El próximo 6 de marzo el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) saldrá nuevamente a las calles a pedir verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Esta vez hará un llamado especial para la efectiva e integral restitución y retorno a las tierras que han sido arrebatadas a través de medios violentos por parte de todos los actores del conflicto – los paramilitares, la fuerza pública y los grupos guerrilleros.El trabajo y las acciones que los integrantes del MOVICE han emprendido han sido fundamentales para avanzar hacia la justicia en varios casos graves de violaciones de derechos humanos y esta movilización es un esfuerzo más en esta dirección.
Amnistía Internacional teme que, dado el contexto actual de derechos humanos así como las amenazas y homicidios cometidos durante manifestaciones anteriores, se levante una nueva ola de agresiones contra los integrantes del MOVICE y quienes participen en la movilización. Por ello pide al gobierno nacional y a los gobiernos departamentales donde tenga lugar la movilización, especialmente a los de Meta y Córdoba (departamentos donde se enfocan este año), que tomen las medidas necesarias para proteger y garantizar la seguridad de los participantes y sus líderes, antes, durante y después de esta movilización.
En el 2008, por ejemplo, varios sindicalistas y defensoras y defensores de derechos humanos, algunos de los cuales participaron activamente en la organización de manifestaciones o pertenecían a organizaciones que habían participado en ellas, fueron asesinados o amenazados justo antes del 6 de marzo o poco después de esa fecha.
A ello se sumaron pronunciamientos públicos por parte de autoridades gubernamentales nacionales que pusieron en entredicho la legitimidad de la movilización y del MOVICE. Todo lo cual agravó aún más su situación de vulnerabilidad. En este sentido, Amnistía Internacional pide al gobierno nacional y a los gobiernos departamentales que se pronuncien pública y explícitamente sobre la legitimidad y relevancia de esta movilización.
Esta movilización se da en un contexto de muerte y amenazas para las defensoras y defensores de derechos humanos y líderes comunitarios en Colombia. En 2011 Amnistía Internacional recibió información de más de 45 homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios, varios de estos relacionados con la restitución de tierras. Uno de ellos, por ejemplo, fue Eder Verbel Rocha quien el 23 de marzo de 2011, en el municipio de San Onofre, departamento de Sucre, fue asesinado por dos paramilitares. En enero 2012, familiares que sobrevivieron el ataque recibieron nuevas amenazas de muerte.
La racha de ataques en contra los defensores y defensoras que reclaman la restitución de la tierra se ha dado en el contexto de la aprobación e implementación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. La verdadera implementación de esta ley podría ser un importante paso adelante en los esfuerzos para devolver a sus legítimos dueños algunos de los millones de hectáreas de tierras apropiados indebidamente. Es innegable que esta ley ha contribuido a los esfuerzos de las personas que han perdido tierras; sin embargo, y a pesar de las debilidades y contradicciones de la Ley, esta ha provocado la ira, muchas veces violenta, de los sectores detrás de este robo de tierras.
El 21 de febrero, varios integrantes del MOVICE en Nariño recibieron amenazas de muerte a través de correos electrónicos. En el mensaje el “Grupo Anti Restitución de Nariño – GAR” advirtió que “No nos temblará la mano en ajusticiar, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, a todos aquellos que se atrevan a promover actividades con contenido ideológico y político enfocadas en temas de restitución de tierras y derechos de las supuestas víctimas”.
Tales amenazas deben ser investigadas de manera pronta y efectiva. Estas nuevas amenazas reafirman aún más la urgente necesidad de que las autoridades tomen medidas concretas para garantizar la seguridad y protección de los líderes y miembros del MOVICE y de quienes participen en la movilización del 6 de marzo.
Es responsabilidad del Estado colombiano, en cabeza del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales, proteger a los integrantes del MOVICE y a los participantes de esta movilización y a sus líderes.
Esta movilización pacífica es una acción legítima protegida por la Constitución y normas nacionales, así como por los instrumentos internacionales de derechos humanos que reconocen y protegen el derecho a las libertades de expresión, asociación, asamblea y movimiento, y el derecho a defender los derechos humanos.
Las autoridades nacionales y locales tienen la obligación de actuar en consecuencia brindando todas las garantías de seguridad que sean necesarias antes, durante y después de la movilización. En este sentido, Amnistía Internacional ha escrito al Ministro del Interior y a los Gobernadores de Córdoba y Meta solicitando información sobre las medidas que se están tomando al respecto, y solicitando un reconocimiento público y explícito sobre la legitimidad y relevancia de esta movilización.