La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, define este crimen así: “… se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: (a) Matanza de miembros del grupo; (b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; © Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; (d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; (e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”. (Art. II). El Artículo III establece que: “Serán castigados los actos siguientes: (a) El genocidio; (b) La asociación para cometer el genocidio; © La instigación directa y pública a cometer genocidio; (d) la tentativa de genocidio; (e) La complicidad en el genocidio”.
La Comisión de Derecho Internacional, a través del cuarto informe del Relator Especial para el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad (Doc. A/CN.4/398, de 11 de marzo de 1986) señala como el elemento más decisivo para determinar si hubo genocidio, la intención :
“Si el genocidio se considera desde el punto de vista del número de víctimas, la cuestión es determinar la diferencia entre el genocidio y los demás actos inhumanos. A juicio de algunos autores, no existe diferencia entre el genocidio y los demás crímenes contra la humanidad. Según Stefan Glaser, “aparece indudable que la intención de los autores tanto de la Convención sobre el genocidio como del proyecto de código era la de reconocer como consumado el genocidio aún en el caso en que el acto (homicidio, etc) hubiere sido cometido respecto de un solo miembro de un grupo determinado, con la intención de destruirlo “total o parcialmente”. A su juicio, “lo que es decisivo para la noción de genocidio es la intención”.
Igual concepto emite el Secretario General en su Carta al Presidente del Consejo de Seguridad, al trasmitirle las conclusiones de la Comisión de Expertos, el 24 de mayo de 1994 (Doc. S/1994/674, mayo 27 1994):
“Lo que hace que los crímenes de los asesinatos en masa y los crímenes de lesa humanidad constituyan genocidio es el elemento de la intención de destruir total o parcialmente a un grupo determinado. Para constituir genocidio conforme a las disposiciones de la Convención, los crímenes contra un número de personas deben estar dirigidos a su colectividad o a esas personas en su carácter o capacidad colectiva. Ello puede deducirse de las palabras “como tal” que aparecen en el artículo II de la Convención. En la mayoría de los países, los códigos penales no consideran que el elemento constitutivo subjetivo o mental de un crimen sea el motivo sino la intención.” (o.c. párr. 97)
Para la Comisión de Derecho Internacional, si bien el artículo VI de la Convención restringe la competencia para juzgar el genocidio a los tribunales del Estado en cuyo territorio se cometió el crimen, o a un tribunal penal internacional, sin embargo “el genocidio (es) un crimen de derecho internacional respecto del cual (ya) existía jurisdicción universal según el derecho consuetudinario”. Por eso la versión final del proyecto de código extiende la competencia de los tribunales nacionales respecto del crimen de genocidio enunciado en el artículo 17. (Informe de la Comisión de Derecho Internacional – 48 º período de sesiones – Doc. Suplemento No. 10 (A/51/10), 1996, comentario al Artículo 8 del proyecto de código).
Para despejar dudas sobre las posibles interpretaciones del elemento intencional discriminatorio del genocidio: “grupo nacional, étnico, racial o religioso”, el cuarto informe del Relator Especial para el Proyecto de Código aporta la interpretación más autorizada:
“ Es claro que estos conceptos, aunque convergentes hasta cierto punto, no coinciden exactamente (…) Un grupo nacional abarca con frecuencia diversos grupos étnicos (…) El concepto de nación no coincide con el grupo étnico y se caracteriza por la voluntad de vivir en común, un ideal común, un objetivo común e inspiraciones comunes. (…) El vínculo étnico posee en mayor grado un carácter cultural, se funda en los valores de civilización, y se caracteriza por un estilo de vida, un modo de pensar, una concepción común de la vida y de las cosas; el grupo étnico se basa más profundamente en una cosmogonía. (…) Por el contrario el elemento racial se refiere más típicamente a características físicas comunes” (o.c. párr. 58)
Para el caso de Colombia las conductas y hechos que claramente han configurado la práctica sistemática del Genocidio durante muchas décadas tienen como elemento discriminatorio el elemento nacional.
Las modalidades de genocidio que definen y tipifican esas conductas y hechos se concretan así:
ACTOS PERPETRADOS CON LA INTENCION DE DESTRUIR PARCIALMENTE UN GRUPO NACIONAL, MEDIANTE MATANZAS DE MIEMBROS DEL GRUPO, LESIONES GRAVES A LA INTEGRIDAD FISICA Y MENTAL DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO Y SOMETIMIENTO INTENCIONAL DEL GRUPO A CONDICIONES DE EXISTENCIA QUE LLEVAN A ACARREAR SU DESTRUCCION FISICA PARCIAL.
El sujeto pasivo de los actos de genocidio aquí contemplados, en cuanto grupo nacional:
Si lo que caracteriza, pues, a un grupo nacional son ideales, objetivos e inspiraciones comunes que desarrollan una voluntad de vivir en común, el más concreto acceso a una nacionalidad es la indagación por el orden jurídico que define esos ideales y objetivos comunes y que se erige como instancia operativa de los mismos, y como punto de referencia de la población que se identifica en una misma nacionalidad.
En efecto, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, la nacionalidad no puede determinarse por el nacimiento en un territorio, pues está abierta a extranjeros (art. 96 y 100), ni por la permanencia actual en un territorio, pues está abierta a etnias fronterizas que trascienden el territorio legal (art. 96), ni por una unidad lingüística, pues hay lenguas indígenas oficiales en sus territorios (art.10), ni por uniformidad étnica, pues es una nación multiétnica y multicultural (art. 7).
