informe de la comisión de esclarecimiento de la verdad, y el anhelo de muchas víctimas de que esté se convierta en un instrumento que permita, conociendo la verdad de lo que sucedió en el conflicto darle una oportunidad al país de tomar un nuevo rumbo.

Sin embargo, viendo este un aspecto promisorio, no lo es el cumplimiento del acuerdo final de paz en otros aspectos, como por ejemplo las modificaciones a la ley 1448 o ley de víctimas, cuáles nunca se hicieron, y por el contrario las víctimas han venido asistiendo a un sutil desmonte de esta, y a un franco retroceso en la política pública de reparación integral a las víctimas, las cuales ven cada vez más lejos la posibilidad de acceder a una precaria indemnización,  y muchísimo menos a una restitución de tierras despojadas.

Otro aspecto de la burla a los derechos de las víctimas, es el largo camino que tuvo que recorrer sé de impedimentos, y obstáculos para que por fin se reconociera y se reglamentara las 16 curules para las víctimas, qué recientemente, se reglamentaron, pero con una serie de inconsistencias que justamente se constituyen en barreras de acceso para las víctimas, y la posibilidad de que eventualmente ellas sean asaltadas por sectores vinculados a la política tradicional e incluso no necesariamente comprometidos con la construcción de la paz.

De esta manera, los 5 años de la firma del acuerdo de paz, sitúan a las víctimas en una condición compleja, Por cuánto hay una potencialidad que permitiría si existiese la voluntad política del gobierno, en múltiples escenarios del estado así como de la sociedad de darle la chance a la paz, a través de ella el impulso de una política pública que permita por fin alejar del país el demonio de la guerra, y con ello detener los asesinatos a líderes y lideresas, masacres, estigmatización y amenazas, los desplazamientos, que hoy por hoy siguen por cuenta de los discursos y prácticas guerreristas que desde el gobierno se imponen, llenando de tristeza, dolor, y miedo amplias zonas del país.

Pero por supuesto siempre está la esperanza, esa, qué ve, en las movilizaciones de la indignación, la ventana de oportunidad para que el país cambie de rumbo, y nos permitamos construir desde nuevas voluntades políticas, un pacto para implementar de manera decidida, continua y financiada la paz duradera y estable y que anhelan las mayorías del país, y debemos heredar a las nuevas generaciones.

 

Bogotá, 24 de noviembre de 2021.