Derechos Humanos

Víctimas de crímenes de Estado insisten ante Corte Constitucional en su participación en debates Acuerdo de Paz

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, presentaron el pasado 26 de abril de 2017 una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional sobre la Ley 1830 de 2017 que regula las vocerías en el Congreso de la República para el debate de las normas que se tramiten por vía rápida o Fast Track.

Durante la audiencia de casación ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 25 de enero, la corte admitió el recurso que fue sustentado por el abogado del profesor Miguel Ángel Beltrán. La corte tiene un plazo de 60 días para dar respuesta.
En la diligencia fue evidente la ausencia de Miguel Ángel, quien a pesar de ser notificado por la corte para que estuviera presente en la audiencia, el INPEC negó su traslado; además esta institución mantiene al profesor en aislamiento total, lleva seis meses sin ver la luz del sol, las visitas conyugales no se dan con dignidad y se le tiene prohibido el ingreso de libros y revistas.

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos informa a  todas las organizaciones de DDHH, movimientos sociales, sindicatos, movimientos estudiantiles y movimientos campesinos,  que el Movimiento Nacional Carcelario, el próximo 23 de Febrero de 2016,  realizará un plantón por el cierre de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, la Tramacúa, a las 10:00 a.m en diferentes  ciudades del país.

Este plantón tiene como objetivo pedir a l Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, el cierre inmediato de la Tramacúa y con ello el cumplimiento a la sentencia T282 del 2014,  proferida por la Corte Constitucional Colombiana.  Las ciudades en donde se llevará a cabo este plantón son: Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Ibagué y Valledupar, frente a los palacios de justicia de cada una.

En la ciudad de Valledupar, se contará con la presencia de los familiares de estos detenidos. Durante este plantón se desarrollarán diferentes actividades artísticas que buscan evidenciar que los tratos crueles, inhumanos y degradantes,  están presentes no solo en la cárcel de Valledupar, sino en todas las cárceles del país.

Si bien el Estado colombiano ha realizado en los dos últimos años diferentes actos simbólicos como medidas de satisfacción en homenaje a las víctimas de la masacre de La Rochela y sus familiares, 27 años después de la masacre y 9 años después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó al Estado por estos hechos, no hay avances significativos en materia de justicia, mientras que en materia de reparación integral medidas como becas estudiantiles, oportunidades laborales y atención en salud para las familias de las víctimas no se han cumplido.

Así se consigna en el informe presentado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, , y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, representantes de las víctimas ante la Corte Interamericana este 15 de enero de 2016. El informe hace parte del seguimiento al cumplimiento del Estado colombiano de la sentencia proferida el 11 de mayo de 2007.

Nota del Movimiento de Afectados por Represas, MAB, en el caso de la desaparición de Nilce Magalhães Souza, el liderazgo del MAB en Rondonia. ¡Sin justicia, no hay caso cerrado!

Hasta este momento, las investigaciones que vienen a cabo la policía civil no son tan claras, por el contrario presentan numerosas lagunas jurídicas en las indagaciones; situación que se agrava debido a declaraciones erróneas ampliamente difundidas en medios de comunicación, lo que acaba por debilitar a la familia. Esperamos que los hechos de esta desaparición sean debidamente esclarecidos, que se determinen los responsables, así como el paradero de Nilce lo más pronto posible respetando la forma jurídica adecuada.

Nilce de Souza Magalhães, más conocido como ’Nicinha’, madre de tres hijos, abuela de siete nietos, pescadora y militante del MAB, Movimiento de Afectados por Represas, en Rondonia, ha luchado en defensa de la vida, el río y el bosque, ella era una mujer rivereña del río Madeira, en donde luchó para jamás salir.

El proceso de paz en Colombia será un gran fracaso si casos como el de Carlos Alberto Pedraza Salcedo, no obtienen verdad, justicia y garantías de no repetición.
Compartimos a la comunidad pública nacional e internacional la carta radicada hoy por el Congreso de los Pueblos ante diferentes instancias ante la preocupación por parte del movimiento, familiares y amigos de Carlos Pedraza Salcedo por que a más de un año de asesinado no hay avances en la investigación, manteniendo el caso en la total impunidad.
 
ACCIÓN URGENTE: IMPUNIDAD EN EL CASO DE DESAPARACIÓN FORZADA Y HOMICIDIO DE CARLOS ALBERTO PEDRAZA SALCEDO
Presidente de la República
Dr. Juan Manuel Santos

Fiscal General de la Nación
Dr. Eduardo Montealegre

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Dr. Todd Howland

Vicepresidente de la República
Dr. Germán Vargas Lleras

Defensor del Pueblo
Señor Jorge Armando Otálora  

Procurador General de la Nación
Señor Alejandro Ordoñez

Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.  
Dra. Alma Bibiana Pérez  

La Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, como organización campesina que propende por defender la tierra, el territorio y los derechos humanos rechaza rotundamente el asesinato de la dirigente social y compañera Nelly Amaya Pérez, quien fue asesinada con múltiples impactos de arma de fuego el día de ayer 16 de enero de 2016 a las 7:00 pm cuando se encontraba atendiendo el establecimiento de comercio de su propiedad.

La compañera Nelly era actualmente la presidente de la Junta de la Acción Comunal del barrio Guamalito en el municipio de San Calixto, activista política sobreviviente de la UP, madre de tres hijos, comerciante, mujer ejemplar y luchadora social por San Calixto.

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