La identidad nacional hay que buscarla entonces en el orden jurídico al que se acogen los asociados en nación, en cuanto expresión de unos ideales, objetivos e inspiraciones comunes que motivan a vivir en común. La misma Constitución Política es la que traza esos ideales, objetivos e inspiraciones, a través de muchos de sus artículos. Allí se dibuja una república democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo, en la solidaridad y en la prevalencia del interés general (art.1); donde la soberanía reside en el pueblo de donde dimana el poder público (art.3); donde el Estado reconoce, sin discriminaciones, la primacía de los derechos individuales de la persona (art. 5) y la diversidad étnica y cultural (art.7); donde se goza del derecho inviolable a la vida y la integridad (art. 11 y 12); donde todos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos, libertades y oportunidades (art. 13); donde toda persona goza del derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre (art.15), así como a las libertades de conciencia (art.18), de culto (art.19), de expresión y difusión de sus opiniones (art. 20) de presentar peticiones a las autoridades y obtener respuestas (art. 23), de libre circulación por el territorio y fuera de él (art. 24); donde no se permiten las detenciones arbitrarias (art. 28) y es imperativo el debido proceso y la presunción de inocencia (art.29) y hay recursos expeditos contra las arbitrariedades (art. 30); donde se respetan los derechos de reunión y manifestaciones colectivas (art.37), de libre asociación (art.38), de sindicalización (art. 39), de participación política (art. 40), de fundar partidos (art. 107), de ejercer oposición política (art. 112),de oportunidad de trabajo, remuneración vital, capacitación profesional, huelga y formas asociativas de propiedad ( art. 53 a 58), de vivienda digna (art. 50), de educación (art. 67); donde el Estado debe velar por la protección de la familia (art. 42), garantizar la no discriminación de la mujer (art. 43) y proteger a los sectores débiles de la sociedad (art. 43 a 47); donde la actividad económica está supeditada al bien común y sujeta a una acción racionalizadora del Estado para mejorar la calidad de vida y la distribución equitativa de los bienes (art. 333 a 336); donde están proscritos los monopolios (art.336); donde las ramas del poder público son independientes (art. 113) y donde las autoridades están instituidas para proteger a todos los asociados en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades (art. 2).
Sin embargo, la voluntad de vivir en común regidos por esos ideales, objetivos e inspiraciones, o sea la nacionalidad, tiene en sí misma un germen de fractura o escisión, no fundamentado principalmente en su incapacidad de crear cohesión teórica, sino en su incapacidad de traducirse en la práctica o en la vida cotidiana de la población. Esta contradicción es la que ha dado nacimiento, desde los años sesenta , a organizaciones insurgentes que propenden por otra traducción práctica de la nacionalidad.
A medida que se ha desarrollado la insurgencia y, por ende, el conflicto armado, se han desarrollado simultáneamente facciones, reales o hipotéticas, efectivas o afectivas, fundadas o infundadas, en torno a un ideal nacional o a una idea de nación, haciendo de la nacionalidad algo escindido en diversos grupos nacionales en conflicto. Pero no solo la insurgencia ha contribuido a ello sino en igual o mayor medida la “contrainsurgencia”. Esta última se define por el conjunto de políticas y estrategias de los aparatos del Estado para contrarrestar la insurgencia, y que para el efecto diseña una interpretación discriminatoria de la población, rotulándola como “amiga” o “enemiga” según su presunta posición en torno a los ideales nacionales en conflicto, con el fin de someter al “enemigo interno” mediante estrategias de fuerza.
Tales grupos nacionales no se identifican por ninguna estructura orgánica, de la misma forma que compartir rasgos raciales, tradiciones étnicas o convicciones religiosas no implica hacer parte de estructuras organizativas o militantes, como requisito para poder ser blanco de actos de genocidio. Además, el elemento discriminatorio “nacional” , que identifica personas o poblaciones enteras como constituyentes de un ideal nacional en conflicto, frecuentemente se encuentra solamente en la mente del sujeto activo del genocidio, sin correspondencia alguna con la realidad, pero con capacidad suficiente de producir y activar la intención genocida, o sea, de “destrucción total o parcial de los supuestos grupos nacionales”.
La estrategia contrainsurgente del Estado colombiano, durante varias décadas, ha incorporado el objetivo genocida de grupos nacionales, como destrucción total o parcial de grupos de población alineados [-real o hipotéticamente, efectiva o afectivamente, fundada o infundadamente-] en contra del modelo práctico de nacionalidad con el cual se identifican los agentes del Estado y las capas e instituciones más poderosas del conglomerado social.
El acceso a dicha estrategia contrainsurgente puede darse por dos vías complementarias: a) por declaraciones repetitivas de miembros de la alta jerarquía militar, que han ido configurando una doctrina contrainsurgente , y b) por el estudio de los manuales de contrainsurgencia de las fuerzas armadas del Estado, que dan acceso a la guía práctica o funcionamiento operativo de la contrainsurgencia. Por ambas vías se descubre el diseño mental de la población civil (que tiene algún tipo de contacto, físico o ideológico, real o imaginario, con la insurgencia armada), como blanco u objetivo prioritario de la acción contrainsurgente del Estado, bajo el supuesto de que cumple para con la insurgencia la misma función que el agua cumple para con el pez: la de ser su medio vital. El símil de “quitarle el agua al pez”, objetivo el más valorado de la estrategia contrainsurgente, se ha traducido durante varias décadas en Colombia, en el genocidio de grupos nacionales, así como en acciones sistemáticas de exterminio y de persecución, que se concretan en masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, actos de terrorismo, bombardeos, traslados forzosos y arbitrarios de poblaciones, destrucción de viviendas y cultivos, violaciones carnales, controles rigurosos de la vida familiar y social de aldeas y pueblos, negación de los derechos a la intimidad, al desplazamiento por el territorio, a la libertad de conciencia, de opinión, de comunicación y de expresión; negación del derecho al reclamo y a la protesta; sometimiento a formas de “lavado cerebral” mediante técnicas de propaganda y comunicación minuciosamente diseñadas en los manuales, y sometimiento de las poblaciones a la presencia aterrorizante de los grupos paramilitares, brazo clandestino del Ejército, que se amparan en un cierto anonimato y carácter civil y extralegal para perpetrar los crímenes más horrendos, evadiendo las formas de control y sanción legales.
Los actos de genocidio más comunes en Colombia, hacen parte de esta estrategia contrainsurgente del Estado colombiano.
