Intereses privados, megaproyectos y criminalidad estatal, detrás de la grave e histórica crisis humanitaria en el Magdalena Medio

En Audiencia Pública por la Defensa de la Tierra y el Territorio en el Magdalena Medio, realizada hoy en Barrancabermeja, se hizo evidente la urgencia de que el Estado colombiano se comprometa con un real desmonte de estructuras paramilitares y la criminalidad de Estado en general, así como con la depuración de las distintas instancias gubernamentales.

Durante la jornada se hizo entrega del Informe de Contexto sobre las Violaciones a los DDHH y las infracciones al DIH en el Magdalena Medio, que señala que, hasta el mes de octubre del presente año, según el Observatorio de Paz Integral, 107 personas fueron asesinadas en esa región. El 50% de estos crímenes ocurrieron en Barrancabermeja y le siguen municipios como Aguachica, San Pablo, Puerto Berrío y Tioquisio, un municipio muy pequeño, donde tan solo en el mes de octubre 4 personas fueron asesinadas.

Ana Rueda, del espacio de Trabajadores y Trabajadoras por la Paz, quien presentó el informe, hizo especial énfasis en las violencias contra las mujeres e instó a las autoridades a tomar acciones y dejar de estar justificando estas muertes. 

“El pasado primero de diciembre asesinaron a una mujer con cuatro meses de embarazo y el pasado 4 de noviembre en el centro de Ecopetrol fue encontrada la señora Ana Helena en un estado de degradación total en su cuerpo. En el mes de abril fueron asesinadas una madre e hija en la Comuna 5 de Barrancabermeja. Es importante que las autoridades tomen atención ante lo que está ocurriendo con los feminicidios y no salgan a justificar todas las muertes en la ciudad. No puede existir un muerto más en Barrancabermeja”, señaló. 

Durante la Audiencia, que contó con la masiva asistencia de pobladores de los distintos municipios del Magdalena Medio, se denunció que los principales victimarios en esa región siguen siendo los grupos paramilitares, cuyas acciones criminales buscan defender intereses privados y siguen estando vinculados a crímenes de narcotráfico, extorsión, despojo, tortura, asesinato y desaparición forzada.

Se enfatizó también en que  algunas de las más importantes obras de infraestructura que actualmente se están construyendo en el país tienen su epicentro en el Magdalena Medio, donde se invertirían 36 billones de pesos para cumplir con los compromisos internacionales que en materia económica ha hecho el Estado colombiano y buscado con acuerdos de mercado. Proyectos que lejos de beneficiar a la población, están despojando a miles de campesinos de sus tierras, los obliga a vivir en indignas condiciones y los hace víctimas de estructuras criminales que defienden estos intereses.   

La Audiencia fue convocada por distintas organizaciones de derechos humanos, de víctimas y movimientos campesinos, así como el representante a la cámara Alirio Uribe y los senadores Iván Cepeda, Alexander López y Alberto Castilla.

La Audiencia se realizó en la biblioteca Alejandro Galvis Galvis de la ciudad de Barrancabermeja desde las 8:30 a.m. y tuvo como objetivo denunciar las distintas problemáticas y violaciones de derechos humanos que afectan a la sociedad civil en temas correspondientes a tierra y territorios. Así como interpelar a distintas entidades oficiales para que tomen  medidas frente a estos hechos.

Los temas tratados fueron: Industria minero energética, a cargo de FEDEAGROBISBOL, SEMBRAR y la USO; Territorio y despojo, a cargo de la Comisión del Sur de Bolívar y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos- FCSPP; Agua y represas, a cargo de Sembrar, San Silvestre, Ríos Vivos y Sinaltrainal; Militarización y paramilitarismo, a cargo de  Asociación Nacional de Ayudas Solidarias- ANDAS, Asociación Nacional de Familiares de Detenidos Desaparecidos-Asfaddes- y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado- MOVICE.

 

Barrancabermeja