Derechos Humanos

[BOLETINES] Comisión de Verificación ante presencia paramilitar en el Catatumbo / 17-19 Febrero 2017

foto CCALCP

 

 

[VÍDEO] Emergencia Humanitaria en el Catatumbo - Comisión de Verificación

 

 

Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos convocaron de manera extraordinaria el 17, 18 y 19 de febrero a la Comisión de Verificación Solidaridad con el Catatumbo, ante las denuncias de campesinos e indígenas sobre la presencia de paramilitares en la región.

 

La Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó comunica y denuncia ante a la Comunidad Nacional e Internacional el asesinato de WILSON MANUEL CABRERA MENDOZA, líder de mototaxistas de la vereda “la coquera” en el municipio de El Bagre, Antioquia, así como los demás atentados que el grupo paramilitar “clan usuga” ha realizado en contra de la comunidad de El Bagre en el marco del Campamento de Refugio Humanitario que la población civil instaló el pasado 28 de junio en el corregimiento de Puerto López

ANTECEDENTES

Como ha venido denunciando AHERAMIGUA, las comunidades del municipio de El Bagre vienen siendo víctimas de violaciones a los DDHH y al DIH por parte de los diversos actores del conflicto armado presentes en la región. Desde noviembre de 2015 se han arreciado los combates entre las FARC-EP y el ELN en contra de los paramilitares Autodefensas Gaitanistas o Clan Usuga; estos últimos, por su parte, han amenazado constantemente a la comunidad señalándola de colaborar con la guerrilla, han desaparecido y asesinado a varias personas.

Entre los límites de los Departamentos del Meta y Cundinamarca, en la región del Centro Duda, durante el mes de Junio, se vienen presentando hechos que preocupan a todos los campesinos de la Región.

1- El 4 de Junio, aparecieron casas destruidas, hurtaron víveres y las pintaron con símbolos de las AUC.
2- En la vía que conduce de esta región al Sumapaz, ruta que deben transitar durante varios días a caballo, los campesinos para vender su cosechas, son fotografiados, filmados y señalados en los retenes del ejército, acusándolos de tener vínculos con la guerrilla.
3- El día 14 de Junio, forzaron las cerraduras de la casa de la Finca Buena Vista de la Vereda Centro Duda, hurtaron parte de la cosecha y algunos enseres.

Dejaron una amenaza escrita a mano con nombres de habitantes de la región.

En la zona opera la brigada 7ª del Ejército a través del batallón 52. Sus tropas no portan el uniforme adecuado, algunas veces patrullan unos de negros y otros vestidos de camuflado. También aparecen vestidos de policías, lo que impide a la población saber si son paramilitares, policía o ejército.

Después de 24 años de búsqueda incansable de la justicia de la familia del campesino Omar Zúñiga Vásquez, el Estado colombiano reconocerá públicamente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial del campesino y tortura de su madre Amira Vásquez de Zúñiga, cometidas en junio de 1992, por integrantes de la I Brigada de Infantería de Marina en el municipio de San Jacinto, departamento de Bolívar.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, representante legal de la familia de Omar Zúñiga Vásquez, y el Estado Colombiano, suscribieron un acuerdo de Solución Amistosa en este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el pasado 6 de abril.

El acuerdo suscrito contempla medidas como la entrega digna de los restos de la víctima, la revisión del fallo que declaró la prescripción del caso contra los militares involucrados, la vinculación de la familia a programas de reparación integral y la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad, se realizará el día 11 de junio en la Plaza de La Memoria, de la ciudad de Barranquilla.

Con la asistencia de más de 600 personas provenientes de distintas regiones del país, organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, se llevó a cabo el acto de reconocimineto de responsabilidad del Estado colombiano por 76 víctimas de los hechos conocidos como masacre de Trujillo.

Como parte del acuerdo de solución amistosa suscrito entre el Estado colombiano y la representación legal de las víctimas de Trujillo, el pasado sábado 23 de abril, el Estado colombiano realizó el acto público de reconocimiento de responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas de 76 personas, ocurridas en el contexto de los hechos conocidos como Masacre de Trujillo.

Las comunidades que habitamos el territorio del Bajo Putumayo, en el Municipio de Puerto Asís, en las veredas ubicadas en el corredor fronterizo que conduce de Puerto Vega a Teteyé, preocupadas con la situación que a diario viven en cada una de sus casas, ante la falta de agua potable, acueducto, alcantarillado y ante la violación de nuestros derechos fundamentales y humanos, los que gravemente son vulnerados, producto de la actividad petrolera, que en cabeza del Consorcio Colombia Energy ha priorizado incrementar su producción por encima de la preservación de la biodiversidad y de los intereses de las comunidades que luchan por la paz con justicia social y ambiental.

Este jueves, 28 de abril, se presentó el informe Balance en derechos humanos y libre comercio 2014-2015 Colombia-Canadá, elaborado por un colectivo de organizaciones sociales, líderes y lideresas de movimientos sociales y sindicales, grupos étnicos y ONGs.

En la mañana, representantes de las organizaciones y comunidades firmantes del informe, presentaron el informe a la Embajadora de Canadá, Carmen Sylvain.

La presentación del Informe se realizó en el marco del foro “Extractivismo y Libre Comercio” en el cual, además de este colectivo de organizaciones, estarán presentes representantes de comunidades afectadas por proyectos extractivos canadienses, como de Puerto Gaitán, Meta, afectado por la petrolera canadiense Pacific Rubiales Energy; de Segovia, Antioquia, afectado por las minas de oro de Gran Colombia Gold Corp; y de los municipios California y Vetas, Santander, afectados por el proyecto en exploración “Angostura” de Eco Oro Minerals, proyectado en el páramo de Santurbán.

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