Los elementos de doctrina contrainsurgente y de estrategia operativa contrainsurgente pueden sintetizarse así, por separado:
Elementos de doctrina contrainsurgente:
Diversas declaraciones, discursos o artículos de las más altas jerarquías castrenses han ido definiendo ciertas pautas o tesis que inspiran las estrategias contrainsurgentes. Quizás la tesis central es la proyección de la acción insurgente a muchas expresiones organizadas de la población civil, sobre todo a los movimientos populares, a partidos políticos legales, a organizaciones sindicales, a formas de protesta social e incluso a organismos humanitarios o de defensa de los derechos humanos. Se habla de los “brazos desarmados de la subversión”, de la “guerra jurídica”, de las “fachadas de la subversión”, de la “base política de la insurgencia” etc., todo lo cual ha llevado a estigmatizar y a penalizar el ejercicio de cada vez más derechos ciudadanos, incluso la misma denuncia de los horrores perpetrados por los militares y paramilitares, que llega a ser indicio inconfundible, para ellos, de pertenencia a las redes de apoyo a la insurgencia.:
El General ALVARO VALENCIA TOVAR, Ministro de Defensa de 1973 a 1975, escribía en el diario El Tiempo, el 3 de junio de 1988, bajo el título: “Ante la cruda realidad:”: “Sí. Afrontamos una guerra de múltiples facetas, compleja, turbia, indefinida en muchos campos y por ello más difícil de descifrar y conducir. Se precisa tomar conciencia de ello y obrar en concordancia (…) Su esencia es, sin embargo, revolucionaria (…) Comienza con un indetectable proceso de infiltración del Estado y del cuerpo social. Implantan células expansivas en puntos neurálgicos: sindicatos, centrales obreras, magisterio, universidades, medios de comunicación, aparato judicial y, si es posible, Fuerzas Armadas e Iglesia. Crean organismos de fachada dentro y fuera del país, señalado como objetivo que orquestan campañas de descrédito contra el régimen que se busca demoler, y de justificación de la lucha armada. Se recurre a idiotas útiles en plan de notoriedad para que desde las toldas democráticas torpedeen el sistema, desacrediten sus ejércitos, vilipendien a sus gobernantes y dejen la impresión global de corrupción, ineptitud, arbitrariedad, tiranía (…) Enarbolan banderas sociales para justificarse. Incorporan por persuasión o coacción jóvenes ingenuos que creen servir un ideal (…) Se recurre a toda suerte de expedientes. Marchas campesinas, actos vandálicos en universidades, paros laborales, sabotaje (…) Ingenuamente se cayó en el engaño de la negociación política (…) Adquirieron status y un partido que realiza abiertamente la acción desestabilizadora interna y de descrédito más allá de las fronteras, con la respetabilidad que da a sus miembros la investidura parlamentaria (…) Se requiere unidad nacional, genuina, honrada, sin segundas intenciones. Una dirección firme y motivante, que dé la más alta prioridad en la asignación de recursos a la lucha, entendida integralmente. Es decir, con responsabilidad primaria en el instrumento armado(…).
El General FERNANDO LANDAZABAL REYES, Ministro de la Defensa entre 1982 y 1983, escribía en su libro “El Conflicto Social” (Bogotá, Tercer Mundo, 1982, pg. 156, 157 y 175): “ En el transcurso de los días el pensamiento militar fue asumiendo cada vez mayor conciencia de la identidad política de sus propios objetivos (…) llegó el adoctrinamiento ideológico de los ejércitos, que ante la contienda de las grandes potencias y ante la búsqueda por ellas del predominio mundial, llevó a los ejércitos de los países en desarrollo, ya no a defender o disputar esta o aquella posición, este o aquel sector del terreno, sino este o aquel sistema (…) en muchas naciones se vieron forzados a asumir el poder contra sus propios mandatos de su Constitución y las tradiciones de su pueblo, en prevención del mantenimiento de un orden establecido y aceptado con anterioridad por las grandes mayorías americanas, como digno de mantenerse, guardarse y defenderse (…) No menos importante que la localización de la subversión es la localización de la dirección política de la misma (…) La dirección política no puede interesarnos menos que la militar, y una vez reconocida y determinada la tendencia, hay necesidad de ubicar la ideología que la anima plena y cabalmente, para combatirla con efectividad. (…) Nada más nocivo para el curso de las operaciones contrarrevolucionarias que dedicar todo el esfuerzo al combate y represión de las organizaciones armadas del enemigo, dejando en plena capacidad de ejercicio libre de su acción la dirección política del movimiento(…).”
El General RAFAEL SAMUDIO MOLINA, Ministro de Defensa entre 1986 y 1988, en su Memoria al Congreso Nacional, presentada el 20 de julio de 1988, afirmaba: “La subversión actúa en los campos político, económico, educativo, sindical y armado, con propósitos bien definidos y conocidos ampliamente por la opinión nacional (…) Los grupos subversivos actúan simultáneamente en zonas urbanas y rurales, desarrollan actividad militar paralela a la acción política y utilizan la estrategia de la convergencia en los campos político, social, laboral, educativo, judicial y armado” .
Más adelante, la misma Memoria, al referirse a aspectos de administración del personal castrense, afirma: “Para dar cumplimiento a la misión de ‘perfeccionar la educación profesional de oficiales superiores de las Fuerzas Militares, capacitándolos para el alto mando y el servicio de Estado Mayor, difundir doctrinas de seguridad nacional, especialmente entre directivos civiles de entidades oficiales y particulares, habilitándolos para participar en estudios de defensa nacional, contribuir al perfeccionamiento de la doctrina militar de la Nación, investigando la evolución de la ciencia y el arte castrenses, elaborando reglamentos generales para el conjunto de las Fuerzas Militares y revisando la doctrina contenida en los manuales de operaciones preparados y/o adoptados por cada uno de sus componentes institucionales …” (Memoria al Congreso Nacional 1987-1988, Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares, Bogotá, 1988, pag. 14, 15 y 91)
El General MANUEL JAIME GUERRERO PAZ, Ministro de la Defensa entre 1988 y 1989, escribía en la Revista de las Fuerzas Armadas (Vol. XLIII, No. 128, jul-sept.1988, pg. 331y ss): “En el campo político los grupos alzados en armas han demostrado extraordinaria habilidad; prueba evidente de ello es que en la actualidad existe en el país un partido legal y reconocido oficialmente, que nació en el mismo seno de las FARC y fue alimentado por cabecillas de connotada habilidad política, que los llevó, en elecciones democráticas, a ocupar escaños en el mismo Congreso de la República. Su lucha política ha sido tan habilidosamente conducida que estos parlamentarios, provenientes de los grupos subversivos, actúan abiertamente en la política nacional cuando les conviene y cuando no conviene, pasan a la clandestinidad, ante la mirada indiferente de los colombianos. (…) Por otra parte, en la arena política, la subversión logró adueñarse de la bandera de los “Derechos Humanos”, que no consideran ni desde luego respetan, para ocasionar el desprestigio de la Fuerza Pública y presentarla ante la opinión pública nacional e internacional como una fuerza absolutamente represiva,(…) sindicaciones estas que desafortunadamente han encontrado eco en organismos internacionales y aun en medios de comunicación calificados como serios dentro de nuestro medio”
