El paramilitarismo irrumpió en Norte de Santander a partir de 1982, año en el que comenzó a evidenciarse un alto índice de incursiones paramilitares, que cometieron Crímenes de Lesa Humanidad, en connivencia con el Ejército y la Policía Nacional. La oleada de violencia emprendida se evidenció con mayor contundencia en la llegada de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) a la región desde 1994, y en las masacres cometidas por el Bloque Catatumbo de las AUC. Otro de los rasgos más visibles del poderío paramilitar en el departamento se manifestó en el año de 1999, expresado en varias masacres realizadas en los municipios de Tibú y El Tarra.
El tipo de violencia que ejercieron los paramilitares se realizó principalmente por medio de dos modalidades criminales. La primera consistió en el asesinato selectivo, el cual generalmente se antecedía de señalamientos y persecuciones, mediante el empleo de “listas negras”. La segunda modalidad empleada fue la realización de asesinatos indiscriminados cometidos con el fin de propagar el terror entre los pobladores. Dichas estrategias represivas lograron que la avanzada paramilitar controlara las cabeceras municipales del departamento. Esto, sumado a la connivencia con la Brigada V del Ejército, también acusada de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, y la Brigada XVII denunciada por paramilitares desmovilizados de la zona.
El capítulo Norte de Santander tiene presencia en los municipios de Cúcuta, Convención, El Carmen, Hacarí, El Tarra, Tibú, San Calixto y La Playa. En él se agrupan principalmente víctimas de las masacres ocurridas en el Catatumbo, de desplazamiento forzado y de asesinatos selectivos. Del capítulo hacen parte, entre otras, las siguientes organizaciones: el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, la Corporación Construyendo Poder, Democracia Y Paz (PODERPAZ), y víctimas de la Unión Patriótica.