En nuestra 12° visita entre el 27 y el 29 de noviembre de 2012 fuimos parte de una Comisión Internacional de Verificación sobre los daños derivados del taponamiento del río Jiguamiandó y las repercusiones de los trabajos no autorizados de la compañía Maderas del Darién-Pizano S.A. que afectan estructuralmente los territorios colectivos de Curvaradó, Jiguamiandó y Vigía de Curvaradó.
Del 26 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2012 tres integrantes de la Comisión Ética de Argentina, Francia Y EEUU visitamos el bajo Atrato, departamento del Chocó.
En nuestra 12° visita entre el 27 y el 29 de noviembre de 2012 fuimos parte de una Comisión Internacional de Verificación sobre los daños derivados del taponamiento del río Jiguamiandó y las repercusiones de los trabajos no autorizados de la compañía Maderas del Darién-Pizano S.A. que afectan estructuralmente los territorios colectivos de Curvaradó, Jiguamiandó y Vigía de Curvaradó.
Entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre participamos junto a representantes de 20 comunidades organizadas en la red de alternativas contra la impunidad y la globalización de los mercados en el 6to Movimiento por la Vida en el Territorio. Asistimos entre otros a un acto de dignificación y de reconstrucción de la memoria colectiva accediendo a lugares donde se desarrollaron bombardeos en el marco de la operación “Génesis” hace 15 años, lugares a los que la Fiscalía General de la Nación no ha ido a tomar pruebas técnicas. Igualmente participamos en un encuentro de intercambio de experiencias en Cacarica.
Durante nuestra visita constatamos la gran capacidad de reconstrucción de la memoria colectiva para dar sentido a un presente y futuro en que las comunidades constatan la ausencia de respuestas eficaces e integrales del Estado para proteger su vida e integridad, los derechos territoriales y las demandas de verdad, justicia y reparación integral.
A pesar de las diversas políticas del presidente Santos como la ley de víctimas y de restitución de tierras que ha sido reconocida como de un gran valor por el Sistema de Naciones Unidas, existen serios cuestionamientos en su implementación, además, de serias limitaciones en sus contenidos. Las comunidades despojadas demostraron con pruebas que hay un abismo entre la ley y la realidad. La llamada restitución queda simplificada al reconocimiento legal de titularidad, no necesariamente a la devolución de la tierra para su uso, y desconoce los daños integrales que deben ser reparados como los bienes muebles e inmuebles, entre otros.
La comisión de verificación al Curvaradó y Jiguamiandó
Un factor común de preocupación ha sido la continuidad de operaciones paramilitares protegiendo a los despojadores, entre ellos empresarios, y la ausencia de medidas eficaces del Estado para enfrentar estas estructuras. Las operaciones de los paramilitares, según los testimonios que identifican con precisión circunstancias de modo, de tiempo y de lugar, se realizan luego de que son anunciadas por agentes de estructuras estatales o son ejecutadas con su consentimiento u omisión con posterioridad. Durante los últimos seis meses ha aumentado el Estado de zozobra, silencio y temor por la militarización y paramilitarización territorial.
Por ejemplo, los miembros de la comunidad del Guamo, territorio colectivo Curvaradó, nos relataron que el sábado 24 noviembre cerca de su comunidad 20 paramilitares abordaron a integrantes del Consejo Comunitario preguntando por el paradero de la guerrilla. Identificándose como paramilitares los hombres dijeron que se dirigirían hasta el cerro Cara de Perro (cuenca del Jiguamiandó) para enfrentarse con la guerrilla. Amenazaron a la población advirtiendo que si denunciaban su presencia en el lugar sufrirían las consecuencias “ustedes no han visto nada” y “limpiaremos de rateros de la zona”.
El 28 de noviembre a la 1:00 p.m., en El Guamo, Curvaradó, un paramilitar abordó a miembros del consejo comunitario de este territorio preguntando la distancia que había hacia la comunidad de Despensa Baja y sobre la presencia de la insurgencia en el área. El paramilitar aseveró que era integrante de los paramilitares de las Autodefensas Gaitanista y que debían acostumbrarse a su presencia permanente en el lugar.
El 29 de Noviembre, la Comisión Ética fue informada que las estructuras paramilitares que actúan en el territorio de Curvaradó y Jiguamiandó realizarían un asesinato colectivo. De acuerdo con la fuente, que por temor, se negó a dejar conocer su nombre públicamente, esta operación es financiada por los ocupantes de mala fe y se ejecutará los próximos días del mes de diciembre.