El General OSCAR BOTERO RESTREPO, Ministro de Defensa entre 1989 y 1991, en su Informe al Congreso Nacional el 20 de julio de 1989, afirmaba: “La subversión ha dado prevalencia a la lucha en el campo político con el fin de manipular a los sectores más representativos de la sociedad colombiana” (Diario el Espectador, 21 de julio de 1989, pg. 9 A)
El General HAROLD BEDOYA PIZARRO, Ministro Encargado de Defensa repetidas veces en el Gobierno de Samper,(1994-1998),en su ponencia dentro de la “Cátedra Colombia” en la Escuela Superior de Guerra, el 1 de abril de 1997, estigmatizó repetidas veces a los organismos que denuncian los crímenes de Estado como agentes de la subversión e hizo la apología de los grupos de civiles armados al servicio del ejército: “ El año pasado la narcosubversión desató una crisis política, jurídica, social y militar a raíz de las órdenes dadas por el Comandante del Ejército para contener los desmanes de las marchas narcosubversivas en el sur del país; y en este año la vuelve a plantear para barrer con el fuero militar (…) Por tanto, quienes luchan contra un Estado débil deben aplicar las estrategias judiciales de ruptura, poniendo el orden público establecido en entredicho; porque, de tal forma, quienes lo subvierten cuentan con la posibilidad de invertir el sistema de valores y de esta forma se pueden convertir fácilmente de acusados en acusadores. (…) Es así como los narcoterroristas colombianos han podido convertirse de acusados en acusadores, logrando en el pasado evadir la Justicia Penal Militar que les era aplicada con rigor, y en el presente pretenden acabar el fuero militar y tomar la bandera de los Derechos Humanos para poner en la picota pública a los uniformados que han defendido al Estado y la sociedad con valor. (…) Si la legítima defensa individual está fundamentada en el derecho natural, con mayor razón lo está la legítima defensa colectiva, aún cuando los narcosubversivos y sus corifeos la combatan. Por ello es conveniente que el legislador contemple la posibilidad de volver a establecer en la Constitución las milicias nacionales. Ellas son la expresión más democrática de la comunidad política, pues son organizaciones de la propia sociedad para su defensa, en la cual sus integrantes, sin perder su calidad civil, se constituyen en colaboradores de la Fuerza Pública.(…)”.
El General MANUEL JOSE BONNET LOCARNO, Comandante General de las Fuerzas Militares entre 1995 y 1998, se refirió así al proceso de composición de la Asamblea Nacional Constituyente en 1990: “Los colombianos no se van a dejar engañar por los voceros políticos legalizados de grupos subversivos que están haciendo campaña para salir como constituyentes y cuyo propósito es acabar con el Ejército” (Diario El Tiempo, 05.12.90, pg. 7 A)
El General JUAN SALCEDO LORA, ex director de la Escuela Superior de Guerra y director de la “Defensa Civil”, escribió en 1997 el artículo “Aspectos Psicológicos de la Confrontación que vive el País” (Revista de las Fuerzas Armadas, Vol. LII, No. 162, marzo, 1997, pg. 33 y ss): “El control sobre la población es un verdadero baluarte y quien lo posea asegurará el éxito (…) Si como ha sido planteado, la ideología se le “inyecta” al pueblo y la “causa justa” a las fuerzas que combaten, la resultante será una seria confrontación en donde se hace imprescindible el cambio de mentalidad de la masa popular para buscar una aplastante superioridad sobre la fuerza enemiga. La ofensiva ideológica debe ser más intensa y sostenida que la misma operacional de tipo bélico. (…) El éxito de la lucha de contraguerrilla se alcanza con la inteligencia y una buena inteligencia depende del apoyo del pueblo. En una democracia es difícil plantear este propósito y más difícil aún, desarrollarlo.(…) Las Fuerzas Militares tienen la capacidad para combatir y derrotar a un enemigo armado, controlar áreas más o menos extensas con población incluida, pero las nuevas disposiciones constitucionales y tantos mecanismos ajenos de control operacional se convierten, a la larga en un obstáculo. Contra tantos derechos rogados por el país, que más parecen minas quiebrapatas, las nuevas tutelas, los procuradores, personeros, veedores, las acomodadas comisiones de verificación y la innovadora presencia de veedores internacionales afectan el normal desarrollo de operaciones militares (…)
El analista militar MIGUEL POSADA SAMPER, integrante del Centro de Análisis Socio-políticos, creado por las fuerzas armadas para contrarrestar las denuncias de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, escribe en la Revista de las Fuerzas Armadas (Vol. LII, No. 162, marzo 1997) bajo el título “La Guerra Jurídica de la Subversión”: “Este análisis parte de la premisa de que la subversión en Colombia no está integrada solamente por la guerrilla. La subversión es un aparato mucho más amplio y complejo. La guerrilla es solamente su brazo armado. El no tener en cuenta esta realidad ha impedido que se formule una estrategia coherente de Estado en relación con el conflicto. Este se ve, por buena parte de los colombianos, como una confrontación entre dos organizaciones armadas (…) (pg. 25)
Otro analista militar, JOSE MIGUEL NARVAEZ MARTINEZ, escribe en el mismo número de la Revista de las Fuerzas Armadas, bajo el Título “Guerra Política como concepto de Guerra Integral” (ibid pg. 15 ss ) : “ El trabajo de la subversión desarmada ha logrado en este proceso colombiano de conflicto interno más resultados en contra del Estado, el verdadero centro del conflicto. (…) Es el pueblo y el contacto con él, lo que diferencia esta confrontación de otra de tipo regular. Sin declaratoria de guerra, sin ubicación perfecta de los individuos delincuentes infiltrados y enmascarados entre el común de la gente, aparece en nuestro medio como un cáncer sin diagnosticar plenamente, la amenaza de la subversión política (…) Aparece en el contexto del Estado una de las manifestaciones de la subversión no armada que buscar desarmar a los demócratas espiritualmente de manera que se reduzca su efectividad combativa. En primer lugar, con el adoctrinamiento permanente en las filas de la guerrilla con un discurso inaplicable y caduco como se demostró en otras latitudes, pero convincente e incisivo a la luz de la lucha social (…) Simultáneamente se consigue sustituir en la educación formal en escuelas y colegios públicos o privados ese ingrediente de educación patriótica y cívica que alimentaba en los jóvenes la conformación de los valores de la nacionalidad, por una cultura eminentemente de reclamación permanente de derechos (…).
