La llegada de las empresas petroleras a Casanare a finales de la década de los años 80, coincidió con el fortalecimiento de la presencia paramilitar en la zona a cargo de las denominadas Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), que extendieron su accionar con aquiescencia del Estado al departamento de Boyacá, produciendo un sin número de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Por su parte la British Petroleum Company, firmó convenios de cooperación con el Ministerio de Defensa de Colombia, para financiar y fortalecer la XVI Brigada del Ejército Nacional con sede en Yopal.
El período más violento en el departamento inició en los 90 y se prolongó hasta el 2010 aproximadamente. Esta fase de violencia en Casanare se caracterizó por la persecución, señalamientos y asesinato de líderes/as campesinos/as y comunales, pasando por una época desoladora donde la práctica de la desaparición forzada se convirtió en algo recurrente de los grupos paramilitares. Se calcula que en las últimas tres décadas, en el departamento fueron desaparecidas forzosamente 2.400 personas.
Los responsables señalados de cometer casi un centenar de los llamados “falsos positivos” en Casanare son los miembros de la Brigada XVI del Ejército. Específicamente el Batallón de Infantería n.° 44 Ramón Nonato Pérez (Birno) que tiene abiertos 58 expedientes en la Fiscalía por esta violación a los derechos humanos. En un informe del ente investigador del 2015, tras la revisión de las 292 sentencias por “falsos positivos”, aseguró que en 130 “los jueces han destacado la existencia de un modus operandi, un plan criminal y la distribución de responsabilidades en desarrollo del mismo”. (Noticia completa en ElEspectador.com)
Gracias al trabajo coordinado entre víctimas y organizaciones del capítulo, por primera vez un General del Ejército Nacional está siendo investigado por la justicia ordinaria: Henry Torres Escalante, señalado de haber perpetrado dos ejecuciones extrajudiciales en la región, las de Daniel y Roque Torres, un padre e hijo.
Uno de los más duros acontecimientos para el capítulo ha sido el asesinato de Daniel Abril Fuentes, ocurrido el 13 de noviembre de 2016 en el pueblo natal (Trinidad), en su memoria, durante ese mismo año y el siguiente, se realizó la escuela de investigación social. La galería a la memoria “Casanare que no se olvide, que no se repita” ha sido una forma de dignificar a las víctimas de crímenes de Estado, así como la documentación permanentemente de la sistemática violación de derechos humanos en el departamento.
El capítulo agrupa principalmente víctimas de desaparición forzada, de ejecuciones extrajudiciales con modalidad de falsos positivos y desplazamiento forzado. De él hacen parte la Corporación Social Para la asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC), la Asociación de Jóvenes de Casanare (AJOCARE), la Asociación Campesina José Antonio Galán Zorro (ASONALCA), la Asociación de Mujeres por Casanare (ASMUC) y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello.