Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales abajo firmantes, saludamos la Movilización Nacional de Resistencia Indígena y Popular, y nos solidarizamos con las acciones de reivindicación del movimiento indígena que hoy se encuentra congregado en los departamentos de Guajira, Córdoba, Sucre, Atlántico, Chocó, Norte de Santander, Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Tolima, Huila, Casanare, Meta y Boyacá.

Resumen: El ejercicio de garantías constitucionales como la libertad de opinión, de expresión, de movilización y de participación política no pueden ser erigidas como delito por el actual gobierno, el uso de la capucha como mecanismo para preservar la vida y la libertad no puede ser criminalizado, convocamos a los sectores sociales y populares del país y a la opinión pública internacional a cerrar filas en defensa al derecho a la oposición y al disentimiento de las políticas estatales.

  En la legislatura pasada fue aprobado por el Senado de la República,  un proyecto de ley sobre los derechos de las víctimas, que seguirá su trámite en la Cámara de Representantes. Este proyecto contempla algunos avances respecto a los derechos de las víctimas, aunque también presenta puntos críticos que es necesario poder analizar, reflexionar e incidir en su transformación