El General RITO ALEJO DEL RIO, ex Comandante de la Brigada XVII del Ejército con sede en Urabá, se expresaba así sobre los organismos defensores de Derechos Humanos: “Como es conocido, la subversión cuenta con una parte armada y una parte política que reúne a toda la izquierda y está apoyada por diferentes organismos que ellos controlan, especialmente en las áreas de influencia como son las oficinas de derechos humanos, las cuales tienen a su vez respaldo en organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales” (Informe dirigido al Director Regional de Fiscalías de Medellín, agosto 1997)
La generalización de esta doctrina en los diversos estamentos de la fuerza pública y organismos de seguridad del Estado es perceptible al leer sus documentos internos. Por ejemplo, el documento emanado del Ministerio de Defensa Nacional, Departamento D-2 E.M.C., de junio de 1996, en el que se analiza la situación de la Frontera Colombo – Panameña, confunde los grupos legales de oposición política con “la subversión armada”, así: “La subversión sufrió un revés político en las elecciones de oct-94, toda vez que de las siete alcaldías que tenía bajo su control el PCC/UP, solo retuvo las de Mutatá y Murindó, localidades periféricas respecto del área bananera donde se concentran los procesos socio-económicos actuales”. (Situación Frontera Colombo-Panameña, 05-Jun-96, Ministerio de Defensa Nacional, Comando General Fuerzas Militares, Departamento D-2 E.M.C., pg.2, No. 1.3).
b) Elementos de estrategia operativa contrainsurgente:
Estos elementos se extraen de los manuales de contrainsurgencia utilizados por el Ejército colombiano. Para facilitar la citación se enumeran como sigue:
Documento 1 (“Doc-1”) : “Operaciones Contra Las Fuerzas Irregulares”, editado por el Ejército Nacional en septiembre de 1962, como traducción del manual FM-31-15 del Ejército Americano.
Documento 2 (“Doc-2”) : “La Guerra Moderna”, texto elaborado por el francés Roger Trinquier, en el cual sistematiza la experiencia contrainsurgente en las guerras de Argelia y de Vietnam, traducido y editado por el Ejército colombiano en 1963 (Biblioteca del Ejército, volumen No. 12). Muchas de sus directrices se retoman en los manuales posteriores.
Documento 3 (“Doc-3”) : “Reglamento de Combate de Contraguerrillas” (EJC J-10) aprobado por la Disposición No. 005 del 9 de abril de 1969 del Comandante General de las Fuerzas Militares.
Documento 4: (“Doc-4”): “Instrucciones Generales para Operaciones de Contraguerrillas”, impreso en la Ayudantía General del Comando del Ejército en 1979.
Documento 5 (“Doc-5”) : “Combate contra Bandoleros o Guerrilleros”, (EJC-3-101), aprobado por la Disposición No. 00014 del 25 de junio de 1982 del Comandante del Ejército.
Documento 6 (“Doc-6”) : “Reglamento de Combate de Contraguerrillas” (EJC-3-10), aprobado por la Disposición No. 036 del 12 de noviembre de 1987, del Comandante General de las Fuerzas Militares.
En este conjunto de manuales se trazan y articulan las líneas directrices de la estrategia contrainsurgente del Estado colombiano desde los años 60 hasta ahora. Solo extraeremos aquí referencias a ciertos conjuntos de directrices que cobran interés por el hecho de dar acceso a una marco de acción sistemática o proyección estratégico-táctica de la acción, dentro del cual se inscriben las conductas genocidas más sistemáticas que se observan en Colombia . Entre esos elementos de la estrategia, cabe, pues, destacar los siguientes:
b 1: Lectura que se hace del “enemigo” como gestor de una alternativa ilegal de nacionalidad :
El Doc-1 llama al enemigo “fuerza irregular”, identificándolo como “manifestación externa de un movimiento de resistencia contra el gobierno local por parte de un grupo de la población” (pg.5) Además afirma que “El campo de batalla en la actualidad ya no tiene límites, puede incluir naciones enteras” (pg.34).
El Doc-2 afirma que “El límite entre amigos y enemigos está en el seno mismo de la nación (…) se trata a menudo de una frontera ideológica inmaterial”(pg.32).
El Doc-4 afirma que la guerra revolucionaria en Colombia “pretende destruir el sistema que se ha dado nuestra nación” (pg. 194) y explica su surgimiento por “las desatenciones de los organismos oficiales para solucionar los diferentes problemas y necesidades de la población (que) se convierten en un ingrediente de inconformidad que es aprovechada por los grupos subversivos” (pg. 159). De allí que en un sitio defina las operaciones de contrainsurgencia como “acciones militares, políticas, sociales, económicas y sicológicas tomadas por un gobierno local para modificar y eliminar las causas de la insurgencia” (pg. 185).
El Doc-6 ubica el “conflicto subversivo en Colombia” como “consecuencia de conflictos políticos y socio-económicos (que) ha provocado el choque entre las fuerzas del orden y grupos subversivos organizados, dirigidos por elementos colombianos, con apoyo de países y movimientos extranjeros, en amplias zonas del territorio nacional, con el objetivo único de tomar el poder y con participación activa de grupos campesinos, obreros y estudiantes” (pg. 10) Por eso plantea que la acción preventiva “debe ser integral, abarcando toda la gama de causas que produzcan el levantamiento; debe buscar el apoyo popular y conducirse dentro del más marcado nacionalismo” (pg. 29)
b.2 : La población civil como blanco fundamental de la estrategia contrainsurgente:
La tesis reiterada en todos los documentos, a partir de los que fueron redactados en Estados Unidos y en Francia, según la cual, “el crecimiento y continuación de una fuerza irregular depende del apoyo suministrado por la población civil” (Doc-1, pg. 5), o de que la guerra moderna consiste en enfrentarse “a una organización establecida en el mismo seno de la población” (Doc-2, pg. 64), o de que “en la población civil se fundamenta la existencia de los grupos subversivos” (Doc-4, pg. 32, 59 y 159, y cfr. también Doc-6, pg. 35) es lo que hace que la estrategia contrainsurgente contemple como blanco principal a la población civil.
En efecto, en la transcripción que hace el Doc-4 de las “Disposiciones del Comando del Ejército sobre Entrenamiento y Operaciones”, al compendiar los “aspectos teóricos y de formación moral que deben conocer los soldados (…) como mínimo”, se incluye : “el significado de la población civil como uno de los principales objetivos en la guerra irregular” (pg. 79-80).
