Derechos Humanos

SIN OLVIDO. Siete años del asesinato del defensor de DD.HH. y miembro del Movice-Sucre Rogelio Antonio Martínez

Para el MOVICE, Rogelio ha estado presente todos estos años, caminado con nosotros y nosotras en la lucha por la defensa del territorio, por la memoria y contra la impunidad, con la que día a día nos hemos de enfrentar las víctimas de crímenes de Estado en un país que se jacta de ser uno de los más democráticos de América.

El pasado martes 9 de febrero, desde las diez y treinta de la mañana y hasta las cinco de la tarde, el Padre Marcial Gamboa Valencia en Tumaco recibió cuatro llamadas amenazantes del celular 3127955103, y recibió mensajes de texto del mismo celular del comandante Alfredo García Rojas de las AUC.

El paramilitar afirmó: “soy el primero al mando, necesito que mande plata para comprar una radio teléfonos cada una vale $2.000.000.oo, la plata la debe consignar a la joven Mayerly Tovar Fierro, CC 1110579111 en Pasto a la oficina de Servientrega Efecty, ella compra y los trae Tumaco donde funciona la AUC, si usted no cumple y no aporta a la causa mando una camioneta Ford que lo recoja, con 4 hombres y acá lo repicamos y lo metemos en una bolsa para tirarlo al mar, o si lo entregamos tienen que pagar $20.000.000.00 para entregarlo, ok, ok”.

Los mensajes de texto: “Patrón no le escucho yameme o mire que puede aser para darle las coordenada q tenemos q aser a.t.t. Alfredo.d.las..a.u.c.” (...) “patrón que pasa pues si no quiere cumplir setiene q ir d la sona d Tumaco ya tiene que sacar a su familia para n te nersela q matar a.t,t-alfreo garcia.d.las..a.u.v.

Amnistía Internacional reitera su apoyo al trabajo que la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realiza para mejorar el respeto de los derechos humanos.

Su labor, especialmente la relativa a la vigilancia de los derechos humanos, va a ser todavía más fundamental dados los inciertos desafíos que para los derechos humanos supondrá un acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

La Misión de la OEA de Apoyo al Proceso de Paz de Colombia (MAPP/OEA) expresó hoy su preocupación por la desaparición del líder comunitario Henry Pérez en zona rural del municipio de Tibú en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Pérez, un reconocido líder de la conflictiva región del Catatumbo, desapareció el pasado martes, y ayer el Sistema de Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo activó en Cúcuta, la capital regional, el "mecanismo de búsqueda urgente", señaló el organismo en un comunicado.

El Catatumbo es una región selvática que por su posición geográfica es disputada desde hace décadas por grupos guerrilleros, paramilitares y de narcotraficantes.

Según la MAPP/OEA, Pérez es un "emprendedor de proyectos productivos y ganaderos, certificado conciliador en equidad por el Ministerio de Justicia".

También es desde sus inicios un impulsor del proceso de Reparación Colectiva de la Gabarra, un caserío de la zona de Tibú, "con el que la MAPP/OEA ha venido trabajando conjuntamente desde hace varios años", añadió la información.

La Red de Derechos Humanos de la Mesa regional de organizaciones sociales del Putumayo, baja bota caucana y Cofanías Jardines de Sucumbíos de Ipiales Nariño, denuncia nuevas infracciones al Derechos Internacional humanitario y a los derechos de los campesinos de la región.
 

Un primer comunicado hace una denuncia sobre una agresión a las comunidades campesinas de la región: "el 26 de enero siendo las 09:30 de la mañana, pobladores de la Comunidad Nuevo Palmar del Picudito, Municipio de Pto Caicedo, nos informan que se está aplicando acciones por parte de la Fuerza Pública, (Ejército Nacional) quemando los Sitios artesanales de trabajo con la mata de Coca, esta acción se ha desarrollado desde hace ya más de dos meses en las veredas aledañas y hoy afectando alrededor de 4 familias, continúan las acciones desmedidas de la Fuerza Pública." Cabe resaltar que el abandono estatal es evidente en esta región y las familias no han tenido una alternativa para sustituir los cultivos ilicitos, y que además para muchas comunidades la coca es una planta sagrada con diversos usos.

Durante la audiencia de casación ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 25 de enero, la corte admitió el recurso que fue sustentado por el abogado del profesor Miguel Ángel Beltrán. La corte tiene un plazo de 60 días para dar respuesta.
En la diligencia fue evidente la ausencia de Miguel Ángel, quien a pesar de ser notificado por la corte para que estuviera presente en la audiencia, el INPEC negó su traslado; además esta institución mantiene al profesor en aislamiento total, lleva seis meses sin ver la luz del sol, las visitas conyugales no se dan con dignidad y se le tiene prohibido el ingreso de libros y revistas.

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos informa a  todas las organizaciones de DDHH, movimientos sociales, sindicatos, movimientos estudiantiles y movimientos campesinos,  que el Movimiento Nacional Carcelario, el próximo 23 de Febrero de 2016,  realizará un plantón por el cierre de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, la Tramacúa, a las 10:00 a.m en diferentes  ciudades del país.

Este plantón tiene como objetivo pedir a l Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, el cierre inmediato de la Tramacúa y con ello el cumplimiento a la sentencia T282 del 2014,  proferida por la Corte Constitucional Colombiana.  Las ciudades en donde se llevará a cabo este plantón son: Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Ibagué y Valledupar, frente a los palacios de justicia de cada una.

En la ciudad de Valledupar, se contará con la presencia de los familiares de estos detenidos. Durante este plantón se desarrollarán diferentes actividades artísticas que buscan evidenciar que los tratos crueles, inhumanos y degradantes,  están presentes no solo en la cárcel de Valledupar, sino en todas las cárceles del país.

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