Durante la visita, la Comisión Ética constató la construcción de una base militar perteneciente a la Brigada 17, en predios colectivos. De acuerdo con los reportes desde el 17 de septiembre pasado en el caserío de Llano Rico, territorio de Curvaradó, en predios despojados y ocupados de mala fe por Darío Montoya, quien al parecer dio su autorización para la base militar, se inició la construcción de la misma sin autorización y consulta previa de las comunidades afectadas, los verdaderos y legítimos dueños.
Darío Montoya, a través de la sociedad Montoya Zuleta SENC.S. adquirió el predio La Primavera con una extensión de 37 hectáreas y el predio La Esperanza con un extensión de 28 hectáreas. A partir de esos predios, Darío Montoya se extendió sobre territorio colectivo hasta conformar un gran lote de terreno ocupado con una extensión total aproximada de 304 hectáreas. También se destaca la ocupación en el territorio colectivo del predio Buenavista ubicado entre Llano Rico y Cano Claro.
Esta base militar, supuestamente para la protección de las comunidades, se inscribe en la doctrina militar de los Centros de Coordinación de Acción Integral-CECAIS, en las cuales se subordina lo civil a lo militar. En las comunidades que han vivido el terror ejercido por la fuerza pública, violaciones sistemáticas a sus derechos humanos y la convivencia entre estas y los empresarios de mala fe, esta presencia militar aumenta el temor en la población y refuerza dinámicas de control social que afectan la libre expresión y la libre movilización. Un testigo lo expresó claramente “nos va a callar la boca”. Las comunidades temen que van a sufrir nuevos desplazamientos y despojos de tierras por esta situación.
De hecho, en el recorrido del 27 de Noviembre 2012, la Comisión Ética constató en los predios comunitarios de Santa Rosa del Limón y Nueva Esperanza, Jiguamiandó, las huellas de la empresa Maderas del Darien- Pizano S.A de EEUU que canalizó ríos, desertificó e hizo inventario de especies madereables en vía de extinción como el cativo. Según testimonios, hoy en día el taponamiento del rio Jiguamiandó es de 35 kilómetros lo que lleva a la inundación de amplias zonas afectando la seguridad alimentaria. Eso resulta de la inacción de las autoridades estatales que tendrían que licitar una empresa para destaponarlo en claro desacato a la sentencia T-48257 de la Corte Constitucional del 21 de octubre del 2010.
Igualmente constatamos la continuidad de la existencia de cultivos de coca en los territorios de Santo Rosa del Límon, a pesar de las múltiples denuncias ante las autoridades competentes y el control militar sobre esta región.
La 6° Movida por la vida en los territorios
Acto de memoria en la cuenca del rio Salaqui
La Comisión Ética, en su recorrido en la cuenca del rio Salaquí pasó por la comunidad el Tamboral donde fue a verificar los impactos de las bombas y constató varios cráteres – el más grande de ellos teniendo un diámetro de 15 metros – causados por bombardeos del ejército, en concreto de la Brigada 17, en el marco de la operación Génesis del 1997 que causó desplazamiento masivo, y unos cráteres mucho más recientes de un bombardeo en el 2010 poniendo en riesgo nuevamente a la población civil del lugar que había regresado a su territorio a partir del 2000.
Durante esa visita, los miembros de la comunidad del Tamboral afirmaron que los bombardeos del 2010 están relacionados con el proyecto económico de la transversal de las Américas, y que la persecución de la guerrilla era solo un pretexto; situación que ya se había dado en 1997. Ese proyecto de la Transversal no corresponde a las necesidades y formas de relacionarse con la naturaleza de las comunidades, por el contrario, ignora las tradiciones de movilidad arraigados en una cultura fluvial que armoniza con las condiciones biofísicas del entorno y con el contexto socio-cultural de la región.
Así mismo, un miembro de la comunidad nos enseñó una mina anti-personal, al parecer colocado por la fuerza pública, que había encontrado mientras cultivaba su tierra un par de meses atrás. Al final de la visita vimos el estado lamentable del puesto de salud impactado por arma de fuego y unas amenazas escritas en las paredes.
Hay que subrayar que según el testimonio del líder de la comunidad, nunca ha llegado la Fiscalía ni la Defensoría del Pueblo; del Estado solo conocen la presencia militar. Ninguna institución civil investigó esos hechos que quedan en la total impunidad.