El Doc-2 afirmaba ya que “El habitante, dentro de este campo de batalla, se encuentra en el centro del conflicto (…) es el elemento más estable. Quiéranlo o no, los dos campos están obligados a hacerlo partícipe en el combate; en cierta forma se ha convertido en un combatiente” (pg. 34), afirmando más adelante que “Es entre los habitantes que se desarrollarán las operaciones de guerra; las actividades de la población se verán limitadas en todos los campos de acción” (pg. 51). Al soldado, según el Doc-4, “se le debe hacer comprender que, en guerra irregular, el enemigo está en todas partes y a toda hora” (pg. 29).
De allí se pasa fácilmente a caracterizar a la población civil indiscriminadamente como uno de los actores, o el actor principal de la insurgencia. El Doc-6, bajo el acápite de “Composición de las fuerzas insurgentes”, afirma: “Dos grandes grupos se pueden distinguir dentro de las fuerzas insurgentes: población civil insurgente y grupo armado” (pg. 19) y así mismo, al enumerar las “fuerzas contrainsurgentes” habla también de “dos grandes grupos: el gobierno y la población civil que lo apoya, por un lado, y las fuerzas militares de la nación por el otro” (pg. 27). No es extraño, entonces, que las diversas formas de protesta social de la sociedad civil queden etiquetadas como acciones de guerra, como lo hace el Doc-4, al encuadrar bajo el acápite de “Cómo se presenta la guerra revolucionaria en el país ?”, los “paros y huelgas” y la “motivación y organización de grupos humanos por la lucha revolucionaria, estudiantado, obrerismo, empleados de servicios públicos etc.” (pg. 195). Igualmente, el Doc-6, al describir la “Organización de un Movimiento Guerrillero”, pone en primer lugar: “Desde el punto de vista militar (…) 1) Población civil simpatizante”, de la que en seguida afirma: ““normalmente se organiza como movimiento sindical” (pg. 115)
El Doc-6 afirma tajantemente que “la población civil, por tanto, es uno de los objetivos fundamentales de las unidades del Ejército”. Sobre ella traza estrategias de control y sometimiento: “la conquista de la mente del hombre, el control de sus actividades, el mejoramiento de su nivel de vida y su organización para defenderse contra amenazas, son respectivamente los objetivos de las operaciones sicológicas, de control, de acción cívica y de organización que se desarrollan a través de todas las fases de contraguerrilla” (pg. 147).
b.3 : Métodos de control y acción sobre la población civil:
Convertida en blanco fundamental de la acción contrainsurgente del Estado, la población civil es objeto de numerosas estrategias y tácticas de control y hostigamiento, a la luz de todos estos documentos operativos. Esto no puede hacerse sin negar de facto todos sus derechos constitucionales y universales, individuales y colectivos. Es tratada como un supuesto sujeto de responsabilidad colectiva por principio, mientras no demuestra su inocencia; “culpable” de que su situación de pobreza haya inspirado a otros estrategias violentas en búsqueda de transformaciones estructurales. Es tratada como detentadora, mientras no demuestra contundentemente lo contrario, de un “virus mental” del que hay que despojarla a toda costa, sin importar los medios, por brutales que sean:
El Doc-1 habla de la “reeducación de elementos disidentes de la población” (pg. 6). El Doc-2 recomienda el método de las “operaciones policivas” que describe así: “Para extirpar la organización terrorista del seno de la población, ésta será duramente atropellada, reunida, interrogada y requisada. Tanto en el día como en la noche, soldados armados harán repentinas incursiones en las casas de habitantes pacíficos para proceder a efectuar arrestos necesarios; se podrán producir hasta combates que tendrán que sufrir todos los ciudadanos (…) Pero bajo ningún pretexto, un gobierno puede en este aspecto dejar que surja una polémica contra las fuerzas del orden que solo favorecerá a nuestro adversario (…) La operación policiva será por tanto una verdadera operación de guerra” (pg. 50).
El control exhaustivo de toda la vida, actividades, simpatías, vulnerabilidades, propiedades y movimientos del poblador civil, llena largos capítulos de todos estos manuales. “Todos los civiles deben ser identificados. Los censos de población, viviendas y semovientes son los vehículos adecuados”, dice el Doc-4 (pg.47). Las autoridades civiles son utilizadas como fuente de información “sobre la idiosincrasia de los pobladores, su organización social y política, sus necesidades, sus inquietudes, sus jefes naturales y demás personas destacadas” (Doc-4, pg. 160). Son recomendadas las “operaciones de registro con evacuación transitoria de la población civil (…) para revisar todo” (Doc-6, pg.190), así como “registros con permanencia de la población” (ibid. Pg. 191); también “aislamientos por la fuerza”, en cuyo caso “la unidad militar empeñada (…) evacua hacia áreas exteriores de la zona a la totalidad de la población civil que en ella vive o la concentra en aldeas por el tiempo necesario para conducir las operaciones de destrucción” (Doc-6, pg. 197). Este mismo manual enumera numerosos mecanismos de “Control Militar de Areas”,“relocalizaciones,…concentraciones …medidas restrictivas… patrullajes… retenes… redes de control… control por salvoconductos…vigilancia de personas… requisas… revisión de documentos…(Doc-6, pg. 181-207).
Desnudar el alma de los pobladores para escudriñar sus maneras de pensar, sus tendencias ideológicas, sus simpatías políticas, sus vulnerabilidades psíquicas, sus hábitos individuales y colectivos, es el objetivo de los extensos capítulos sobre “Inteligencia”, que no se detiene ante ningún procedimiento anti-ético: “Uno o varios soldados de cada unidad lleven vestidos de civil, con el objeto de poder entrar a las casas como trabajadores, visitantes” (Doc-4, pg.113) “Cuando se quiere probar la lealtad y colaboración de un poblador de la región, se envían agentes clandestinos de civil que cumplan y simulen misiones de los bandoleros (…) para luego hacer el patrullaje de rigor y preguntar sobre lo visto y oído” (Doc-4, pg. 113). Para visitar a los campesinos hay que “tener una historia ficticia preparada” (Doc-4, pg. 121) y “demostrar cortesía y generosidad con la población civil pero desconfiar de su amistad” (Doc-4, pg. 120). “Emplear patrullas uniformadas transitoriamente como guerrilleros para descubrir simpatizantes, auxiliadores, y provocar un choque con el enemigo” (Doc-6 pg.248). “El buen trato (a la población civil) es requisito para explotarla” (Doc-6, pg. 345).
