Este 13 de noviembre, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice, recibió notificación por parte del Juzgado Setenta y Nueve (79) Penal Municipal con Función de Control de Garantías, que hace referencia a la acción de tutela interpuesta por el General en retiro Mario Montoya Uribe y el General Marcos Evangelista Pinto Lizarazo al afirmar que el mural realizado en el marco de la Campaña por la Verdad impulsada por 11 organizaciones, entre ellas el Movice, atenta contra su buen nombre y honra.
En su decisión, la Juez declara improcedente la acción de tutela debido a que los militares Marcos Pinto Lizarazo y Mario Montoya no siguieron el procedimiento adecuado en estos caso de pedir la rectificación de la información incluida en la imagen publicada en redes sociales y el mural.
Cabe recordar que el pasado 18 de octubre, cuando los artistas se encontraban realizando el mural en la Calle 80 con Cra 30, un operativo militar desproporcionado terminó tapando con pintura blanca los rostros de cinco militares bajo cuyo mando se cometieron asesinatos de jóvenes falsamente presentados como muertos en combate entre 2000 y 2010.
El acto de censura convirtió la pieza mural en contenido viral en redes sociales y portales informativos de Internet. La tutela interpuesta por dos de los militares pretendía que dichas publicaciones fueran retiradas de las redes sociales, partiendo por un trino de la cuenta del Movice, lo que a juicio del despacho que conoció la tutela no era el procedimiento adecuado sino la solicitud de rectificación.
Resaltamos que la decisión no haya acogido las pretensiones de los militares demandantes de ejercer a través del mecanismo de la tutela una nueva forma de censura frente a la legítima expresión de las víctimas. No obstante, es preciso indicar que esta decisión evade la discusión de fondo sobre el acto de censura que constituye tanto el hecho de haber borrado el mural, como el de intentar sacarlo de la Internet y se limita a señalar un error formal en las solicitudes de los demandantes.
En ese sentido, lamentamos que se haya dejado pasar esta oportunidad para dirimir el problema jurídico actual y relevante como el planteado sobre los derechos de las víctimas a la verdad y la libertad de expresión en contextos de justicia transicional.
Desde la Campaña por la Verdad reiteramos que el contenido del mural se basa en información veraz, de interés general, que señala hechos ocurridos bajo el mando de quienes allí figuran. Por tanto, seguiremos en los defensa de los derechos a la libertad de expresión y a la verdad con el apoyo de la ciudadanía que ha acompañado con más de 15 mil firmas estas expresiones de verdad histórica y memoria que hacen parte de los derechos de las víctimas y de las sociedades en escenarios de transición como punto de partida para las garantías de no repetición.