Encuentro de intercambio de experiencias en el Cacarica
Las comunidades expresan su respaldo al acuerdo marco de conversaciones entre el gobierno y la guerrilla de las FARC y manifiestan la esperanza de que estas se inicien con el ELN y el EPL. Sin embargo, ellas continúan experimentando abusos de autoridad, violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas militares y de la policía, y la tensión permanente causada por las hostilidades, los enfrentamientos armados en los que en muchas ocasiones se infringe el derecho humanitario. Las comunidades reconocen que la paz es un proceso, que la solución dialogada al conflicto armado es solo una facilitación para un proceso de paz que de ser cierto requiere reformas estructurales.
Las comunidades coinciden en sostener en que el gobierno colombiano tiene compromisos con poderosos intereses económicos privados nacionales e internacionales, desconociendo propuestas y apuestas de distribución de la riqueza que no requerirían de esa entrega de los territorios para operaciones extractivas. Se pretende con la prosperidad democrática la disminución de la pobreza pero en realidad se incrementará la exclusión y la destrucción de fuentes de vida.
Aunque los actores responsables son diferentes, en el sentido que son empresas privadas de nacionalidad diferente (Pacific Rubiales -canadiense-, Maderas del Darién-Pizano SA -Estadounidense-, Perenco -franco inglés-, la Gran Colombia Gold Corp -canadiense-, Anglo Gold Ashanti Colombia -sudafricana- Muriel Mining -canadiense-, etc.) el modus operandi es muy similar para al final obtener un desplazamiento de la población original para desarrollar sus proyectos económicos o para explotar la mano de obra en los territorios.
Este modus operandi puede ser comprendido de la siguiente manera: asustar vía la presencia militar o paramilitar logrando un control social, impedir la producción de los cultivos de la población causando daños al medio ambiente, comprar la voluntad de la gente al ofrecer dinero aprovechándose de las condiciones de pobreza en las comunidades, romper el tejido social al corromper específicamente sus líderes, y si todo ello no tiene éxito se acude a las amenazas directas, asesinatos o desapariciones forzadas. Recibimos testimonios de la fuerte militarización que ha tenido graves afecciones sobre los civiles no sólo en el Bajo Atrato sino en Meta, Calima – Valle, Putumayo y Antioquia.
Existe una lamentable coincidencia entre la militarización y paramilitarización y la definición del uso del territorio para estas operaciones extractivas, agronegocios y obras de infraestructura. Las operaciones empresariales desconocen los títulos colectivos y derechos de las comunidades, imposibilitan la ampliación de titularidades individuales o colectivas así como el reconocimiento de titularidad a quienes han solicitado titulación. Diversos testimonios en tal sentido fueron recibidos de las comunidades del bajo Atrato, de Meta, de Valle, de Cauca, de Putumayo, de Magdalena. Estas operaciones como lo testimonian las comunidades generan graves afectaciones humanas, ambientales, alimentarias y económicas, algunas de ellas irreparables.
Para sobrevivir en medio del conflicto armado en su territorio, las comunidades han desarrollado unas propuestas específicas como son las zonas humanitarias y las zonas de biodiversidad para la protección de la vida y del territorio y medio ambiente respectivamente basándose en el derecho internacional. En aras de una distinción clara como población civil, en estos espacios está prohibida la presencia de las fuerzas militares. Las zonas de biodiversidad sirven para restablecer las maneras tradicionales de cultivar (concretándose, entre otras, en las casa de semillas). Vimos como en todas las comunidades se lleva a cabo un trabajo de memoria para recuperar su historia no solo de los hechos violentos, sino también de sus costumbres, tradiciones en aras de transmitirla a las futuras generaciones, un bonito ejemplo fue la casa de memoria de la zona humanitaria de las Camelias, Curvaradó.
Los delegados de la Comisión Ética estuvimos testigos de los avances en sus reflexiones, aprendizajes y propuestas de reparación integral a lo largo de los últimos 5 años que la Comisión Ética conoce esas comunidades.
Se habló en profundidad del ´Plan Organizativo Territorial Alternativo´ (POTA), una propuesta elaborada en las mismas comunidades que busca convertirse en un mecanismo de exigibilidad para la adjudicación y titulación de la tierra con base en el cumplimiento del uso y la función de la propiedad. El POTA brinda mejor comprensión de la situación actual de los territorios y sus habitantes a través de un diagnostico comunitario que es la base para la proyección del uso concreto que se da al territorio (tipo de siembras, cantidades, comercialización, manejo ambiental, otros proyectos productivos, necesidades en materia de salud, educación, entre otros). Este ejercicio propende por la democratización y redistribución de la propiedad y rescata el sentir comunitario sobre la función social y ecológica de la tierra según sean los principios identitarios.
