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Opinión: Prórroga la ley de víctimas, necesaria pero riesgosa

Por: Luis Alfonso Castillo – Vocero nacional del Movice

En el marco de la realización de la audiencia convocada por la Corte Constitucional el jueves 10 de octubre, para analizar la constitucionalidad de la prórroga de la ley 1448 de 2011, el presidente Iván Duque anuncio que presentaría, con mensaje de urgencia, una iniciativa al Congreso de la República para la prórroga de este instrumento de reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Este importante anuncio, es parte de una serie de pronunciamientos y acciones que desde distintos sectores se vienen haciendo en el debate sobre la vigencia de la ley de víctimas que inicialmente está planteada hasta el año 2021 cumpliéndose con ello los 10 años establecidos por la mencionada ley, para reparar a las víctimas. En primer lugar muchas organizaciones de víctimas, entre ellas el movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, han manifestado su preocupación, porque de no prorrogarse la ley las víctimas, estás, quedarían sin un marco legal que les permitiera acceder al derecho a la indemnización y restitución, al mismo tiempo que se podría desmontar  la institucionalidad creada en el desarrollo de la ley para atender a las víctimas en el establecimiento de su derecho a la indemnización, a las ayudas humanitarias, al establecimiento de algunas medidas de satisfacción y especialmente un procedimiento jurídico administrativo para tramitar el derecho de restitución de tierras despojadas en medio del conflicto armado. En general los pronunciamientos de las organizaciones de víctimas han demandado del gobierno, la necesidad de ampliar la vigencia de la ley y hacerla compatible con el tiempo establecido para el cumplimiento del acuerdo final de paz (AFP), suscrito entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, es decir hacer concurrir tanto la ley de víctimas, con el AFP hasta el año 2031, lo cual tiene sentido en tanto que, el acuerdo final otorga algunos mecanismos que podrían leerse como complementarios a lo establecido en la ley de víctimas y particularmente el cumplimiento del acuerdo en el punto 1, como también en el punto 5, entregarían herramientas que de cumplirse, permitirían un mejor tránsito de las víctimas a sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.

En el mismo sentido se han pronunciado otras organizaciones de derechos humanos, algunos sectores políticos, e incluso algunos parlamentarios, están presentando iniciativas legislativas que apuntan ampliar la vigencia de la ley por 10 años más.

No obstante, así resulte muy clara la necesidad de prolongar la ley, esto no puede dejar pasar por alto, que el gobierno no ha sido capaz de cumplir con las expectativas de las víctimas, en tanto que las cifras indican que el gobierno siguiendo los ritmos que ha implementado en estos 8 años necesitaría hasta 50 años para cumplir las metas tanto de la indemnización, como de la restitución de tierras despojadas en el marco del conflicto armado. Igualmente es necesario manifestar que a pesar de que la ley ha creado una importante institucionalidad para la atención a las víctimas, en muchas ocasiones esta institucionalidad se manifiesta insensible ante los problemas de las víctimas y pesa más el burocratismo, que el afán de desarrollar planes, programas y políticas,  que realmente atiendan las necesidades y derechos de las víctimas. Igualmente durante este periodo de 8 años, el propio gobierno ha desmontado algunos de los programas y ha mostrado su incompetencia para cumplir las propias rutas de atención diseñadas en el marco de la ley 1448. El mejor ejemplo para demostrar la incompetencia es el desarrollo maltrecho del programa de atención psicosocial a las víctimas del conflicto denominado PAPSIVI, que en todo caso, muestra la negligencia y falta de rigor profesional para desarrollar un programa que atienda la aguda problemática psicosocial de buena parte de víctimas del conflicto armado en Colombia.

En todo caso es bueno advertir desde esta columna, que la discusión sobre la necesaria prórroga a  la ley de víctimas, tiene por delante un escenario adverso, frente al cual las organizaciones de víctimas y los y las defensoras de derechos humanos, deben estar atentos, por cuánto la discusión no se va a limitar únicamente a la prórroga de la vigencia, sino que eventualmente el gobierno y algunas bancadas del Congreso de la República y algunos de sus parlamentarios podrían aprovechar el debate sobre las modificaciones a la ley, para introducir algunos cambios que limitarían o cercenarían los derechos establecidos en la ley 1448. Por ejemplo, en el Congreso ha sido radicado por el Centro Democrático una iniciativa a través de la cual se pretende convertir a algunos despojadores de tierras, en víctimas y damnificados de la acción del Estado, cuando este ha actuado restituyendo los derechos de las verdaderas víctimas, así mismo, en esta iniciativa se pretende invertir la carga de la prueba que beneficiaba a las víctimas despojadas, obligándolas a que sean ellas las que presenten toda la carga probatoria para demostrar su derecho como reclamantes de tierras, de las que fueron despojados violentamente.

Igualmente no deja de ser preocupante como, al interior del propio gobierno no hay claridad sobre los impactos y desarrollos de la ley 1448, de esta manera algunos representantes de las entidades encargadas de la implementación de la ley de víctimas están hablando de hacer balances para determinar cuáles programas hay que eliminar y cuáles deben modificarse, por ejemplo las declaraciones de la directora del Departamento de la Prosperidad Social DPS, el día 15 de octubre en RCN radio dan cuenta del interés de modificar el registro de víctimas para negar a algunas víctimas su condición de víctima del desplazamiento forzado.

No menos importante, como preocupante, es que el debate sobre la vigencia de la ley sea aprovechado por voceros del partido de gobierno, para desvirtuar la existencia del conflicto armado en Colombia, como es parte de su tesis levantada con mucha fuerza desde hace muchos años.

En todo caso este debate político sobre la ley de víctimas, debe servir para reabrir el debate nacional sobre los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral, así como a la necesidad de consolidar la paz duradera y estable, que tanto anhela la sociedad colombiana. Ahora bien, ese debate debe pasar necesariamente por una revisión juiciosa que haga el gobierno nacional junto con las organizaciones de víctimas, de lo que ha sido el cumplimiento de la ley 1448 en estos ocho años, para lo cual es importante, como necesario, revisar los cinco informes elaborados por la Comisión Legal de Seguimiento, integrada por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General y la Mesa de Víctimas, en cuyos 5 informes han insistido en unas fallas sistemáticas de la implementación de la ley de víctimas, empezando por mencionar la grave problemática de la des financiación, a la que ella ha sido sometida, durante los ocho años de implementación, más allá de las cifras de las que el gobierno siempre habla, pero que a la hora de la puesta en práctica, no tienen nada que ver con las expectativas y con la necesidad que tiene la propia ley para su desarrollo pleno. También se ha insistido durante los cinco informes, en la urgencia de mejorar los mecanismos de articulación institucional, lo cual es un grave problema, que presenta el gobierno a la hora de implementar programas para las víctimas, como ha sido de manera sistemática, reiterado por la Corte Constitucional después de la sentencia T-025 del año 2004.

Sea está la oportunidad para reiterar la necesidad de que estos debates cuenten con la adecuada y suficiente participación de las organizaciones de víctimas, no solamente las representadas en las mesas de participación efectiva, sino el amplio espectro de organizaciones de víctimas que tiene el país. Igualmente demandar de las organizaciones de víctimas, impulsar amplios procesos de movilización que le hagan saber al gobierno de la necesidad de tener en cuenta de mejor manera a las víctimas, a la hora de restablecer sus derechos, para esta manera garantizar la tan anunciada centralidad de las víctimas en la construcción de la paz.

Foto: Corporación Jurídica Libertad