
Fecha: 09 de agosto de 2011
Lugar: Capitolio Nacional – Salón Elíptico
Hora: 4:30 pm
La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), convocó a 150 diferentes organizaciones, entre ellas al Movice. Se recibieron aportes sobre los criterios de priorización de casos el pasado 13 de junio, los cuales deben ser definidos el 30 Read More
Por: Prensa Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo El juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de la ciudad de Bucaramanga suspendió la orden de captura que pesaba contra el Coronel Joaquín Correa López, acusado de coautor de la masacre de Barrancabermeja cometida por paramilitares en mayo de 1998. Esta decisión Read More
Por: Prensa Corporación Jurídica Libertad La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado colombiano responsable por las desapariciones forzadas de 12 campesinos, tres de ellos niños, y la ejecución extrajudicial de otro integrante de la comunidad de la Vereda la Esperanza, ocurrida en 1996. “Por más de dos décadas, un grupo Read More
En nuestra 12° visita entre el 27 y el 29 de noviembre de 2012 fuimos parte de una Comisión Internacional de Verificación sobre los daños derivados del taponamiento del río Jiguamiandó y las repercusiones de los trabajos no autorizados de la compañía Maderas del Darién-Pizano S.A. que afectan estructuralmente los territorios colectivos de Curvaradó, Jiguamiandó Read More
Con un recorrido a algunos de los barrios de la Comuna 13 de Medellín que vivenciaron las graves violaciones a los derechos humanos a partir de las operaciones militares efectuadas, entre 2002 y 2003, este 16 de octubre se instaló la Comisión Internacional de Esclarecimiento sobre graves violaciones a los Derechos Humanos en la Comuna Read More
La audiencia de juzgamiento en contra del oficial Hector Edison Castro Corredor, uno de los respensables de la Masacre de Mondoñedo, ocurrida los días 6 y 7 de septiembre de 1996, en el basurero de Mondoñedo, ubicado en la carretera que conduce del municipio de Mosquera al de Soacha, fue aplazada una vez más. Este aplazamiento ocurre meses después de la renuncia del abogado de Castro Corredor, en lo que las víctimas de este caso han llamado acciones dilatorias para la impunidad.
Por el delito de homicidio agravado cometido contra tres celadores de Bucaramanga: Marcos Quintero Niño, Marcos Quintero Rivera y Nelson Páez, la juez segunda Especializada de Bucaramanga emite sentido del fallo condenatorio contra los militares del GAULA adscrito a la V Brigada del Ejército, JAIME ANDRES ARANDA DURAN, YEICINIO OSWALDO VEGA HERNANDEZ, OVIEL GUTIERREZ ZAMBRANO, JOSE LUIS ARGUMEDO CALDERA, JUAN ANGEL MORENO CACERES, RICARDO CRUCES VELASCO, OMAR ANTONIO PEREZ GUISAO; SANTOS CASILDO JAUREGUI NOCUA, GUILLERMO ANTONIO VALENCIA HERNANDEZ; HELBERT MARTINEZ GOMEZ.
La lectura del sentido del fallo contra diez miembros de Gaula militar señalados como autores de la ejecución extrajudicial de MARCOS QUINTERO RIVERA, MARCOS QUINTERO NIÑO y NELSON PAEZ, fue aplazada para el próximo 7 de diciembre de 2011
Washington, D.C., 31 de octubre de 2011 – Altos representantes del Estado de Colombia han realizado en los últimos días declaraciones sobre un presunto fraude por parte de una de las personas identificadas como víctima en la Masacre de Mapiripán, expresando preocupación por la credibilidad del sistema interamericano de derechos humanos. Frente a esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se dirige a la opinión pública para expresar lo siguiente.
La Defensoría del Pueblo presentó este 14 de octubre una denuncia penal ante Vivian Morales, Fiscal General de la Nación, en contra del Brigadier General Gustavo Ricaurte, director del Inpec, por presuntos actos de tortura. Por solicitud del detenido Rubén Darío Villa, durante su reclusión en la Colonia Penitenciaria de Acacías- Meta, la Fundación Comité Read More
Front Line manifiesta su profunda preocupación ante información recibida sobre una campaña continuada de intimidación, hostigamiento y persecución contra un grupo de defensores/as de los derechos humanos, orquestada por actores estatales y no estatales, la cual no estaría siendo adecuadamente investigada por las autoridades colombianas. A pesar de la intensificación de la campaña de presión de grupos paramilitares en los últimos meses, las autoridades no han logrado llevar ante la justicia a los responsables de tales actos. Recientemente, Front Line ha recibido información sobre planes de asesinato y amenazas de muerte contra defensores de los derechos humanos de la región de Valle del Cauca, Colombia.
Fecha: 09 de agosto de 2011
Lugar: Capitolio Nacional – Salón Elíptico
Hora: 4:30 pm
Porque la impunidad no puede seguir siendo la reina, exigimos que el criminal José Miguel Narváez sea recluido en cárcel de máxima seguridad.
Este siniestro personaje ha sido ideólogo e instigador de la campaña de exterminio contra la oposición política y los sectores sociales en resistencia en Colombia. Fue ideólogo de los paramilitares en donde además ejerció como “profesor” en cursos de adoctrinamiento a los jefes paramilitares titulados “por qué es lícito matar comunistas en Colombia”. Igualmente, desde su papel como funcionario directivo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), ha sido señalado como instigador de asesinatos selectivos, y actualmente es procesado por las interceptaciones, seguimientos y otros delitos contra miembros de la oposición política, activistas de derechos humanos y periodistas independientes.
Saravena, 2 de agosto de 2011.
El Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, profirió el pasado 21 de julio, fallo de primera instancia, dentro del radicado 2009-058, a través del cual declara a la Nación-Fiscalía General de la Nación, administrativamente responsables por los daños extra patrimoniales y materiales causados al señor HELIPE JOSÉ PALACIOS PALACIOS y su hija ARELYS PALACIOS SANTOS, por la privación injusta de la libertad del primero de los nombrados, ordenada por la Fiscalía General de la Nación, como consecuencia de dicha declaración la condena a pagar por los perjuicios materiales y morales sufridos por los demandantes.