A la población civil se la clasifica: “como auxiliadores de los bandoleros o leales a las tropas propias” (Doc-4 pg. 29). La neutralidad es sospechosa o negativa: La “selección del personal de la región y clasificación por grupos” comprende: “lista negra (…) lista gris (…) y población no empeñada en la lista blanca” (Doc-4, pg. 188).
Si los extensos capítulos que traen todos estos manuales sobre la “inteligencia” son indignantes, los capítulos sobre la “Guerra Sicológica” desbordan todas las medidas de lo inhumano. El objetivo de dicha “Guerra” es: “Influir en las opiniones, emociones, actitudes y comportamientos de grupos hostiles, de tal manera que apoyen la realización de los objetivos nacionales” (Doc-4, pg. 174), y se debe “tener en cuenta que toda operación sicológica busca: (…) crear unidad nacional” (Doc-4, pg. 176). La población debe ser sometida a análisis rigurosos para descubrir “sus actitudes, el origen de las mismas, los factores externos que las gobiernan, las vulnerabilidades y susceptibilidades que puedan ser explotadas sicológicamente y las necesidades humanas que originan problemas políticos, sociales y económicos” (Doc-4, pg. 177 y cfr. también Doc-6, pgs. 307, 309, 330). Todos esos estudios ayudan a diseñar la “propaganda”, que puede ser: “blanca (…) identificada por su verdadera fuente y por tanto reconocida como oficial (…); gris: su origen no es identificado y se deja a la imaginación de la audiencia (…) puede utilizar temas sensacionalistas (…) puede ser usada para introducir nuevos temas en base a vulnerabilidad supuesta (…) y negra: pretende emanar de una fuente diferente a la verdadera (…) se difunde cerca del enemigo y del territorio ocupado por él (…) requiere destreza, excelente información y capacidad para trabajar anónimamente (…) Los proyectos de propaganda gris y negra (…) deben enviarlos al Comando del Ejército para su revisión y aprobación” (Doc-4, pg. 178-179 y Doc-6, pg. 295-297).
Una táctica de la “Guerra Sicológica” será: “Boleteo al personal de lista gris y negra que no quiere colaborar con la tropa, para obligarlos a que se descubran; atemorizarlos haciéndoles creer que están comprometidos y que deben abandonar la región” (Doc-4, pg. 188). Esta táctica se ha convertido en la más cotidiana en las áreas de acción conjunta militar/paramilitar. El Doc-6 insiste en que “la vulnerabilidad sicológica es aquel punto débil, tirante o de tensión, que se descubre en el carácter, posición o situación del blanco auditorio, (siendo) su identificación indispensable para poder explotarlo en provecho de la Unidad Contraguerrillas” (Doc-6, pg. 307). Más adelante señala como vulnerabilidades comunes en la población civil: “abusos de la guerrilla, contribuciones forzosas, violencia carnal, robos, pérdida de cosechas y otras” (Doc-6, pg. 307).
Parte de la “acción sicológica sobre la población” es la llamada “Acción Cívico Militar” a la cual los manuales le dedican también muchas páginas, y consiste en el control, por parte del Ejército, de proyectos tendientes a aliviar carencias o necesidades básicas de la población. Incluso la explotación de las necesidades elementales es funcionalizada a los objetivos contrainsurgentes trazados sobre la población civil: “La Acción Cívica es el mejor medio que tiene el Ejército para lograr en la lucha contra las guerrillas el necesario apoyo de la población” (Doc-4, pg. 167)
b.4. : Involucramiento de la población civil en la lucha armada- Paramilitarismo:
La táctica de utilizar a la población civil en las actividades armadas estuvo recomendada desde los primeros manuales (originados en USA y Francia, en 1962-63) asumidos como guías para la acción. El Decreto 3398 de 1965, convertido en Ley 48 de 1968 autorizaba a los comandantes militares a entregar armas de uso privativo de las fuerzas militares a civiles (art. 33 parágr. 3) y al gobierno a convocar a la población civil para acciones armadas (art. 25). Tales artículos fueros declarados inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia el 25 de mayo de 1989 (luego de 24 años de vigencia). Todos los manuales de origen nacional (redactados entre 1969 y 1987) traen disposiciones para conformar grupos de civiles armados denominados “autodefensas”, nacionalmente conocidos como “paramilitares”. A partir de 1989, cuando se convierten en “ilegales”, según el testimonio rendido por el oficial del Ejército Luis Antonio Meneses Báez ante la Dijin (servicio de inteligencia de la Policía), los contactos entre las “autodefensas” y el Estado Mayor del Ejército ya no continúan directos sino a través de intermediarios (cfr. pg. 24 de su testimonio). Desde mediados de los años 80 los grupos de “autodefensas” o paramilitares se han ido adjudicando el más elevado record de crímenes de lesa humanidad, como masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, destrucción de medios de sobrevivencia y desplazamientos forzados, record que ha crecido constantemente.
Ya el Doc-1 aconsejó en 1962: “Para disminuir el requerimiento de unidades militares, se ha visto que es de gran ayuda el empleo de policía civil, de unidades semi-militares y de individuos de la localidad que sean simpatizantes de la causa amiga (…) Los individuos de la localidad de ambos sexos que han tenido experiencia o entrenamiento como soldados, policía o guerrilleros, deben ser organizados dentro de la policía auxiliar y las unidades de voluntarios de cada ciudad. (…) necesitarán apoyo de las fuerzas militares (…) el apoyo es normalmente necesario en el abastecimiento de armas, municiones, alimentos, transporte y equipos de comunicaciones” (Doc-1, pg. 75-76). También el Doc-2 recomendaba: “el control de la población permitirá obligar a participar a una parte importante de los habitantes en su propia defensa. Estas tropas podrán estar así disponibles para reforzar el elemento reserva del Comandante del sector” (Doc. 2, pg. 70)
El Doc-3 ordena “organizar en forma militar a la población civil para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate” (Doc-3 Pg. 310 y Doc-6, pg. 22). Allí se sugieren dos formas de organización: “a) Como junta de autodefensas- b) como defensa civil” (Doc-3, pg. 317). “La junta de autodefensa es una organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado de la zona de combate, que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos de guerrilleros que amenacen el área y para operar en coordinación con tropas de acciones de combate” (Doc-3, pg. 317). Más adelante, el mismo manual afirma que : “Una red de juntas de autodefensa, controladas por el Mando militar, representa un instrumento poderoso para la defensa de la nación. Su organización, por lo tanto, estará bajo la dependencia militar en todo momento” (Doc-3, pg. 318) Cuando intervienen en “operaciones de control, registro y destrucción (…) se pueden dotar de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares” (Doc.3, pg. 322-23).