En este sentido se presentaron las apuestas agroecológicas, la producción limpia, el comercio equitativo, los centros de acopio para la compra subsidiada de lo producido por las comunidades, y acuerdos comerciales con los países del Alba.
La Comisión Ética valora y apoya este proceso del POTA en su construcción, elaboración e implementación, pues, más allá de que cada comunidad desarrolla este POTA para su territorio, las comunidades quieren que este plan sea integrado por el Estado como política pública.
Eso será un gran reto, porque a través los testimonios, la Comisión Ética se dio cuenta que las comunidades presentes en el encuentro siguen siendo consideradas por el Estado como pertenecientes a la guerrilla por tener otra óptica de desarrollo, son contrarios al enfoque de la propuesta de ley de tierras propuesto por el gobierno y a las locomotoras económicas (como la minería, y los agronegocios). Por ende esas propuestas alternativas de las comunidades no son escuchadas. El contexto actual, donde se discute el desarrollo agrario en el marco de la mesa de negociación entre guerrilla y gobierno, tendría que ser una oportunidad para estas comunidades y sus propuestas como por ejemplo el POTA, sin embargo las víctimas no son integradas a la mesa de negociación que cuenta hasta ahora solamente con los actores armados (FARC y Ejercito, Policía) representantes del gobierno y de los empresarios.
Otra propuesta de las comunidades son las universidades campesinas que están relacionados con la necesidad de educación gratuita y propia acorde a las necesidades y tradiciones de la población rural en las diferentes regiones.
Así mismo el ejercicio permanente de recuperación de memoria por esas comunidades y su análisis de los mecanismos de impunidad serían aportes muy valiosos para una futura Comisión de la Verdad, propuesta del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, a la que aportamos como Comisión Ética.
A manera de conclusión
Vemos con mucha preocupación que esta situación particular que presenciamos en el bajo Atrato, se inscribe en un contexto del país en el cual se evidencia la conexión directa entre los proyectos legislativos para asegurar la inversión privada, entre ellos el código minero, la reforma tributaria y el borrador de una ley de tierras.
Así mismo nos preocupan las iniciativas de fomentar la impunidad de crímenes cometidos por la fuerza pública, como el recién aprobado fuero militar que dilatará investigaciones serias y oportunas frente a la responsabilidad de militares y policías en violaciones de derechos humanos. Todo ello en contravía de advertencias muy claras de la comunidad internacional, entre ellas 11 relatores de NNUU y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A eso se suma el incumplimiento del Estado colombiano de sentencias de instancias de su propio sistema judicial y su decisión de salirse de pacto del sistema internacional de justicia como hizo después del reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre San Andrés. Preocupa que el Estado colombiano siga debilitando esos sistemas de justicia internacional incluyendo el sistema interamericano e universal, siendo esos una gota de esperanza en el mar de la impunidad para las comunidades.
Solicitamos al presidente Santos reconsiderar su negativa al cese del fuego como un acto de generosidad que habilite espacios de aplicación del derecho humanitario y que se habilite un mecanismo para lograr un marco de acercamiento y de entendimiento con el ELN y el EPL dada su disposición de conversar.
Insistimos en que el Gobierno
1. Desmonte efectivamente las estructuras paramilitares, y garantice la protección de las lideresas y los líderes amenazados así como de las comunidades en general.
2. Consulte con la Asociación de Zonas Humanitarias y de Biodiversidad del Curvaradó y Jiguamiandó las medidas de protección y no imponga una base militar, sino implemente sus propuestas colectivas comunicadas reiteradamente a las instancias estatales en el marco del plan de prevención y protección que exige el auto A-045 de 2012 de la Corte Constitucional;
3. Cumpla la orden de la justicia colombiana que consiste en licenciar una empresa según la sentencia T48257 de la Corte Suprema de Justicia del 21 de octubre del 2010 y haga efectivo el destaponamiento del Rio Jiguamiandó
4. Considere y analice las alternativas sobre el uso del territorio, el modelo de desarrollo y de reparación integral que proponen las comunidades no solo en el marco del proceso de negociación entre el gobierno y las guerrillas, para construir una agenda política incluyente y democrática.
Firman:
Mirta Baravalle, Madres de la Plaza de Mayo – Linea Fundadora, Argentina
France Amerique Latin, Francia
Stephen Haymes, Universidad De Paul, C