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Ramón Isaza no ha cumplido con la verdad: víctimas

Luz Mery Velásquez, madre de una hija, cuyo esposo fue desaparecido forzosamente en el municipio de Norcasia, Caldas, en 2001. Recuerda que a Julián Emilio Cataño Carmona, ingeniero de Suelos y que trabajaba en la hidroeléctrica La Miel 1 dice que aunque Isaza confirmó que uno de los frentes que él comandaba asesinó a Cataño, a ella no la han reparado. “No se han adelantado suficientes investigaciones para saber la verdad de lo que pasó y quienes participaron”, recalca Luz Mery.
 
A Ramón Isaza, Justicia y Paz decidió concederle libertad condicional al considerar que cumplió con su compromiso con las víctimas tras ocho años entre rejas y contribuyó en sus versiones libres a la reparación. Pero la Fiscalía 64 Especializada de Antioquia se pronunció antes de que saliera de la cárcel pues Isaza debe responder por la muerte de Pedro Antonio Orozco y Arnulfo de Jesús Gómez, ocurridas en 2002 en Sonsón Antioquia.
 
Los representantes de las víctimas exigen que a este exjefe paramilitar lo excluyan de Justicia y Paz pues el requisito para que pudiera acceder a la pena alternativa de cinco a ocho años de cárcel y al ser juzgado por justicia transicional era cumplir con la verdad y no fue así. 
 
Como ejemplo está el caso de la vereda La Esperanza, del municipio del Carmen del Viboral en Antioquia, donde desaparecieron 16 personas, incluyendo tres niños, y asesinaron otra en 1996. 
 
En diciembre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió que integrantes de las Fuerzas Armadas coordinaron los operativos junto con los paramilitares en la vereda La Esperanza debido a que señalaban a las víctimas como campesinos que colaboraban con grupos guerrilleros presentes en la zona. 
 
En sus versiones libres, Ramón Isaza lo confirma y además asegura que no estuvo en la zona durante el hecho, testimonio que se contradice con lo expresado por otros paramilitares que han sido investigados y afirman que él estuvo con ellos en un vehículo.
 
En este caso la Fiscalía sólo vinculó al Mayor del Ejército, Carlos Alberto Guzmán Lombana. ‘Isaza siempre buscó responsabilizar militares que ya están muertos como el general Alfonso Manosalva, familiares suyos o paramilitares del Bloque del Magdalena Medio que también fallecieron, para evadir su responsabilidad’ sostiene Adriana Arboleda, abogada y defensora de derechos humanos de la Corporación Jurídica Libertad.
 
Esto abre nuevamente el debate frente de la efectividad de la justicia transicional al otorgar beneficios a postulados que no se han comprometido seriamente con la verdad y el esclarecimiento histórico. 
 
Los familiares de las víctimas de la vereda La Esperanza siguen esperando conocer el paradero de sus seres queridos y que el Estado dignifique sus derechos investigando a profundidad e identificando a los autores intelectuales y materiales teniendo en cuenta los vínculos y patrones del accionar paramilitar.
 
“Reparar a la comunidad es difícil. La gente ya no confía en la seguridad que ofrece el Estado. Todavía se siente el temor, no volvimos a ser como antes, porque quedaron muchos traumas. Como no enterramos a nuestros familiares, no hemos asimilado que están muertos, eso sicológicamente nos afecta, no estamos bien” dice un familiar de uno de los desaparecidos cuyo nombre no quiere revelar por motivos de seguridad.

Por: Manuela Gónima, especial para El Espectador

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/ramon-isaza-no-ha-cumplido-verdad-victimas-articulo-611585