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Alerta en Guapi y Timbiquí por los niveles de afectación a la población en la Costa Pacífica del Cauca

Como Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice respaldamos la alerta emitida por la regional de COCOCAUCA sobre la grave situación de derechos humanos que afecta a las comunidades de la Costa Pacífica del Cauca y Nariño. A continuación compartimos el texto publicado por la organización:

Alertamos a la opinión pública nacional e internacional por el derrame de sangre en nuestros territorios que destruye nuestras vidas y existencia, lo que preocupa a la regional COCOCAUCA ante la alarmante crisis humanitaria que seguimos viviendo las comunidades de la Costa pacífica del Cauca y los vecinos de Nariño, por los constantes enfrentamientos entre las Disidencias de las FARC y el ELN.

La situación del municipio de Guapi

Se comenta que hay varios muertos en el territorio entre los cuales está Livinton Sinisterra, quien era oriundo del Consejo comunitario del Napi, a quien el día 28 de enero de 2022 le quitaron sus bienes y posteriormente le asesinaron en su comunidad. Se dice que el 30 de enero de 2022 hubo una masacre en la comunidad de Soledad donde 4 personas fueron asesinadas.

La situación es tan dura que “las balas pasan por nuestras cabeza” manifestó un morador, también se comenta que hay personas amputadas por haber pisado minas antipersonales.

El Desplazamientos masivos e individual se ha vuelto una constante en estos últimos 3 meses, donde la realidad supera con creces a las cifras oficiales que dan cuenta de 758 personas en 237 familias, de la siguiente manera:

  • El 6 de febrero de este año 2022 hubo 120 personas de 40 familias de la comunidad de Soledad del Consejo comunitario del Napi,  quienes llegaron a la cabecera municipal de Guapi, y otros grupos familiares sin reportar que se fueron a comunidades del Consejo comunitario de Renacer negro en Timbiquí. La gente dice que la comunidad quedó vaciada.
  • 4 de enero de 2022 hubo 116 personas de 36 familias de la comunidad de San Vicente del Consejo comunitario Alto Guapi que llegaron al área urbana de Guapi, y otros se fueron a ciudades de la región andina.
  •  30 de diciembre de 2021 hubo 160 personas de 47 familias de la comunidad del Rosario del Consejo comunitario Alto Guapi, que llegaron al área urbana de Guapi, y otros se fueron a ciudades de la región andina.
  • 12 de diciembre de 2021 hubo 275 personas de 82 familias de la Comunidad de Chiguero en el rio Yantin del Consejo comunitario Alto Guapi que llegaron al área urbana de Guapi, y otros se fueron a ciudades de la región andina. La gente dice que la comunidad quedó vaciada.
  • 12 de diciembre de 2021 hubo 87 personas de 32 familias de la Comunidad de Hojarascal en el rio Yantin del Consejo comunitario Alto Guapi que llegaron al área urbana de Guapi, y otros se fueron a ciudades de la región andina.
  • El 8 y 9 de diciembre de 2021 las comunidades de playa del medio, Sangaral y Tomas, con más de 100 personas, quienes no presentaron declaración, por consiguiente no hay reportes oficiales.
  • 7 de diciembre de 2021 la comunidad de San Antonio del Consejo comunitario del Napi quedó vaciada con cerca de 130 personas de 47 familias, quienes no presentaron declaración, por consiguiente no hay reportes oficiales.
  • El 6 de diciembre la comunidad de Santana del Consejo comunitario de San Francisco, que por estimaciones se calcula en 110 personas de 38 familias, quienes no presentaron declaración, por consiguiente no hay reportes oficiales.

En los momentos de confrontación armada, decía un habitante del Consejo comunitario del Napi, quien fue obligado a desplazarse que “por los enfrentamientos armados, a una viejita que no podía caminar, corriendo la cargamos al hombro pa’ bajarla”.