El Doc-4, al transcribir “Disposiciones del Comando del Ejército sobre Entrenamientos y Operaciones”, se refiere a la “Organización de grupos de autodefensa a nivel de caserío y veredas, con el fin de que los habitantes del área contribuyan en forma activa a la lucha” (Doc-4, pg. 81)
El Doc-6, al definir las instancias en que se desarrolla la “Guerra de Contrainsurgencia”, afirma: “empleando acciones de tipo político, económico, sicológico, sociológico, militar y paramilitar” (Doc-6, pg. 26-27), mencionando luego , entre la “Composición de las Fuerzas Contrainsurgentes”, “el gobierno y la población civil” (Doc-6, pg.27). Más adelante afirma que “los principales apoyos de combate en contraguerrillas son (…) las juntas de autodefensa” (Doc-6, pg. 160). En este manual también se prevé que “La Defensa Civil organizada a escala nacional debe tener una dependencia del alto mando militar” (Doc-6, pg. 324).
b.5 : Disposiciones que desconocen las normas imperativas de humanidad de las naciones civilizadas:
El Doc-2 hace explícita profesión de solidaridad con los responsables de la destrucción atómica de Hiroshima y Nagasaki: “En época en que los bombardeos a ciudades abiertas fueron admitidos para acelerar el fin de la guerra en el Pacífico, nuestros aliados no vacilaron en arrasar dos ciudades japonesas con la bomba atómica. Legalmente no se puede reprochar nada” (Doc-2, pg. 28).
El mismo documento reproduce párrafos de los más inhumanos de Clausewitz sobre La Guerra, asumidos como principios-guías para la acción: “Como el uso de la fuerza física en su integridad no excluye la cooperación de la inteligencia, aquel que no retrocede delante de ninguna efusión de sangre tomará ventaja sobre su adversario si éste no actúa en la misma forma. No se podrá introducir un principio moderador en la filosofía de la guerra sin cometer un absurdo. Estos principios básicos de la guerra clásica conservan todo su valor en la guerra moderna” (Doc-2, pg. 29)
La práctica de la tortura es legitimada allí desvergonzadamente. Hablando del prisionero, el Doc-2 establece que : “En este interrogatorio no irá a ser asistido por un abogado. Si da sin dificultad las informaciones pedidas, inmediatamente se terminará el interrogatorio; si no, especialistas deberán, por todos los medios, arrancarle el secreto. El deberá entonces (…) afrontar los sufrimientos y seguramente la muerte que pudo evitar hasta ahora” (Doc-2, pg. 29). Uno de los objetivos del interrogatorio, para lograr un perfecto chantaje, será : “hacerlos denunciar a los miembros de su organización que ellos conocen, en particular a sus jefes y subordinados. Desde ese momento no tendrá oportunidad de traicionarnos y colaborará con nosotros que somos los únicos capaces de asegurarle su protección” (Doc-2,pg. 40).
A los capturados no se les debe acusar de delitos relacionados con su organización sino hacerles cargos contra personas, pues “puede traer como resultado el martirio y servir como base para aumentar la actividad irregular” (Doc-1, pg. 53). En general recomienda: “a los bandoleros no reconocerles filiación política” (Doc-4, pg.110).
No hay recato alguno en recomendar el “uso de agentes químicos” (Doc-1, pg. 56), así como el “empleo de minas y trampas” (Doc-6, pg. 248). Insisten también en la averiguación de ““nombres y lugares donde se encuentran la familia, parientes y amigos de los miembros de la fuerza irregular (pues) esas personas son valiosas como fuentes de información y pueden utilizarse para tender trampas” (Doc-1, pg. 82).
El Doc-4 busca neutralizar los principios éticos, morales y religiosos de militares y paramilitares, estableciendo que “Eliminar los bandoleros cuando no se logra capturarlos no es pecado, y antes bien, es un servicio al país (sic)” (Doc-4, pg. 199).
Conclusiones sobre la tipificación de los hechos de genocidio:
Los hechos conocidos de genocidio comprenden matanzas individuales y colectivas, lesiones graves contra la integridad física y mental de numerosas personas, como privación de sus medios elementales de subsistencia, de sus relaciones con su medio vital natural y humano, sometimiento a vivir permanentemente bajo el terror y a continuos desgarramientos morales causados por la eliminación física de familiares, vecinos y amigos, hechos que tipifican la materialidad del genocidio, a condición de que concurra también el elemento formal y subjetivo.
Las personas que han sido víctimas de estos crímenes, lo han sido por pertenecer a conjuntos de población civil catalogados por los sujetos activos de los crímenes como grupos que no se someten al parámetro de nacionalidad que ellos defienden, por cuanto estas víctimas se ubican en áreas de influencia, física o ideológica, activa o pasiva, supuesta o real, efectiva o afectiva, fundada o infundada, de grupos insurgentes que reivindican con métodos violentos una concreción práctica alternativa de nación. Esto hace que dichas poblaciones civiles sean victimizadas en cuanto grupos nacionales, según la interpretación autorizada, ya citada, de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU.
El acceso documental que se ha tenido a la política contrainsurgente del Estado colombiano, no deja duda ninguna de que la población civil que habita en zonas de conflicto es blanco de una estrategia que atenta contra su vida, integridad, libertad y demás derechos humanos elementales, sobre la base de una explícita e ilegítima culpabilización colectiva que se hace de ella, por servir de supuesta “base social” a grupos que disputan con las armas otra estructuración de la nacionalidad. Los documentos relacionados prueban a cabalidad la existencia de esa política sistemática que impide considerar esos conjuntos de hechos como crímenes individuales, inconexos o fortuitos, sin que sea necesario echar mano de otros elementos probatorios, como confesiones que aluden a directrices secretas y a estructuras clandestinas que están en la base de varias decenas de millares de crímenes idénticos, perpetrados a lo largo y ancho del país durante las últimas décadas.
Queda claro, también, que el Genocidio constituye un crimen de derecho internacional, sujeto a jurisdicción universal.
Javier Giraldo M., S. J.
Bogotá, julio de 2000