La Corporación Jurídica Yira Castro y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, representantes de las víctimas de la masacre del Tandil, nos permitimos comunicar que producto de la incansable lucha de las víctimas de estos hechos, el día 03 de noviembre de 2020 fuimos informados por parte de la Dirección Especializada contra las violaciones a los derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación, del concepto evaluativo en el cual se establece que la investigación por estos hechos “debe ser nuevamente asumida por la Justicia Ordinaria en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y si se considera pertinente por un Fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los derechos humanos”, por lo cual se oficiará a los Juzgados 91 y 182 de la Justicia Penal Militar para que remitan las diligencias a la jurisdicción ordinaria y se proponga el conflicto positivo de competencias.
La masacre de El Tandil, considerada la primera masacre después de la firma de los Acuerdos de Paz tuvo lugar el 05 de octubre de 2017 mientras la comunidad campesina se encontraba manifestando en contra de la erradicación forzada y violenta de sus cultivos, en la vereda Tandil del municipio de Tumaco, Nariño, cuando fueron atacados por la fuerza pública.
Por estos hechos la Fiscalía inició investigaciones por los delitos de homicidio agravado y lesiones personales en contra del Capitán de la policía Javier Enrique Soto García y el mayor del Ejército Luis Fernando González Ramírez, comandantes de los pelotones adscritos a la Quinta División y núcleo Delta Policía Nacional; sin embargo este proceso fue trasladado a la justicia penal militar el 22 de agosto de 2019, en medio de audiencia de acusación a la que no fueron convocadas ni las víctimas ni sus representantes, argumentando que los hechos tuvieron lugar en el marco de una orden de operaciones por lo que era competente la jurisdicción penal militar.
A un año del abrupto cambio de jurisdicción, la Fiscalía anuncia que solicitará reasumir la competencia en la investigación de estos hechos, en respuesta a las peticiones y exigencias de las víctimas de la masacre y de las organizaciones acompañantes y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado quienes además se manifestaron con acto simbólico y de memoria el pasado 8 de octubre de 2020 en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, para exigir justicia por esta y otras 132 masacres que han ocurrido en nuestro país tras la firma del acuerdo de paz.
Requerimos a la Fiscalía General de la Nación para que con celeridad a envíe las comunicaciones a la justicia penal militar pidiendo la competencia y en caso de una respuesta negativa, proponga el conflicto positivo de competencias ante el Consejo Superior de la Judicatura para que la investigación continúe en la justicia ordinaria y se avance certeramente en un proceso judicial donde las víctimas puedan tener garantizados sus derechos a la verdad, justicia y garantías de no repetición.