Manifestamos que los territorios colectivos étnicos del municipio de Guapi y de la costa pacífica del Cauca están en permanente e inminente riesgo, mientras persistan los factores generadores de la violencia como son los combates entre disidencias de las FARC y el ELN, al que se puede sumar la fuerza pública, dando como resultado las constantes represiones, desapariciones, secuestros, amenazas, intimidaciones, otros desplazamientos y asesinatos.

La situación en el municipio de Timbiquí

Entre el 25 y 26 de enero de 2022 al parecer hubo una masacre, comentan que “abajito” de la comunidad de Santa María del Consejo comunitario Renacer negro del municipio de Timbiquí,  con el asesinato de 3 personas y otras 2 heridas.

El 6 de febrero de 2022 al parecer en esta comunidad hubo un “machetiado”, otra persona herida, y retenidos por los actores armados en su papel de “autoridad”.

La situación del municipio de El Charco

En el municipio de El Charco – costa pacífica del Nariño, vecino a Guapi, hubo una parálisis de actividades por 14 días, desde el 27 de enero de 2022, ya que ante el hambre en estos territorios que padecen y sufre de todas las angustias económica por el abandono Estatal, el Gobierno nacional ofreció, en vez de inversión social, militarización con fuerza pública que desencadena en posibles enfrentamientos armados y graves violaciones de Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, donde la población civil es las afectada. Esta actividad condujo al cierre total del comercio, cierre de planteles educativos, entidades públicas y manifestaciones pacíficas en el parque principal con la asistencia masiva de personas de la comunidad; se levantó el cese de actividades pero siguen pendientes la solución de las peticiones comunitarias ante las instancias del Gobierno que ahora deben contribuir a que se restablezca la normalidad en la población más vulnerable como son los niños, niñas y jóvenes del municipio que no pudieron dar inicio al año escolar 2022 en las fechas establecidas.

Las comunidades afectadas son sujeto de especial protección en especial por la condición étnica, por lo tanto INSTAMOS:

  • A las disidencias de las FARC y el ELN al cese inmediato de todas las operaciones beligerantes, amenazas e intimidaciones y la salida de sus grupos de los territorios colectivos, cuyo control les incumbe exclusivamente a las autoridades étnicas.
  • A la Fuerza Pública no arriesgar la integridad de la población civil y respetar plenamente el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
  • Al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Victimas (SNARIV) y Unidad de Victimas tomar medidas de atención y protección a las víctimas correspondientes.
  • Al Defensor del pueblo, Carlos Ernesto Camargo Assis, y la Procuradora General de la Republica, Margarita Cabello Blanco, la activación de la ruta de asistencia y atención a las victimas del conflicto armado, al igual que al emprendimiento de acciones que permitan adelantar medidas de protección necesarias, adecuadas y diferenciales, tal como lo ordena la Corte Constitucional en el Auto 005 de 2009.
  •  Al Gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, al Gobernador de Nariño Jhon Alexander Rojas, al alcalde de Guapi, Plutarco Marino Grueso, a la Alcadesa de Timbiquí, Yadira Amu,  al alcalde  (E) del Charco Nariño, Jesús David Ureña Moreno, proteger a las comunidades de la Costa Pacífica del Cauca y Nariño, también apoyar y facilitar las acciones de las autoridades correspondientes, que les permitan evitar afectaciones a la población civil, bajo el cumplimiento de la norma internacional del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
  • A organismos del Estado, organizaciones nacionales e internacionales, nuestros aliados a atender esta crisis humanitaria que se vive en la Costa Pacífica Caucana y Nariñense, también a estar atentos a los acontecimientos y evitar que esta situación avance y se sigan vulnerando los Derechos humanos fundamentales y territoriales.   

La regional COCOCAUCA no pertenece a ningún grupo armado y no participa en ninguna de ninguna forma en las acciones de los bandos en el conflicto, tales como la Fuerza pública, las insurgencias u otro tipo de actor armado.

Como Regional COCOCAUCA abogamos por la paz con justicia social, como fundamento sustancial para seguir existiendo como grupo étnico. Rechazamos la violencia en nuestro pueblo y exigimos que se respete la vida de los habitantes en el territorio.